El Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares en el caso Koldo, ha presentado un escrito este jueves ante el instructor de esta causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que impugna todos los argumentos esgrimidos por la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra su ingreso en prisión provisional por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Los de Núñez Feijóo rebaten que el que fuera número tres del partido esté siendo investigado por motivos de persecución política y subrayan que los indicios contra él «son de tal calado que existen poderosísimas razones para tener por acreditada su participación» el la trama.
El PP recuerda que Cerdán, en el ejercicio de su derecho a la defensa, alegó el pasado 30 de junio durante su declaración ante el juez Puente » todo lo que consideró necesario sobre su papel político con EH Bildu, PNV y Junts para lograr los Gobiernos del PSOE de los últimos años». Si bien admiten que el ex dirigente socialista es un político, «ésta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta a personas con cargo político y personas sin cargo político», aducen.
«La defensa puede hacer valer, y prueba de ello es que lo ha hecho, que la prisión provisional acordada busca la confesión de su defendido o que su defendido está investigado en esta causa por motivos de persecución política», añaden, pero frente a ello inciden en los indicios de criminalidad que pesan contra él. Niegan por otra pare que la investigación iniciada por el alto tribunal sobre Cerdán pueda tacharse de prospectiva.
El PSOE también acusa
Por otra parte, el PP recuerda que el Partido Socialista también está personado en la parte de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional –que se centra en el presunto pelotazo en la compra de mascarillas y delitos que pudieran haber cometido ex altos cargos de Transportes–, y también ejerce allí la acusación la asociación de juristas Adade, vinculada a la formación presidida por Pedro Sánchez. «Es decir, el pluralismo político de la acusación popular unificada de esta causa es evidente«, concluyen.
El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín
En otra parte de su escrito, la acusación popular afirma que pensar que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y también investigado, Koldo García, es un agente encubierto o un agente provocador del delito que ahora se atribuye a Cerdán, tal y como sostiene la defensa, «es del todo ilusorio, y su planteamiento tiene por única finalidad desviar la atención del conjunto de indicios “verdaderamente extraordinario” que obra en las actuaciones respecto» del dirigente del PSOE.
Agregan que, además, el hecho de que su patrimonio declarado no case con los indicios que avalan su imputación «determina la necesidad de continuar con la investigación y, por ende, asegurar su buen fin, a través de la adopción de las medidas previstas en nuestro ordenamiento, como es la prisión provisional». Igualmente, advierten del riesgo de destrucción de pruebas, por lo que consideran necesario identificar sus bienes en España, en el extranjero o a nombre de testaferros que guarden relación con las ‘mordidas’ que se apunta que pudieron pagarse por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Para las acusaciones, Cerdán es «la persona que muy probablemente tenga en su poder la información que permita depurar las concretas responsabilidades de esta causa y, sobre esta premisa, su libertad podría «entorpecer, obstaculizar o incluso anular esta investigación». Finalmente, también señalan que como Cerdán ha cesado en todos sus cargos (como Diputado y como Secretario de Organización), «su arraigo profesional en España en estos momentos, unido a la búsqueda internacional del dinero que pueda tener en el extranjero y la gravedad de los delitos que se investigan, justifican sin género de duda su potencial fuga».
