El Puerto de Las Palmas mira al futuro con preocupación por el impacto que tendrán las políticas climáticas y de sostenibilidad ambiental impuestas por la Unión Europea que obligan a los puertos a cobrar tasas a los barcos que contaminan y este ha sido uno de los temas centrales que la doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Andrea Rodríguez Ramos ha abordado en su tesis doctoral que defendió el martes 10 de junio en el marco de la Cátedra Marítimo – Portuaria (Pormar).
Con el título Análisis Económico del Sector Marítimo-Portuario en un Contexto Internacional, Rodríguez ha analizado durante tres años el posible impacto —en términos de eficiencia, competencia, sostenibilidad y conectividad— de las nuevas tasas medioambientales europeas sobre el Puerto de Las Palmas, enclave estratégico para la conectividad marítima en el Atlántico Medio. Se ha centrado, en particular, en la FuelEU Maritime Regulation y el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), herramientas con las que la UE pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, obligando a las navieras que operan en puertos europeos a pagar por su huella de carbono y a utilizar combustibles alternativos, entre otras directrices.
Visión anticipada
La autora comenzó su investigación cuando las regulaciones europeas aún estaban en fase de borrador. «Ya entonces se veía venir que la descarbonización iba a cambiar las reglas del juego en los puertos», recuerda Andrea Rodríguez, que consideró que «era el momento de anticiparse».
El estudio parte de la hipótesis de que las tasas medioambientales pueden suponer un sobrecoste que repercutirá en el consumidor final. «La combustión es, de momento, parte esencial de la operativa portuaria. Si restringimos las emisiones portuarias sin una alternativa viable, los costes subirán y eso acabará trasladándose a la sociedad en forma de precios más altos o servicios más lentos», señala la doctora, que coincide con la Autoridad Portuaria y el tejido empresarial del Puerto de La Luz en la necesidad de excepciones regulatorias para los puertos canarios.
Andrea Rodríguez Ramos. / Andrés Cruz
El trabajo se estructura en tres grandes bloques. En el primero, la autora analiza «cómo, desde una perspectiva puramente productiva, las operaciones portuarias dependen de la combustión —especialmente por las emisiones de dióxido de carbono—, considerándolas un insumo esencial para la actividad». A partir de ahí, examina «cómo la nueva regulación europea busca transformar esas emisiones en un coste explícito, actuando como un mecanismo para internalizar su impacto ambiental». Este análisis se centra en un conjunto representativo de los principales puertos españoles.
Ventaja y perjuicio
En el segundo capítulo, Rodríguez se centra en el Puerto de Las Palmas. «Pertenecer a la Unión Europea es, sin duda, positivo en muchos aspectos. Sin embargo, cuando se trata de competir con países de terceros enclaves, esta pertenencia puede llegar a perjudicarnos gravemente», señala la autora, haciendo referencia a la condición de región ultraperiférica de Canarias, entre otros factores. A partir de esta premisa, analiza el posicionamiento competitivo actual del puerto, especialmente en el tráfico de contenedores, en comparación con puertos cercanos del África Occidental, y evalúa los efectos que puede tener la nueva regulación ambiental, con el objetivo de argumentar la necesidad de un trato diferenciado para los puertos canarios.
Momento de la defensa de la tesis doctoral. / La Provincia
Por último, en el tercer bloque, Rodríguez analiza comparativamente la eficiencia técnica del Puerto de Las Palmas frente a una muestra de puertos del África Occidental. El estudio incorpora indicadores institucionales y muestra que el principal factor que permite al puerto grancanario situarse entre los más eficientes es su estabilidad institucional, derivada de su pertenencia a la Unión Europea. «Esa ventaja, que explica más del 50 % del posicionamiento competitivo del puerto, podría desvanecerse si las nuevas exigencias europeas en materia de descarbonización no tienen en cuenta las especificidades de regiones ultraperiféricas como Canarias», advierte la investigadora. En ese caso, el impacto previsto sería una pérdida de eficiencia y, con ella, de capacidad para atraer el tráfico marítimo del que depende gran parte del abastecimiento del archipiélago.
Desvío de tráfico
La investigadora destaca que Canarias opera en una realidad logística distinta a la del resto de España y Europa, lo que requiere políticas adaptadas: «Somos políticamente Europa, pero geográficamente África; además, somos una isla, y dependemos del mar para prácticamente todo».
La tesis insiste en que, pese a que el Puerto de Las Palmas se ha consolidado como hub logístico del Atlántico Medio gracias a su ubicación, infraestructura y seguridad jurídica, podría perder su posicionamiento con la aplicación de estas medidas europeas. Si el coste operativo aumenta, «las navieras podrían optar por puertos africanos que no tienen esa presión fiscal ambiental» y que están en pleno crecimiento.
«Económicamente aún no hemos cuantificado el impacto total; actualmente seguimos trabajando en ello. No obstante, el análisis realizado hasta ahora permite visibilizar con claridad los efectos previsibles para los próximos años y plantea recomendaciones concretas para la formulación de medidas y políticas», explica Rodríguez. La investigadora destaca que aunque los puertos canarios se encuentran en un entorno geográfico africano, su condición europea los somete a una carga regulatoria más exigente, lo que podría comprometer su competitividad. «Aunque aún no se puede afirmar con certeza, sí podemos anticipar que el desvío de una parte significativa del tráfico de transbordo es una amenaza latente», advierte.
Ante este escenario, aún es incierto si «el perjuicio será mayor que el beneficio» de pertenecer a la UE, señala.
«Entrada y salida de todo»
Para Rodríguez, el impacto de estas medidas no se limita a las operaciones portuarias. «El puerto es la entrada y salida de todo. Lo que pase allí afecta a los precios que pagamos, a la eficiencia del comercio, a la vida de la ciudadanía. Cualquier cambio normativo debe tener una perspectiva íntegramente social».
La tesis, además de contar con rigor académico, persigue un fin práctico: «Queríamos que fuese útil para quienes toman decisiones. No es fácil investigar mientras los cambios están ocurriendo, pero es fundamental».
Actualmente, Andrea Rodríguez trabaja en nuevos proyectos que continúan analizando los principales puertos de Canarias en comparación con los del África Occidental, desde la perspectiva de la logística, la conectividad y las rutas marítimas. Además, ha publicado recientemente un capítulo en un libro sobre el impacto del encarecimiento del transporte marítimo durante la pandemia en los precios de consumo en Canarias, reforzando la alta vulnerabilidad insular ante los cambios logísticos.
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