El título de ‘Todo queda en casa’, la película de Dustin Hoffman y Shuyler Fisk, podría ser el del argumento en el que se basa el reparto de delegaciones municipales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, una localidad cántabra de casi 14.000 habitantes presidida por Carmen Pérez Tejedor, alcaldesa del Partido Popular.
La regidora conservadora ha asumido el área de Urbanismo del Consistorio, pasándolo a su responsabilidad personal y directa, algo que si en otros municipios es frecuente, en Santa Cruz de Bezana parece, cuando menos, delicado y complejo, ya que según ha denunciado el portavoz de Podemos de la localidad, Javier San Martín, con esta decisión la primer edil habría generado un claro conflicto de intereses por ser también dueña de una empresa relacionada con la construcción. Es por ello que la formación morada ha pedido la dimisión “inmediata” de la regidora por “incompatibilidad”, al ser al mismo tiempo la máxima responsable del Ayuntamiento a la par que “propietaria y gestionar una empresa de construcción”.
Se da la circunstancia de que el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó este pasado viernes, la resolución de la Alcaldía en la que se recoge la asunción del área urbanística por parte de Pérez Tejedor. La alcaldesa sumará además a Urbanismo, las delegaciones municipales de servicios sociales, tercera edad y familia, eliminando del organigrama municipal esas concejalías.
En un comunicado hecho público por Podemos de Santa Cruz de Bezana, se reitera que esta resolución de la alcaldesa supone una muestra del “despropósito y las prácticas cuestionables del Gobierno municipal”, compuesto por PP y Vox. San Martín ha calificado lo sucedido como un hecho “especialmente grave”. Basa su temor y reserva en la posibilidad de que las decisiones que pudiese adoptar en el futuro la alcaldesa “podrían beneficiar directamente a su empresa privada, comprometiendo la imparcialidad y la transparencia en la gestión pública”.
Pero no queda aquí el reparto de competencias. Tras las elecciones municipales, el resultado obligaba al PP a sumar al menos dos concejales para poder obtener mayoría absoluta. PP obtuvo 7 ediles y 2 la formación Vox frente a los 6 del Partido Socialista, 1 del Partido Regionalista de Cantabria y 1 de ADVI. De ahí que el Partido Popular pactase un acuerdo de gobierno con la extrema derecha del partido de Abascal que entró en el gobierno municipal.
La concejala de Vox, Muela Bolado, se hizo cargo de la concejalía de Turismo. Podemos acusa también de “irregularidades” a los socios de gobierno de la alcaldesa. Se basan en el hecho de que dicha edil de Vox y responsable de Turismo, es propietaria también de una empresa de alquileres vacacionales. En opinión del portavoz de Podemos, este hecho, al igual que ocurre con la supuesta incompatibilidad de la alcaldesa, “pone en duda la neutralidad de sus decisiones dentro de esta área”.
Teme el portavoz de la formación morada que el Ayuntamiento “se transforme en un espacio de favorecimiento de los negocios privados de los representantes públicos. Es una situación de ausencia de ética así como un agravio para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.
