La causa de la dana vivirá un otoño-invierno intenso: Medio centenar de testigos, muchos de ellos claves, están pendientes de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana. A los que se sumarán otros tantos familiares de las 228 víctimas mortales que aún siguen desfilando ante la magistrada y el representante del Ministerio Público que investigan los fallecimientos y las lesiones que dejaron las barrancadas y riada del 29 de octubre (29-O).
Aún no hay un calendario previsto para las comparecencias que, debido al elevado número de letrados personados en la causa, se convocan a compareciente por día, ya que los interrogatorios se alargan durante toda la mañana. O en el caso de testigos relevantes como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó o el jefe de Climatología de la Aemet (Agencia estatal de meteorología), José Ángel Núñez Mora, incluso se extendieron a la tarde.
Está previsto que se conozca el calendario de declaraciones a partir de septiembre, tras el descanso de agosto que es inhábil a efectos de plazos judiciales. Una vuelta al «tajo» en la instrucción que se producirá ya en Catarroja, donde ya han vuelto a ubicarse los cinco juzgados del partido judicial de parte de l’Horta Sud. Incluído el de la dana, a pesar de que la junta de jueces de Catarroja pidió que la instrucción de la riada y las barrancadas se mantuviera en la Ciudad de la Justicia de València, ya que debe atender a víctimas de 21 juzgados de diez partidos judiciales y acoge a una cuarentena de abogados, entre acusaciones populares y particulares y defensas. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hizo caso omiso a la petición de la junta de jueces de Catarroja y acordó que el juzgado de la dana volviera a la sede de l’Horta Sud basándose en «un informe de la Conselleria de Justicia». Está por ver si la sala prevista para las declaraciones puede acoger a los abogados personados en la causa, que «no superan la docena» de forma presencial en las comparecencias, ya que existe la posibilidad de seguir en remoto las declaraciones de los testigos. Aunque en las jornadas de comparecientes relevantes, la asistencia es masiva. Y la sala de Catarroja donde se celebrarán las declaraciones tiene «dos estrados» con capacidad para ocho plazas. Así que el resto de letrados asistentes deberán sentarse en las sillas previstas para el público, previstas para los juicios en audiencia pública (pero que carecen de mesa). Las declaraciones en instrucción son a puerta cerrada.
Así que en los próximos meses desfilarán por los juzgados de Catarroja medio centenar de directivos y máximos responsables del área de Emergencias y el director general del Medio Natural de la de la Generalitat. También responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre ellos Miguel Polo, que no ha dado explicaciones públicas en estos diez meses transcurridos desde la dana. Además de 26 alcaldes y alcaldesas de los principales municipios afectados por la dana del 29 de octubre. Y el personal de confianza de la exconsellera de Justicia e Interior, máxima responsable de Emergencias el 29-O, Salomé Pradas.
Entre las declaraciones más esperadas están las de los altos funcionarios de emergencias, Jorge Suárez y José Miguel Basset, el subdirector general de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y el exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, respectivamente. Ambos técnicos del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del día de la dana, son los señalados por los representantes políticos que participaron en las horas críticas del fatídico 29 de octubre. Ambos están citados a declarar desde el pasado 24 de abril, en calidad de testigos, después de que la jueza rechazara varias peticiones de imputación dirigidas contra ellos.
Suárez intentó personarse en la causa el 17 de febrero, sin aclarar su condición de funcionario y miembro del Cecopi, como ayer adelantó Levante-EMV en exclusiva. El juzgado creyó que era familiar de una víctima o afectado directo y pidió que identificara a la víctima, pero la defensa del subdirector general de Emergencia no ha vuelto a pronunciarse. Entre otras cuestiones clave, Suárez ha de aclarar cómo se gestó el envío del Es Alert de las 20.11 horas, que la magistrada considera «tardío y erróneo» y quién llevó la batuta en su elaboración y decisión de envío. Los dos únicos acusados, por ahora, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, responsabilizan a ambos técnicos de las decisiones adoptadas el 29-0. Respecto a Basset, deberá aclarar quién ordenó retirar los bomberos forestales enviados a vigilar las escalas físicas ubicadas en los puentes que atraviesan el barranco del Poyo o el río Magro. Un detalle revelado de forma casual por una funcionaria que declaró como testigo en la causa. En su momento, llegó a decir que los efectivos se retiraron porque el caudal del barranco del Poyo bajó y se fueron a comer. Días después, Basset tuvo que disculparse y dijo que la retirada de los efectivos del barranco del Poyo se debió a criterios operativos. Sin aclarar quién decidió su retirada. También están pendientes de fecha para declarar el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratillas; el director de la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de emergencias), Raúl Quiles; la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís, una jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles; la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. Y también la jefa de gabinete y el jefe de prensa de Salomé Pradas.
También es muy esperada la declaración de Miguel Polo, presidente de la CHJ, miembro del Cecopi, al igual que Suárez y Basset. Polo ha estado en el punto de mira del Consell, que acusa al organismo de cuenca de un presunto «apagón informativo» por no informar de la crecida del barranco del Poyo y que la magistrada ha descartado en la instrucción, a la vista de toda la información facilitada desde la CHJ. Varias acusaciones populares y particulares han solicitado la imputación de Miguel Polo, descartada por la jueza, que en estos diez meses ha guardado un férreo silencio, por lo que su comparecencia es de las más esperadas.
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, Miguel Polo, veintiséis alcaldes afectados por la dana y técnicos de todos los organismos que gestionaron el 29-O){kind=link}