No hay foro económico en el que no salga el tema ni organización que se precie que no lo señale como uno de los mayores retos -al nivel del futuro de las pensiones- que tienen por delante las sociedades occidentales. El número de trabajadores que cada día faltan al trabajo por motivos médicos va en aumento, especialmente desde que la pandemia sacudió el mundo. Los recursos que España dedica cada año a mantener los ingresos de aquellos empleados enfermos se han prácticamente duplicado en los últimos cinco años y el Estado ya gasta más en prestaciones por incapacidad temporal que en defensa.
Algunas cifras que ilustran el problema: de media, 8,7 millones de españoles están, en algún momento del año (algunos más de una vez y otros, en ningún momento), en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), con un coste directo para las empresas de 13.961 millones y de 16.588 millones para la Seguridad Social. Esto quiere decir que cada semana, o en algún momento de esta, 988.800 personas están de baja en España, según la EPA del primer trimestre de 2025. En suma, esta situación afronta un coste anual superior ya a los 30.000 millones de euros. El crecimiento ha superado incluso las expectativas de la Seguridad Social, que a final del pasado ejercicio tuvo que poner encima de la mesa unos 2.000 millones de euros adicionales a lo que presupuestó a principios de curso. Prácticamente doblan los 9.653 millones de euros que el Estado destinó en 2019 a este menester y triplican los que destinaba hace una década.
«Es un problema de país», afirman fuentes empresariales. «Las bajas han aumentado el 67% desde 2019», añaden. Y todo esto, sin nombrar la palabra maldita: absentismo. Y el primer matiz hay que hacerlo aquí. El absentismo «normalmente se vincula a algo negativo, a una situación de abuso por parte del trabajador, pero en una incapacidad temporal no hay una situación de abuso a priori», explica Daniel Pérez del Prado, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid.
¿Se puede medir el fraude?
¿Pero es medible el impacto del absentismo en estas cifras? No con fiabilidad, según los profesores universitarios con los que ‘activos’ ha contactado. Más allá de declaraciones de trazo grueso, como las realizadas por algún responsable empresarial de Castilla-La Mancha, que dijo que «de cada 100 trabajadores que están malos, 20 no lo están», en las empresas se deslizan algunos datos que muestran que, evidentemente, hay fraude, aunque puede que asociado más a la pillería. Se suele citar que, curiosamente, el 30% de las bajas comienzan un lunes. Y que en el 7% de los trabajadores con bajas son «muy, muy reincidentes» a lo largo del año.
Las fuentes empresariales consultadas, de hecho, afirman que el absentismo, entendido como el uso fraudulento de las bajas, no es el principal factor que ha disparado estos costes para las empresas y la Seguridad Social: «Los datos demuestran que la salud está mal y esto genera un problema organizativo y económico grande, pero el que peor está es el trabajador», resaltan.
Entonces, ¿qué está propiciando este crecimiento tan exponencial de los costes? «Creemos que lo principal es que hay un déficit en el sistema público de salud, faltan médicos de atención primaria y especialistas, lo que ocasiona que los periodos de baja se alarguen», comentan fuentes vinculadas a las empresas. Estos medios añaden que además las bajas de muy larga duración, las que superan los 365 días, van directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), «donde también faltan médicos». En este punto algunas fuentes resaltan que estas bajas agrupan ya a 210.000 personas, mientras que en 2020 apenas había 45.000. «Es una falla del sistema por falta de profesionales», sentencian en una gran empresa.
Múltiples aristas
El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense Jesús Lahera afirma que «este es un problema multicanal». Y cita el mal funcionamiento del sistema público de salud, el envejecimiento de la población activa, la rigidez del sistema de bajas médicas (si estás de baja, no se trabaja, y si estás de alta, sí, sin opciones intermedias) y añade un aspecto que ha entrado como un caballo desbocado en esta situación: «Hay que ver el impacto de las enfermedades mentales. El sistema ha estado orientado a evitar el daño físico, pero hay que ver el riesgo psicológico o mental también».
Por su parte, el profesor Pérez del Prado afirma, con datos de la Federación de Salud Mental de España, que las bajas laborales relacionadas con «transtornos mentales y del comportamiento» batieron en 2023 un récord en España. Efectivamente, ese año las bajas laborales directamente motivadas por enfermedades de salud mental alcanzaron un máximo histórico de 602.683 incapacidades temporales, según datos oficiales de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso este medio tras cursar una petición de información por transparencia. Más del doble de las registradas antes de la pandemia de coronavirus.
Pérez del Prado vincula esto con «las enfermedades relacionadas con el tecnoestrés», derivadas a su vez de la necesidad o la imposición de estar conectados digitalmente 24 horas al día y siete días a la semana. Estos fenómenos, añade, «curiosamente apenas aparecen en las evaluaciones concretas sobre las causas, situación y tendencia del absentismo».
Se debata o no, lo que está claro es el impacto del problema. Un informe de febrero de 2024 publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la mutua Umivale Activa subraya que España está entre los líderes de Europa en materia de absentismo laboral por incapacidad temporal, con un coste del 1,4% del PIB. En el informe se afirma que desde hace más de una década los indicadores están aumentando «y actualmente se sitúan en niveles preocupantes». Y añade que en el caso de España este problema presenta tres rasgos concretos: «primero, la intensidad del fenómeno y del gasto asociado al mismo son de los más altos de la Unión Europea; segundo, su evolución reciente presenta los mayores incrementos dentro de la UE, y tercero, todas las comunidades autónomas presentan una evolución creciente, con una importante heterogeneidad entre regiones».
