Sin licitación a la vista y con una prórroga excepcional para garantizar su continuidad. Once meses después de su vencimiento, tras consumir todas las prórrogas ordinarias posibles, el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma extraordinaria una nueva extensión del contrato, la quinta en la práctica, del contrato de la zona azul (ORA) y del servicio municipal de grúa y depósito de vehículos, adjudicado en 2013 por un periodo inicial de ocho años, con dos más de prórroga. El acuerdo, adoptado en una Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada este miércoles, da continuidad de nuevo a la concesión pese a que la última prórroga finalizó el 25 de enero de 2025 y sin que por el momento se haya impulsado la licitación del nuevo contrato.
La aprobación llega casi un año después de que concluyera la hasta ahora última prórroga, concedida como compensación a la UTE por la suspensión de la zona ORA en Carolinas. A cambio, el Consistorio amplió la vigencia del contrato hasta enero de 2025. Desde entonces, la gestión ha continuado en situación de prórroga tácita, sin cobertura contractual formal, a la espera de un nuevo proceso de adjudicación que el equipo de gobierno indicó en enero que se abriría «en el primer trimestre» de este año.
Una prórroga fuera de tiempo
El acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno este miércoles invoca el principio de continuidad del servicio público para mantener vigente el contrato y justifica la continuidad del contrato por la «necesidad imperiosa de mantener la prestación de un servicio público esencial», al no haberse completado la tramitación del nuevo expediente. En su informe, los técnicos municipales sostienen que la demora «no puede atribuirse a la falta de previsión del órgano gestor, sino a circunstancias complejas y ajenas a su voluntad» y subraya que el procedimiento «ha requerido superar múltiples incidencias propias de su tramitación».
Entre esas incidencias, el documento menciona la demora en la adscripción de la parcela del barrio de Rabasa destinada al futuro depósito de vehículos —una gestión iniciada en 2018 y resuelta siete años después, en enero de 2025—, así como las alegaciones presentadas al estudio de viabilidad y los cambios en la Concejalía de Movilidad, que ha tenido relevo político tras las elecciones de mayo de 2023, aunque siguiendo en manos del PP, y un cambio de jefatura en julio de 2024.
Pese a los años de retrasos acumulados, el informe técnico, firmado por el concejal Carlos de Juan, subraya que las actuaciones realizadas por los servicios municipales «han estado presididas por la máxima diligencia, transparencia y el estricto cumplimiento de los trámites exigidos«, añadiendo que la prórroga excepcional, acogiéndose al «interés público», tiene su origen en «factores externos e imprevisibles».
El Ayuntamiento defiende que la continuidad es «obligada» para evitar que se interrumpa la prestación de un servicio esencial, y que la situación «no puede imputarse a ninguna de las partes». Los pagos a la concesionaria se realizarán mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, una fórmula de carácter excepcional que el gobierno local ya ha aplicado en otros contratos este año.
Sin licitación a la vista
El expediente para renovar la concesión se arrastra desde febrero de 2018, cuando el Ayuntamiento inició los primeros trámites para definir el nuevo modelo de gestión de la zona azul y la grúa. Ese mismo año se pidió a la Concejalía de Patrimonio la adscripción de una parcela municipal en Rabasa para construir el nuevo depósito, pero el trámite no se resolvió hasta enero de 2025, siete años después.
Durante años, el expediente se fue atascando entre informes técnicos, cambios normativos y reorganizaciones internas. En agosto de 2022 se contrató un servicio de asesoría externa para determinar las fórmulas de contratación, aunque el informe no se entregó hasta septiembre de 2023, tras las elecciones municipales. Posteriormente, el pleno del 29 de febrero de 2024 reconoció ambos servicios como «de competencia municipal» y decidió mantener la gestión indirecta mediante concesión administrativa.
En octubre del mismo año se inició el expediente de concesión de obras y se publicó el estudio de viabilidad en el Boletín Oficial de la Provincia el 17 de octubre, con un mes de exposición pública. Las alegaciones se resolvieron en febrero de 2025, y el expediente técnico se completó en agosto con los informes de impacto tecnológico e innovación. Sin embargo, a pesar de que el 14 de agosto se remitió al Servicio de Contratación, el concurso aún no se ha convocado oficialmente.
Un contrato agotado
La actual concesión se adjudicó en septiembre de 2013 a una UTE por 27 millones de euros y un plazo de ocho años, con dos prórrogas previstas que ya se agotaron. A ellas se sumaron dos extensiones extraordinarias: una por la pandemia (que permitió compensar el desequilibrio económico de la concesión), otra por la paralización de la zona azul en el barrio de Carolinas, que costó al Ayuntamiento 100.000 euros, que amplió el contrato hasta el 25 de enero de 2025.
A partir de esa fecha, el servicio debía haberse renovado mediante un nuevo contrato, pero el Ayuntamiento ha optado por una nueva prórroga, de carácter excepcional por rezones de «interés público», que ahora se aprueba once meses después de lo prometido, al tener efectos desde el 25 de enero de 2025. En paralelo, la Junta de Gobierno Local aprobó en junio de 2025 la novena revisión de precios a favor de la concesionaria: 2,85 millones de euros anuales para el servicio de retirada e inmovilización de vehículos, y 1,26 millones para la zona azul, más incentivos que superan los 700.000 euros.
Críticas del PSOE
Desde la oposición, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, denunció este jueves la falta de planificación del equipo de gobierno. «El gobierno mantiene un contrato caducado y esta convirtiendo la excepción en la norma. Más de dos años sin que se licite la obra y la concesión es claramente un ejemplo de dejadez en la gestión. El Ayuntamiento está perpetuando una situación de alegalidad bajo el pretexto de interés general» afirmó Barceló.
La portavoz socialista también recordó que no se ha fijado ninguna fecha concreta para la licitación del nuevo contrato. «El Ayuntamiento debe licitar un nuevo contrato, dejar de improvisar y no convertir una gestión temporal en una situación crónica. Se necesitan servicios eficientes, no contratos eternos ni excepciones permanentes», destacó Barceló.
El caso de la zona azul y la grúa no es aislado. Esta misma semana, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la continuidad excepcional de los servicios de auxiliares en los centros municipales de mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), todos ellos bajo el paraguas del llamado «principio de continuidad» y el argumento de evitar interrupciones.
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