El PSOE lleva dos legislaturas batallando por sacar adelante una ley abolicionista de la prostitución. Sin éxito. Tanto el PP como sus socios habituales, incluido Sumar, tumbaron la iniciativa que se debatió hacer ahora un año en el Congreso, impidiendo su admisión a trámite. El Gobierno ha tomado nota y, aunque no renuncia a esta medida, incluida en su ideario en el congreso federal que se celebró en Valencia en 2021, reconoce la “complejidad” de las mayorías parlamentarias y por el momento la mantendrá en el cajón. Tanto es así que no se incluirá aprovechando la ley contra la trata, sobre la que todavía se está trabajando, y pendiente de aprobar en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.
Fuentes del ministerio de Igualdad que lidera Ana Redondo niegan cualquier renuncia en esta línea, pero sí avanzan que no se intentará rescatar sin antes atar los apoyos. Tampoco tratando de colarla dentro de otras normas o impulsarla de cualquier forma dada su importancia. Las mismas fuentes subrayan que se intentará aprovechar “toda ventana de oportunidad que se abra”, sin dejar de poner el foco en la actual composición del Congreso. Más allá del rechazo transversal del arco progresista y conservador, la norma divide a la propia coalición, como lo hace dentro del movimiento feminista.
El programa de gobierno de la coalición no incluyó esta medida, por el rechazo expreso de Sumar. Se limitó así a promover de forma separada, sin castigar el proxenetismo, una ley integral contra la trata de personas “que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan principalmente a las mujeres”. El plan anual normativo para 2025 así lo refleja.
En el ámbito de garantía de derechos fundamentales se suman otras leyes orgánicas para reforzar la protección frente a la violencia de género o contra el racismo y la intolerancia. El PSOE rechazó igualmente el guante lanzado por los populares para abordar la penalización del proxenetismo y los clientes en el marco del pacto de Estado contra la violencia de género. Dentro del espacio de Sumar, la pata catalana de los Comuns defiende una posición más próxima al regulacionismo.
Los socialistas abrazaron en su ideario la posición abolicionista en su 40 congreso federal y la ratificaron en su último cónclave celebrado en Sevilla. “Aprobaremos una Ley Abolicionista para erradicar la prostitución”, se recoge en el documento marco, dentro del apartado sobre las medidas destinadas a combatir la violencia de género.
Vía parlamentaria
En el programa electoral para las últimas elecciones se abogaba por impulsar una norma “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas”. Esto es, “dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud”.
El sector del partido que aboga por el denominado feminismo clásico logró incluir además en los estatutos que se considere motivo de expulsión “a aquellos que hayan sido condenados por delito relacionado con la corrupción, la violencia contra las mujeres o contra la libertad sexual”. En su anterior congreso, los documentos recogían que “el PSOE se declara como un partido abolicionista de la prostitución. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas, queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de consumo. Nuestro modelo de sociedad es uno donde hombres y mujeres son iguales y libres y esa idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres humanos”.
Desde el PSOE son conscientes del necesario acuerdo previo con otras fuerzas políticas para avanzar en la abolición de la prostitución. Algo por lo que rechazan la vía ejecutiva y se enfocan a que sea en el ámbito del Congreso donde puedan acercarse posturas por la vía parlamentaria. La ley contra la trata, por tanto, se centrará principalmente en la protección de las víctimas, sin apuntar reformas en el Código Penal para multar a los clientes.
