Apenas concluida la I Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática celebrada en Ponferrada, las dos principales organizaciones herederas del activismo climático moderno en España, «Rebelión o Extinción» y «Rebelión Científica», acusan al Ejecutivo de organizar un evento «decorativo» y exigen pasar de las consultas simbólicas a una participación vinculante, advirtiendo que, sin ella, “el Pacto corre el riesgo de ser una foto más en mitad del desastre”.
Esta semana, la Térmica Cultural de Ponferrada acogió la I Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, un encuentro impulsado por el Gobierno de España que reunió a instituciones, empresas, sindicatos y expertos. El objetivo oficial era «compartir diagnósticos y propuestas». Sin embargo, para los movimientos «Rebelión o Extinción» (XR) y «Rebelión Científica» (RC), el resultado ha sido una profunda decepción y la constatación de una brecha insalvable entre la política institucional y las demandas ciudadanas.
Una participación «simbólica» que incumple la normativa europea
En un duro comunicado, ambas organizaciones han denunciado la «ausencia de mecanismos reales de participación ciudadana» en la toma de decisiones climáticas. Tras un año marcado por incendios forestales sin precedentes y devastadores episodios de DANA, consideran que España necesita más que «respuestas simbólicas». Para XR y RC, un pacto gestado de espaldas a la gente «no es un pacto real».
Las organizaciones alertan de que los actuales mecanismos de consulta —formularios en línea, mesas sectoriales cerradas y «talleres decorativos»— son insuficientes e incumplen los estándares del Convenio de Aarhus . Este tratado, ratificado por España en 2005, exige que la participación pública sea legítima y permita que la ciudadanía influya de manera decisiva en las deliberaciones políticas, algo que, según denuncian, no está ocurriendo.
«La ciudadanía no está representada en la toma de decisiones climáticas. Las consultas simbólicas no bastan», sentenciaron Rita Kunzler y Jade de Cock, portavoces de XR y RC. Aunque la convención incluyó mesas de trabajo, la participación se limitó a «actores de la sociedad civil organizada, la mediación de siempre». Con indignación, se preguntan: «¿Dónde está la ciudadanía no organizada, la que no forma parte de redes institucionales, pero vive y sufre las consecuencias de la crisis climática?».
La propuesta: un parlamento ciudadano climático permanente
Para superar esta brecha democrática, «Rebelión o Extinción» y «Rebelión Científica» proponen una solución radical y ya explorada en otros países europeos: la creación de un Parlamento Ciudadano Climático Permanente. Este organismo estaría compuesto por personas seleccionadas mediante un sorteo cívico representativo, asegurando una muestra real de la diversidad social.
Competencias del Parlamento Climático Permanente
- Deliberar sobre políticas climáticas evaluadas en la evidencia científica.
- Emitir propuestas ante el Parlamento y el Gobierno, exigiendo una respuesta obligatoria y motivada.
- Supervisar el cumplimiento de los compromisos climáticos a través de audiencias e informes públicos.
El Fondo Social para el Clima: la primera prueba de fuego
Las portavoces advierten que «sin participación ciudadana vinculante, el Pacto corre el riesgo de ser una foto más en mitad del desastre». Y ya han identificado la primera oportunidad para demostrar un cambio de rumbo: el Fondo Social para el Clima (FSC). Este fondo europeo destinará a España cerca de 6.800 millones de euros entre 2026 y 2032 para pilotar la transición ecológica.
Sin embargo, denuncian que el proceso participativo del Plan Social para el Clima, cuya consulta pública se abrió en febrero, ha sido «opaco y excluyente». Por ello, exigen que la ciudadanía participe en el diseño del fondo desde el principio, que el Gobierno responda públicamente a las aportaciones y que los recursos se orienten a la rehabilitación energética, el transporte sostenible y el apoyo a los hogares vulnerables.
Los movimientos climáticos plantean que : «el Fondo Social para el Clima debe ser el primer ejemplo de gestión democrática de la transición ecológica. Sin control ciudadano, no habrá justicia climática ni pacto real».
