Javier Milei sigue al dedillo algunas de las medidas de Donald Trump. Después de abandonar la OMS y prohibir los tratamientos y cirugías de cambio de sexo en menores de edad, ahora el presidente de Argentina se suma a la deriva contra los inmigrantes y ha anunciado reformas de su política migratoria, que van desde la expulsión de extranjeros condenados por algún delito, al cobro por recibir servicios sanitarios o educativos a todos aquellos en situación irregular o que cuenten con un estatus de residencia temporal.
El portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, ha asegurado que la actual legislación en materia de inmigración «invita al caos» y al «abuso de muchos que están lejos de venir al país de forma honrada a construir un futuro».
«Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles», ha protestado el portavoz, quien ha dirigido también los ataques hacia los «inmigrantes que vienen a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países».
Adorni asegura que en las últimas dos décadas han entrado de manera irregular a Argentina un millón de personas y ha lamentado que hasta ahora ningún Gobierno haya expulsado a aquellos que infringieron la ley y «siguen viviendo felizmente en Argentina para peligro de todos».
«De ahora en adelante cualquier condenado que intente entrar en Argentina será rechazado en las fronteras por las autoridades migratorias. Todo aquel que cometa un delito será deportado. El que la hace, la paga», ha amenazado.
Sanidad y educación
La Presidencia de Argentina también ha dejado claro en un comunicado que no puede recaer en quienes «pagan impuestos» el «abuso» que cometen extranjeros que llegan al país sólo con la intención de hacerse con «recursos que no son suyos».
La nota se refiere a esto como «tours sanitarios». Adorni sostiene que estas personas vienen al país y después de ser atendidas, regresan de inmediato a sus lugares de origen. El año pasado, ha asegurado, ocho hospitales argentinos gastaron 114.000 millones de pesos (unos 90 millones de euros) «en atender a extranjeros».
La nueva ley establecerá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporales
e irregulares, además de la obligatoriedad de entrar en el país con seguro médico privado. «Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública», ha justificado Presidencia.
Asimismo, las nuevas reformas incluyen también cambios en el sistema público de educación,
dando la posibilidad a las universidades del país de imponer tasas adicionales a quienes se
encuentran en Argentina de manera temporal.
Por otro lado, la ciudadanía sólo podrá ser otorgada «exclusivamente» a quienes hayan residido de manera continua dos años, o «haber realizado una inversión relevante para Argentina», mientras que la residencia solo a quienes acrediten medios de subsistencia suficientes o ausencia de antecedentes.
