Han pasado más de dos años desde la última reunión en la isla de La Palma. Fue en marzo de 2022, unas semanas después de estallar la guerra en Ucrania y los dirigentes todavía llevaban mascarillas puestas. Pedro Sánchez vuelve a reunirse este viernes con todos los presidentes autonómicos -en esta ocasión también estará Cataluña- en Santander. El clima político no permite grandes acuerdos. Y lo previsible es que no los haya en asuntos tan urgentes como la inmigración. Pero tanto Gobierno como los dirigentes del PP abren la puerta a un acercamiento -aunque sea mínimo- en materia de Vivienda para reanudar las conversaciones en torno a Ley del Suelo.
Abordar la falta de médicos y garantizar los recursos humanos suficientes en el sistema público de salud, sobre todo en algunos territorios, también podría acabar con un consenso. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, llevará una propuesta concreta para crear un fondo extraordinario para catástrofes naturales tras la trágica riada en Valencia. En este punto también podría haber una imagen de consenso.
Pero las expectativas son muy escasas. El Ejecutivo siempre quiso que esta Conferencia de Presidentes girara en torno al debate de la Vivienda. Fue el PP el que forzó, con su mayoría de autonomías, incluir otros asuntos en el orden del día. La realidad es que la Ley de Suelo -que el Ministerio terminó retirando del Congreso el mismo día que se debatía al constatar que no tendría los apoyos- es imprescindible para alcaldes y comunidades. Las posturas de los dos grandes partidos están bastante cerca, pero el PP decidió oponerse en el último momento por cuestiones estratégicas. Ahora fuentes conservadoras reconocen que sí podría haber “un acuerdo de mínimos” para retomar la negociación.
Aunque el nivel de enfrentamiento y tensión entre Gobierno y PP está en niveles máximos, muchos dirigentes consideran que terminar la reunión en el Palacio de la Magdalena sin un solo acuerdo daría una imágen pésima. Algunos enfrentamientos destacan por sí mismos como el que mantiene Isabel Díaz Ayuso con el presidente. Fue la única dirigente autonómica que no acudió a la reunión bilateral de Moncloa.
Incluso aunque otros líderes sí consideran que sería bueno llegar a ciertos consensos, la realidad es que en todo lo demás -asuntos tan relevantes como la financiación o la inmigración, con una situación absolutamente límite en Canarias- es muy improbable que haya avances. De hecho, los once presidentes autonómicos del PP (junto con el vicepresidente canario) y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla exhibirán un rechazo frontal a los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y los independentistas para una financiación singular en Cataluña que el resto de comunidades traduce en un concierto fiscal.
La gran batalla de oposición en todos estos meses del partido de Feijóo ha sido precisamente esa con cálculos concretos de la merma que supondrá para las arcas de sus comunidades y en sus servicios públicos. Según confirman a este diario distintas autonomías, cada presidente autonómico remitirá una vez más su malestar ante Sánchez y Salvador Illa.
En cuanto a inmigración, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pretende presentar una nueva propuesta en el encuentro para desbloquear el pacto entre los dos grandes partidos para reformar la Ley de Extranjería. La modificación del artículo 35 que el Congreso tumbó hace meses pretendía fijar por ley la derivación de los menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago hacia el resto de comunidades autónomas y evitar el colapso que las islas llevan tiempo sufriendo. Pero el PP se cierra en banda a que el acuerdo sea solo para modificar esa ley y exige un paquete mucho más amplio que incluya ayuda directa de la Comisión Europea con derivación a otros países miembros, el despliegue de Frontex en Canarias y otras muchas medidas.
Feijóo llegó a cerrar un documento con Clavijo que el Gobierno también rechaza. La semana pasada la reunión de los ministerios implicados y el PP terminó una vez más en fracaso.
La convicción en el PP es que Sánchez terminó convocando esta Conferencia “prácticamente obligado” y alegan que eso impide de facto que se vaya a producir una cooperación real que termine en acuerdos. Las comunidades conservadoras llevan exigiendo más de un año esta reunión. Se unieron para pedirlo en noviembre de 2023, poco después de la investidura de Sánchez, fundamentalmente como respuesta a sus pactos con los socios de investidura. El pasado verano al menos diez acudieron a la Justicia y la exigencia pasó a ser un recurso contencioso-administrativo.
Reencuentro de todos con Mazón
Internamente, la Conferencia de Presidentes también tiene lecturas para el PP. Se trata del primer encuentro de todos los líderes autonómicos tras la trágica riada de Valencia de finales de octubre. El reencuentro del ‘president’ Mazón con todos sus compañeros de filas -a algunos los vio en la misa funeral del pasado lunes- y con el propio presidente del Gobierno. La crisis política derivada de la gestión de la catástrofe se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para todo el partido.
No solo al ver que la mayoría de encuestas autonómicas señalan que Mazón sufriría ahora un castigo en las urnas, sino por la desafección tan importante que se ha generado entre ciudadanía y política en una comunidad absolutamente clave para el PP en términos electorales.
En Génova marcaron algunos pasos a Mazón, exigiéndole un cambio de estrategia inmediata que no pasaba solo por ceses y fichajes en su Consell, sino en un cambio de actitud. Pero por ahora algunas personas de la dirección reconocen que eso no ha ocurrido. También insisten en que “se necesita tiempo”. Los presidentes autonómicos han evitado gestos de apoyo a Mazón en todas estas semanas y en Santander se medirá por primera vez el clima interno.