Los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán a partir de este viernes 3 octubre las investigaciones de las violaciones y las agresiones sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, cuando hasta ahora solo se hacían cargo de ellas cuando existía o había existido vínculo sentimental entre la víctima y el acusado. Esta ampliación de competencias marcada por la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor el pasado mes de abril, ha levantado las protestas de los jueces especialistas en violencia de género ante el incremento de la carga de trabajo que cifran en un 12,9%, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno ha respondido con la creación de 50 nuevas plazas de jueces y de 42 de fiscales para reforzar los órganos judiciales de violencia sobre la mujer.
El traspaso de competencias era uno de los puntos de la ley del ‘solo sí es sí’ todavía pendiente de ejecución
La asunción de las nuevas competencias de los delitos sexuales por parte de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que dejarán de ser unipersonales para pasar a ser tribunales de instancia (órgano colegiado), es una de las materias recogidas en la ley del ‘solo sí es sí’ que estaban todavía pendientes de ejecución. El cumplimiento de este traspaso de competencias desde los juzgados de instrucción a los de violencia sobre la mujer está recogido en la ley de eficiencia de la justicia, que se está desplegando durante este 2025 y con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende modernizar y dar agilidad a la Administración de justicia.
Los juzgados especializados también instruirán casos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual
La normativa otorga a los órganos judiciales de violencia sobre la mujer no solo las causas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera de la pareja, sino también la mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cuando la ofendida sea mujer. La ley incorpora otra medida de la ley del ‘solo sí es sí’, como es que las víctimas de delitos sexuales tengan derecho al asesoramiento previo y a asistencia jurídica gratuita en los procesos. Además, se reconoce este derecho a las afectadas por mutilación genital, matrimonio forzado o acoso con connotación sexual.
El CGPJ cifra la sobrecarga de trabajo en el 12,9%, pero jueces especialistas elevan la cifra al 20%
Ante la ampliación de competencias, 135 jueces y juezas especialistas en violencia sobre la mujer de toda España advirtieron del riesgo de que se produzca un “colapso total” en los órganos judiciales especializados. “El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijas”, alertaron en un comunicado. Para ellos, el aumento de la carga de trabajo no es del 12,9% como media, tal y como sostiene el CGPJ, sino del 20%, a la vez que denunciaron que la mayoría de estos órganos trabajan con una “absoluta precariedad de medios”.
La mayoría de los 50 magistrados de violencia sobre la mujer se incorporarán el 31 de diciembre
A raíz de este incremento del trabajo, el Gobierno aprobó en junio la creación de 50 nuevas plazas de jueces (ocho de ellas son resultantes de la transformación de plazas existentes en juzgados de instrucción) y 42 fiscales para reformar las secciones de violencia sobre la mujer. Pero la mayoría de estas incorporaciones se harán efectivas el 31 de diciembre próximo, cuando ya estén formados en España todos los tribunales colegiados de instancia (431) y hayan desaparecido los 3.900 juzgados unipersonales. Por lo tanto, los juzgados de violencia de género deberán soportar esas nuevas competencias durante los próximos tres meses sin que se incremente la plantilla.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha explicado a EL PERIÓDICO que «las nuevas atribuciones competenciales garantizan una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, puesto que se asegura la completa especialización de los jueces para conocer de unos delitos en los que la formación en perspectivas de género es esencial»
Las nuevas plazas
La asignación de las nuevas plazas por comunidad autónoma contempla que Andalucía recibirá 10 plazas, seguida de Madrid con seis y la Comunidad Valenciana con cinco. Catalunya, Galicia y Canarias tendrán cuatro cada una, mientras que Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura dispondrán de tres, Murcia y Castilla y León tendrán dos y, finalmente, Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi recibirán una. Su incorporación, según Olmedo, «será paulatina, como también será el aumento de la carga de trabajo». El incremento de jueces especializados, precisa, será de un 50% y la intención es de ir ampliando la plantilla.
En la actualidad en Catalunya hay 53 juzgados de violencia contra la mujer, de los que 19 son exclusivos en esta materia y otros 34, de primera instancia e instrucción, lo compatibilizan. De juzgados penales (dictan sentencia) existen 71, de los que solo cuatro son exclusivos. Con las nuevas incorporaciones de cuatro nuevos órganos, se llegará a 23.
Con el real decreto que fija esta distribución se crean plazas judiciales en las secciones de violencia de género en Barcelona (con la nueva plaza ya serán seis) y en L’Hospitalet de Llobregat (que obtendrá la segunda). También se constituye una demarcación de esta especialidad que incluye los partidos judiciales de Lleida, Balaguer y Cervera, que tendrá una nueva plaza de magistrado. En Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès también se crea otra plaza para esta materia.
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