Desde que PP y Junts tumbaran este miércoles el decreto ómnibus que recogía la subida de las pensiones y la prórroga de las ayudas al transporte, entre otras medidas, este concepto de ‘decreto ómnibus’ está en boca de políticos y tertulianos y acapara titulares en la prensa nacional. Por ello, despierta la curiosidad por su significado por parte de aquellos que no habían escuchado anteriormente esta denominación.
Un ómnibus no es más que un vehículo de transporte colectivo, sin embargo, se le llama así a los decretos legislativos que agrupan diversas medidas o reformas de diferentes ámbitos, permitiendo su aprobación conjunta. Es una práctica habitual en las Cortes Generales que se usa para introducir modificaciones en múltiples leyes o directrices de manera simultánea. Suele ir acompañada de polémica porque obliga a los grupos parlamentarios a aprobarlo todo si apoyan el decreto o, por el contrario, hacerlo caer al completo, aunque pueda haber medidas con las que están de acuerdo.
¿Qué medidas han caído con el rechazo de este decreto?
El real decreto ley ‘ómnibus’, aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre, ha sido tumbado este miércoles en el Congreso de los Diputados, con el ‘no’ de Junts, que se ha sumado al de PP y Vox. Con él han caído las alrededor de 80 medidas contenidas en sus 140 páginas del Boletín Oficial del Estado, en materia de Seguridad Social, impuestos, escudo social, transportes, vivienda o inversión extranjera, entre otras. Estas son algunas de las medidas que han decaído este miércoles, algunas de las cuales serán repescadas en próximos decretos, de forma separada.
Subida del 2,8% de las pensiones contributivas
El real decreto ley incluía la subida del 2,8% para las más de 10 millones de pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente y las de viudedad, orfandad y a favor de familiares). La revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación media de los 12 meses previos (de diciembre a noviembre) conlleva una subida de unos 40 euros al mes en la pensión media de jubilación, hasta el entorno de los 1.489 euros, con efectos desde el 1 de enero de 2025. La revalorización de las pensiones contributivas de acuerdo a la inflación viene obligada por la Ley General de la Seguridad Social. El Gobierno había elegido formalizar esta subida a través del real ley 9/2024 (‘decreto ómnibus’) que ahora ha tumbado el Congreso, pero el incremento de las pensiones con efectos desde el 1 de enero no está en juego, pues viene impuesta por la ley. El Consejo de Ministros deberá remitir al Congreso esta revalorización dentro de un nuevo real decreto ley que, con toda probabilidad, no llegará mezclado con otras con esta medidas que no tengan garantizado el apoyo del Parlamento.
Incremento del 9% de las pensiones no contributivas y del IMV
Con el real decreto ley 9/2024 también decae la decisión del Gobierno de incrementar en un 9% las pensiones no contributivas y con efectos desde el 1 de enero, para situarse en los 564,51 euros mensuales. También decae la decisión del Gobierno de subir en un 9% el Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como la de aplicar una subida adicional a las pensiones contributivas mínimas (por encima del 2,8% que se derivaría de su revalorización con el IPC). Así, si bien con carácter general, para las pensiones mínimas contributivas se había previsto una subida extra, de alrededor del 6% en 2025, el porcentaje era mayor para aquellas personas vivan con cónyuge a cargo o sean viudas y tengan cargas familiares. Para estas que aumentarán un 9,1%. A diferencia de la actualización con el IPC de las pensiones contributivas, la subidas previstas para las no contributivas o para el Ingreso Mínimo Vital depende de la decisión del Gobierno. En todo caso, es previsible que la propuesta del Gobierno pueda salir adelante si se incorpora en el mismo nuevo real decreto ley que deberá llevar al Congreso de los Diputados para articular la subida del 2,8% de las pensiones contributivas.
Ayudas a los usuarios del transporte público
El Gobierno había prorrogado hasta el 30 de junio de 2025 los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales. Así, los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal se iban a mantener vigentes durante el primer semestre de 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano. También se había previsto mantener durante todo el año la rebaja del 50% de los abonos Avant, igual que la gratuidad de los abonos de Cercanías de Asturias y Cantabria y del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares. Además, se había previsto activar con efectos desde el 1 de enero un sistema de descuentos de, al menos, el 50% para promover el uso de la bicicleta compartida. El grupo del PP ha adelantado su disposición a dar su apoyo a este bloque de medidas si llega al Congreso de los Diputados en un real decreto ley en el que no figuren otras medidas que los populares rechazan.
