El objetivo era el control del territorio del sur de Tenerife: negocios inmobiliarios, seguridad privada, hostelería, política… Y, presuntamente, tráfico de drogas. Pero el castillo de naipes de esta organización criminal -así los considera la Policía Nacional- se vino abajo este martes, cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional puso fin al propósito de esta trama de corrupción política y empresarial con ocho detenciones.
En la cúspide, el empresario de origen libanés asentado en Canarias desde hace más de tres décadas Mohamed Jamil Derbah, conocidopor ser el lugarteniente del mafioso británico John Palmer, y inversor hotelero.
Junto a Derbah han caído otras siete personas, tres de ellos agentes de la Policía Nacional a los que, presuntamente, tenía a sueldo. Uno es Francisco Moar, ex jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife, impulsor del caso Mediador, conocido también como caso Tito Berni. Moar, que fue arrestado en Galicia, su comunidad natal, se encuentra jubilado desde finales de 2024 y alejado del Cuerpo Nacional de Policía.
El otro mando que supuestamente trabajaba para la trama es David Izquierdo, jubilado también hace unas semanas y hasta entonces jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría del Sur de Tenerife. El sur, precisamente, esa zona a controlar.
Con él, en las mismas dependencias pero en diferente unidad, se encontraba el único agente del caso que todavía sigue en activo y que cada día desempeñaba su labor en la Brigada de Policía Judicial de la misma comisaría. Subinspector, de nombre Víctor, fue arrestado -como su compañero Izquierdo y Derbah- en Arona.
El resto de detenidos son empleados del imperio de Derbah, entre los que se encontraría una abogada y uno de sus conductores y hombres de confianza. La Policía acusa a los ocho arrestados de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Mohamed Derbah, empresario afincado en el sur de Tenerife / Sol del Sur Tenerife
El caso está declarado secreto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Los ya esposados pasarán previsiblemente hoy a disposición judicial.
Fue hace un año cuando la UAI puso en marcha la investigación, al tener conocimiento de la existencia de ‘manzanas podridas’ dentro de la Policía Nacional. Estos agentes que se habrían pasado al otro lado actuaban en la demarcación del sur de Tenerife, una zona que abarca la franja costera de La Caleta y el barrio de Fañabé (Adeje) a Playa de las Américas y Los Cristianos (Arona).
Con Arona como epicentro, estos enclaves turísticos son objeto de deseo para las organizaciones criminales, habida cuenta de que se tratan de los municipios tinerfeños que más dinero generan por la actividad turística e inmobiliaria que acogen.
Y es aquí donde Derbah, el cerebro de la trama para los investigadores e instigador del cohecho comedito por los agentes, tenía su base de operaciones. De hecho, la Policía Nacional registró el martes uno de sus grandes inmuebles: el complejo de apartahoteles Ponderosa, en Costa Adeje, una enorme mole de cemento con más de 110 apartamentos o estudios que fue de los primeros alojamientos turísticos de la zona, allá por los años setenta.
Allí, en la octava planta, los responsables del caso en Asuntos Internos buscaron información y, tal vez, a Derbah, pero no lo localizaron. Los agentes tuvieron que romper una ventana para poder acceder al apartamento.
Derbah cayó solo un día después, ayer, también en el sur, apresado por agentes de la Guardia Civi después de que fuese declarado en busca y captura. Empresario de origen libanés y de 61 años, llegó a Canarias a finales de los años ochenta como el supuesto jefe de seguridad del mafioso británico John Palmer.
Su vida ha estado siempre al borde de la legalidad, aunque nunca se le ha podido condenar. Caer de pie ha sido hasta ahora su punto fuerte. Derbah fue la mano derecha del criminal inglés John Palmer hasta 1999, cuando sus caminos se separaron y, según la Policía, el libanés se convirtió en «el líder de la organización criminal más poderosa de Canarias, con ramificaciones en la Costa del Sol y Madrid», sostuvo el Ministerio del Interior en un comunicado en 2001. Ese año lo enviaron a prisión por presuntamente estafar más de cien millones de euros con la venta de multipropiedades que no existían. Se estimó que había podido estafar a entre 50.000 y 70.000 personas de toda Europa. Hubo más de una veintena de detenidos pero, tras nueve meses en la cárcel, salió en libertad y nada se pudo probar.
Lavado de imagen
Desde entonces, su empeño ha estado puesto en lavar su imagen y darse a conocer como un empresario honrado con inversiones en medios de comunicación digitales. Ha llegado a hacer de agente diplomático con Guinea Bissau para fomentar la cooperación internacional. Para las elecciones municipales de mayo de 2023 fundó Fuerza Canaria, un partido instrumental con el que intentó sin éxito obtener representación en Arona.
Con él, en este entramado de corrupción cae también el inspector jefe jubilado Francisco Moar. Con un historial de casi medio siglo en el Cuerpo, y alguna excedencia, fue el inspector que inició el caso Mediador por el que está imputado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. De esta causa fue apartado por la jueza María Ángeles Lorenzo-Cáceres en 2023 por presuntas filtraciones de información. En ese momento abandonó la Brigada de Policía Judicial de Tenerife para liderar la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco). Ahí se cree que comienza toda esta causa que esta semana ha explotado.
El caso Mediador une también a Moar y Derbah, ya que el empresario libanés protegió al denunciante de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte.
La marcha de Moar de la Policía Judicial provocó una situación de enfrentamiento mal disimulado entre Moar y el entonces comisario provincial, Luis Felipe San Martín. A finales del año 2023, Moar tomó declaración a una mujer lituana que denunció al comisario por violencia machista. Se trataba de su expareja. La mujer aportó un vídeo de teléfono móvil en el que el comisario la amenaza con una pistola.
Tras el testimonio de la exnovia, el inspector acudió a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y denunció a su superior. La Dirección General de Policía suspendió de empleo y sueldo al mando como consecuencia del procedimiento judicial abierto en su contra.
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