El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ultima la resolución en la que acordará la apertura del juicio oral contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
En esa misma resolución, el instructor se pronunciará sobre la petición de la acusación popular de que se suspenda cautelarmente a García Ortiz en sus funciones de máximo responsable de la Fiscalía y sobre la fianza que corresponda a la eventual pena de multa y la responsabilidad civil.
Por deferencia institucional, Hurtado decidió esperar a la celebración del inicio del año judicial, ceremonia que preside el Rey, antes de acordar la apertura de juicio oral contra García Ortiz.
Frente a esa resolución no cabe recurso excepto en lo relativo a la situación personal, por lo que el fiscal general está abocado al banquillo de la Sala Penal del Supremo.
El instructor de la causa abierta al responsable del Ministerio Público no asistió a la solemne apertura del curso judicial, que se celebró con normalidad y sin la exteriorización del malestar existente en amplios sectores de las cúpulas de la Magistratura y la Fiscalía. Un malestar no solo debido a la presencia de García Ortiz en ese acto, sino también a las descalificaciones del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia contra «algunos jueces» que, según Pedro Sánchez y Félix Bolaños, hacen política.
Hurtado consideró preferible no acudir a un acto en el que, a pocos metros de él, iba a estar el fiscal general cuyo despacho registró, al que citó a declarar como investigado y al que acabó imputando formalmente por revelar datos tributarios de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Superada la celebración del acto que cada septiembre preside el jefe del Estado, Hurtado retomará la causa para dictar las últimas resoluciones que le corresponden: abrir el juicio oral, dar traslado del procedimiento a la defensa y resolver, en su caso, los recursos que se interpongan contra la fianza y la probable denegación de la suspensión de funciones.
Es previsible que la apertura de la vista oral se dicte en la segunda mitad de la próxima semana o a principios de la siguiente, en función del examen de las modificaciones introducidas por las acusaciones populares y particular tras la decisión de la Sala de Apelación de exonerar a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.
García Ortiz estará, pues, solo como acusado ante un tribunal de siete magistrados que aún no está del todo conformado. A los cinco magistrados que acordaron abrir la causa el pasado 15 de octubre se unirán Andrés Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala Penal, que presidirá la vista, y un séptimo juez.
Este último podría ser Javier Hernández (si el criterio es llamar al más moderno de la Sala) o Ana Ferrer (si se decide la incorporación de la magistrada más antigua).
Fuentes de la Sala indicaron que se va a hacer lo posible para que el juicio se celebre antes de que termine el año. Álvaro García Ortiz llegará a él como fiscal general en activo, una situación insólita.
En su entorno desmienten que se trate de «aferrarse al cargo». «Quizá no se vea ahora, pero no dimitir significa que la mentira no puede tumbar al fiscal general, que la Fiscalía aguanta los ataques espurios», afirman esas fuentes.