Sin prórroga del salario mínimo interprofesional
Para dar tiempo a una negociación con los agentes sociales a lo largo del mes de enero, el decreto ‘ómnibus’ había incluido la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 -de 1.134 euros por 14 mensualidades- hasta tanto se apruebe el real decreto que lo fije para 2025. Al decaer el decreto ‘ómnibus’ también decae esta prórroga, de manera que, en espera de acordar una nueva cantidad (que podría alcanzar los 1.183 euros al mes), existe el riesgo de que se interprete que en este momento no existe un salario mínimo interprofesional en España. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que se están buscando vías para evitar esta situación. En todo caso, el objetivo del Gobierno siempre ha sido que el nuevo SMI que se apruebe -con o sin el respaldo de los agentes sociales- tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.
Escudo social para los consumidores vulnerables
El real decreto-ley incluía la prórroga parcial de varias medidas de protección de los consumidores vulnerables y de la industria electrointensiva. El Ejecutivo había decidido mantener un año más, hasta diciembre de 2025, la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables establecida en 2021. También se habían prorrogado descuentos del bono social de electricidad, si bien, dentro de un esquema para irlos reduciendo de forma progresiva a lo largo de 2025.
Otra medida que decae con el decreto es la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Obligación de declarar el IRPF cuando hay más de un pagador
El Gobierno había incorporado en el real decreto ley ómnibus un paquete de medidas tributarias que ahora decaen. Una de ellas afectaba a la obligación de declarar el impuesto sobre la renta: no iban a estar obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).
El decreto también incluía la prórroga un año más, durante 2025, de los límites que permiten a los autónomos declarar en el régimen de módulos del IRPF.
Con el real decreto ley también decae la propuesta de retrasar al 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco. Así, el nuevo tributo entrará en vigor el 1 de enero de 2025 si no se remedia en un decreto posterior.
Entregas a cuenta a las comunidades autónomas
También cae la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas a las cuantías vigentes en 2024 (en espera de un proyecto de Presupuestos que permita una subida adicional de estas cantidades). Así, las entregas a cuenta provisionales deberán hacerse de acuerdo a las recogidas en los Presupuestos de 2023. Previsiblemente, esto se corregirá en un decreto posterior.
Mayor endeudamiento para Valencia, por la Dana
El real decreto ley 9/2024 permitía a la Comunidad Valenciana para 2025 un endeudamiento adicional a largo plazo para financiar los gastos extraordinarios derivados de la Dana.
También establecía la prórroga de las medidas dirigidas a la reconstrucciòn económica de la isla de La Palma, antes los efectos de la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
Simplificacion de la ley de contratos para impulsar la vivienda
El real decreto ley contemplaba una modificación de la ley de contratos del sector público con el objetivo de impulsar la vivienda pública. Para ello se simplifica y flexibiliza el marco legal en los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.
Prórroga del ‘Moves III’
El Gobierno había decidido prorrogar la deducción del 15% en el IRPF por compra de un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la ampliación temporal del programa de apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y puntos de recarga, el Moves III. También se habían prorrogado hasta diciembre de 2025 las deducciones al IRPF para las inversiones en eficiencia energética en viviendas, así como la libertad de amortización para las inversiones en autoconsumo eléctrico y sustitución de instalaciones térmicas fósiles por renovables en el Impuesto de Sociedades para el ejercicio 2025.
Régimen de autorización de inversiones extranjeras
El Consejo de Ministros había decidido aprovechar la tramitación del real decreto ley 9/2024 para prorrogar durante dos años más, hasta diciembre de 2026, el llamado ‘escudo antiopas’. Creado durante la pandemia, con esta medida el Gobierno se reserva autorizar (o no) cualquier operación de inversión extranjera en empresas estratégicas nacionales que afecten a la seguridad, salud y orden público.
