Un total de 40 ciudades españolas, entre ellas Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, acogen este sábado nuevas movilizaciones bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda« en las que exigirán una bajada del 50% en los alquileres y acabar con el «chollo» de los rentistas.
Tras las manifestaciones por el derecho a la vivienda de otoño, los sindicatos de inquilinos, junto a una decena de organizaciones que forman parte de este movimiento y el respaldo de CCOO y UGT, hacen un llamamiento para tomar las calles de las principales ciudades este 5 de abril y advierten de que «solo las huelgas de alquileres y la organización sindical acabarán con el negocio de la vivienda».
Las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, la falta de producto para atender la demanda y el encarecimiento de los precios han situado a la vivienda en el centro del debate político y social.
Y ello sin que, pese al clamor de todos los agentes del sector, se haya alcanzado un pacto de Estado que trascienda de ciclos electorales y aborde desde el consenso este problema con una visión a largo plazo.
Los convocantes piden contratos de alquiler indefinidos (medida que acaba de rechazar el Senado al entender que supone la vuelta del modelo franquista), que se recuperen las viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas o se «desarticulen» los grupos de desokupación.
También demandan ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de la vivienda de Sareb y de expropiaciones.
Mientras, el Banco de España cifra en medio millón de viviendas las que hacen falta y el sector denuncia que no hay suficiente suelo finalista.
A esto se une el bloqueo de la reforma de la ley de suelo, la falta de agilidad en los trámites y licencias ante la excesiva burocracia o la elevada carga impositiva que soporta la vivienda, donde un 25 % son impuestos.
El Ejecutivo, que ha promovido una empresa pública de vivienda y suelo, defiende la eficacia de la ley sobre la materia y su control de precios.
Además, ha puesto el foco en la vivienda de alquiler asequible y en controlar los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, ante el abuso que se estaba produciendo.
Asimismo, trabaja en un paquete fiscal para incentivar la rebaja de los alquileres y desincentivar la compra de extranjeros no residentes y mantiene su bono de alquiler joven, así como los avales para la compra.