Según cifras recopiladas por Adecco Group, la tasa de absentismo nacional en el cuatro trimestre de 2024 era del 7,4% en España (aunque estos datos también incluyen ausencias no médicas, como por ejemplo los permisos de paternidad y las vacaciones). Las autonomías con mayor tasa fueron Asturias (9,5%), Aragón (8,4%) y País Vasco (8,4%). De manera n tanto sorprendente si hiciéramos caso a los tópicos, Andalucía encabezaría el ránking de las autonomías con mejor tasa de absentismo (6,86%), seguida de Madrid (6,87%) y Castilla-La Mancha (7,0%).
El norte de Europa, en cabeza
¿Es este un fenómeno estrictamente español? De ninguna manera. De hecho, los datos de todo el Viejo Continente recopilados por Eurostat revelan que los países con mayor proporción de ausencias no son los del sur, sino los del norte. El absentismo en Noruega, por ejemplo, dobla al de España y casi quintuplica al de Grecia. Contraponiendo el tópico del pícaro ibérico contra el frío y cuadrado germano, los alemanes faltan más al trabajo que los españoles.
Cual palanca, la pandemia activó una bola de nieve que año tras año se ha ido haciendo más grande. Hoy hay más trabajadores de baja que incluso durante los peores momentos del covid. Las ausencias son más largas y los motivos son más diversos, así como el perfil de quiénes dejan su silla vacía durante un tiempo por enfermedad.
España se está europeizando en este sentido, de la misma manera que paulatinamente ha ido emulando algunas de las buenas prácticas de las locomotoras europeas, como subir su salario mínimo y reducir sus tasas de temporalidad, también se ha ido contagiando de otros males que frenan a las economías más avanzadas de Europa. Y que aquí eran relativamente desconocidos, como la proliferación de vacantes sin cubrir por falta de mano de obra. En el país de la UE que presenta la mayor tasa de paro, encontrar personal disponible y dispuesto para trabajar no ha sido un problema generalizado hasta ahora.
Patronales y sindicatos señalan que España tiene un problema creciente de salud laboral -unos lo llaman absentismo, otros rechazan el vocablo- y desde el Gobierno reconocen que, hasta ahora, «nadie le ha puesto el cascabel al gato», según manifestó la semana pasada la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Medidas del Gobierno
El discurso de la ministra difiere del de su homóloga encargada de la Seguridad Social, Elma Saiz, que rehúsa en público hablar de absentismo y está siendo la encargada de poner ese cascabel al gato. Con poco éxito por el momento. La titular de Inclusión hace meses que negocia con los agentes sociales medidas para, entre otros, «agilizar la gestión, siempre sujeta al criterio médico, de los procesos de incapacidad temporal, con medidas adaptadas a su diferente duración», según figura en el último documento remitido a las partes y al que ha tenido acceso este medio.
Entre las medidas por el momento planteadas destaca dar la potestad a las mutuas para pedir que un trabajador de baja comparezca antes ante el tribunal médico para que este le dé, si lo considera, la incapacidad permanente o el alta definitiva. Esto acortaría el tiempo durante el que un empleado de baja está en ese limbo y en el que parte del salario se lo paga la empresa y esta no sabe si a futuro podrá contar con él o no. Una propuesta que no acaba de convencer a patronales y sindicatos, que consideran que la saturación de los tribunales laborales y los servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social difícilmente les permitirá avanzar revisiones, si gran parte de las programadas ya las atienden actualmente tarde.
Otra medida para reducir el volumen de empleados de baja es crear la figura de baja parcial para aquellas personas que tengan más de un empleo. La premisa de la Seguridad Social es que hay dolencias que invalidan para un oficio pero no para otro; así ciertos de profesionales podrían reincorporarse parcialmente. «No conozco a nadie que sea paleta por la mañana y contable por la tarde», ironiza uno de los negociadores que se ve regularmente con los del ministerio. Este alude a que las personas que están en pluriactividad o pluriempleo suelen combinar dos fuentes de ingresos de características similares, con exigencias físicas similares y en las que requieren habilidades similares.
Fortalecer la sanidad pública
Desde los sindicatos comparten parte del diagnóstico que realizan desde las patronales para explicar los motivos del repunte de bajas médicas, si bien cargan directamente contra el discurso que entonan algunos empresarios que apelan al fraude y consideran el repunte fruto de las «bajaciones». «El problema no es un posible fraude masivo, que no existe. Nos negamos en redondo a ese enfoque, totalmente ineficaz. Necesitamos fortalecer la sanidad pública y ahí falta voluntad política», señala la secretaria de Salud Laboral de la UGT, Patricia Ruiz.
Apuntan a las administraciones, pero también a las empresas. «Muchas bajas se pueden evitar invirtiendo más en mecanismos de prevención», asegura. Especialmente en materia de riesgos psicosociales y de salud mental, hasta ahora «invisibilizada en las empresas», añade. «Las bajas de salud mental duran, de media, 108 días. Están entre las de mayor duración, solo por detrás de las de las cardiovasculares y las oncológicas. Ahí tenemos que actuar», reclama la sindicalista.
Desde principios del año anterior, el Ministerio de Trabajo está negociando con patronal y sindicatos una reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, que apenas ha cambiado en los últimos 30 años. Uno de las novedades que incorporará dicha reforma es la obligación de las compañías de incorporar de manera explícita los peligros relacionados con la salud mental que implica cada trabajo.
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