El fenómeno de la inmigración irregular en pateras y cayucos, esas miles de personas, centenares de niños entre ellas, que se juegan la vida en la mortífera ruta atlántica, ha tenido en los últimos años una sobreexposición pública alimentada por la pobre respuesta del Estado y de las restantes comunidades autónomas al drama, en ocasiones tragedia, que las Islas sufren en solitario -ni uno solo de los niños llegados sin respaldo de un familiar adulto al Archipiélago ha sido reubicado en otros puntos del país-. Una sobreexposición salpicada de los discursos antiinmigración -en el mejor de los casos- o directamente xenófobos y racistas -en el peor- de una ultraderecha emergente. Sin embargo, esto no se ha traducido en un incremento de los delitos que tienen su raíz en el racismo o la xenofobia.
El número de casos -que evidentemente los hay- de los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron constancia en 2024 se mantuvo estable respecto de las cifras de 2023. En ambos años, los actos y actitudes racistas o xenófobas desembocaron en Canarias en 35 infracciones penales -35 en 2023 y otras tantas el año pasado-. Ni rastro de un incremento. Es más, los casos se mantienen así un 22,2% por debajo de los registrados en 2022, cuando los policías y los guardias civiles contabilizaron en las Islas hasta 45 delitos de este tipo. Fue ese año, 2022, cuando las infracciones penales cometidas por racismo o xenofobia alcanzaron su particular y triste récord en el Archipiélago, pero los datos de 2023 y 2024, precisamente en el apogeo de la crisis migratoria, dejan patente que lo de 2022 fue un pico puntual, no una tendencia.
Así lo pone de manifiesto el último Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España, publicado ayer por el Ministerio del Interior y correspondiente a 2024. Las cifras y números recopilados por la Secretaría de Estado de Seguridad tanto de la Guardia Civil como de los distintos cuerpos policiales -Policía Nacional y policías locales- ponen de manifiesto que, efectivamente, Canarias no es territorio de odio. Ni muchísimo menos.
En toda España se contabilizaron 1.955 incidentes de odio en 2024, un 13,8% menos que el año anterior
Si se levanta algo la lupa del informe de Interior, para abarcar otros delitos relacionados indirectamente con las actitudes xenófobas o racistas, como pueden ser el antigitanismo, el antisemitismo, la aporofobia o la islamofobia, queda aún más claro lo lejos que está el Archipiélago de otros puntos del planeta donde el odio al diferente ha calado hasta los huesos. En Canarias se contabilizan -se contabilizaron el año pasado- 3,5 delitos de este tipo por cada 100.000 habitantes. Las Islas están así entre las seis comunidades con las tasas más bajas del país. ¿Y qué autonomía lidera tan triste ranking? Pues la Comunidad Foral de Navarra, donde en 2024 se registraron hasta 14 delitos de odio por cada 100.000 de sus habitantes. La siguen País Vasco -10,8- y, ya a mucha distancia, la Comunidad Valenciana -4,78-.
En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el año pasado un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio, lo que supone una reducción del 13,8% respecto a 2023. Casi la mitad de estos delitos fueron por racismo y xenofobia, si bien los que más crecieron fueron los vinculados al antisemitismo. El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de «buena noticia» el descenso de estos delitos, aunque apuntó que muchas víctimas siguen sin denunciar y mostró su preocupación porque los delitos por racismo y xenofobia sigan siendo los más numerosos.
Los agresores son mayoritariamente hombres españoles de entre 26 y 40 años, con el 28,1% de las infracciones
En cuanto al perfil del agresor, en su mayoría son hombres (el 81,9%) de entre 26 y 40 años, que representan el 28,1% del total, seguidos de los de entre 18 y 25 años (19,8%). La mayoría de los detenidos o investigados por delitos e incidentes de odio son de nacionalidad española (75,58%). Las víctimas también son en su mayoría hombres (el 59,9 %).
Protección internacional: Clavijo elude la polémica con Madrid y afea la inacción del Estado
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, evita alimentar la polémica sobre la carta en la que la Comunidad de Madrid cuestiona que el Gobierno central pueda trasladar a menores migrantes solicitantes de asilo a un centro en Pozuelo de Alarcón sin su consentimiento. «No voy a entrar en este juego», zanjó el jefe del Ejecutivo autonómico, que volvió a reprochar tanto a PP como a PSOE que «están dejando a Canarias sola». Clavijo recordó que el Tribunal Supremo ha dictado ya dos autos en los que señala que el Estado «no ha atendido a esos menores, que son su responsabilidad, y sigue sin atenderlos». Por ello, insistió en que el Gobierno central debería «concentrarse en asumir sus obligaciones» y en agilizar los trámites para cumplir con la ley.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que la decisión del Ejecutivo de acudir al Supremo para pedir el aval que permita los traslados responde precisamente a la negativa de Madrid. A su juicio, es el alto tribunal quien debe aclarar si es necesario o no el consentimiento autonómico para redistribuir a los niños. Torres recalcó que los autos no determinan si los menores deben permanecer en Canarias o salir, pero sí constatan que «están hacinados». Y añadió: «Para mí, esa mención al hacinamiento supone que deben trasladarlos a otros lugares de España».
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