Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche. En una nota de prensa, la Fiscalía ha comunicado que los sumará a las diligencias de investigación que, desde el pasado 18 de septiembre, ya tiene abiertas sobre la situación en Gaza.
En concreto, el Ministerio Público estudia posibles violaciones del Derecho Internacional y los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército israelí en Gaza.
Acerca de lo ocurrido con la Flotilla, la Fiscalía ya ha solicitado información sobre el pabellón con el que viajaban los barcos afectados —varios de ellos, lo hacían bajo bandera española— y las coordenadas marítimas en las que fueron interceptados.
También, sobre la nacionalidad de las personas que viajaban a bordo de dichas embarcaciones, «la naturaleza de la expedición», «su cargamento» y la asistencia consular prestada a los ciudadanos españoles, de haber existido.
El pabellón de un barco hace referencia a la bandera nacional que identifica su país de origen, determinando la jurisdicción y las leyes bajo las que se rige la embarcación.
Su uso es obligatorio y visible en la popa, y sirve para afirmar la soberanía de un estado sobre el buque, otorgándole protección jurídica y estableciendo un conjunto de obligaciones y derechos para la nave. De ahí su importancia en casos como éste.
Diligencias ya abiertas
Desde el pasado 18 de septiembre, por orden del fiscal general, Álvaro García Ortiz, un equipo conjunto de la Fiscalía investiga las actuaciones de Israel en Gaza, ante la posibilidad de que supongan «graves violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario».
De ser así, serían constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal. Ese precepto tipifica el genocidio y aparecía recogido en el decreto de la Fiscalía que ordenaba abrir estas diligencias.
Ese documento, además, mencionaba expresamente al «Estado de Palestina», así como al Estado de Israel.
El equipo está formado por la fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la exfiscal general y exministra Dolores Delgado; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal de Sala coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.
«Cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior», les encomendaba la orden del fiscal general.
Esta investigación fue propuesta por Delgado el pasado 28 de julio tras haber recibido un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del Ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional.
«En el contexto actual, se hace necesaria la cooperación entre los Estados para satisfacer las demandas de justicia y seguridad de los individuos y de la sociedad, así como para luchar contra la impunidad de manera efectiva», señalaba el decreto firmado por García Ortiz.
Esta iniciativa de la Fiscalía española es similar a la que se acordó sobre la invasión de Ucrania por Rusia y ya ha sido comunicada a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
