El Gobierno continúa desplegando gestos con Junts para asentar la legislatura. Desde que el Ejecutivo decidió retirar la votación de la senda de estabilidad, paso previo para la aprobación de los Presupuestos del año que viene, este tipo de guiños no han dejado de sucederse. Junto a la reactivación de las comisiones de investigación pactadas con los posconvergentes y la disposición a desclasificar los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas cometidos en 2017 en Barcelona y Cambrils, el otro flanco se sitúa fuera de las fronteras españolas, en Europa, con el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclamando a la Eurocámara que se puedan emplear el catalán, vasco y gallego en sus sesiones.
Fuentes del ministerio explican que Albares quiere mantener durante este mes de octubre una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, para transmitirle la “importancia” de abordar este asunto, sobre el que ya existe un pacto entre ambos. Los equipos de ambos dirigentes ya se han puesto en contacto para cerrar un encuentro.
«Señora presidenta, le agradecería poder abordar personalmente la posibilidad de someter a la Mesa del Parlamento la decisión para concluir el mencionado acuerdo administrativo entre España y el Parlamento Europeo, que permita el uso en su sede del catalán, el euskera y el gallego», le escribió Albares a Metsola en una carta fechada el pasado 18 de septiembre, en la que el ministro le transmitía que este es un “asunto prioritario” para España y un “elemento esencial” de su “identidad nacional”.
El movimiento fue bien recibido por Junts, pero el partido independentista, cuyos siete diputados en el Congreso resultan indispensables para que el Gobierno saque adelante sus iniciativas, señala que es insuficiente. Lo pactado, explican los posconvergentes, no es solo poder usar el catalán en la Eurocámara, sino también que esta lengua tenga el rango de oficial en la UE. Según fuentes de Exteriores, la oficialidad del catalán también se está impulsando, pero va por un carril distinto.
Sin plazos concretos
Junts enfoca la negociación con el Gobierno de forma compartimentada. Según su enfoque, la activación de las comisiones de investigación (sobre la llamada ‘Operación Catalunya’ y los atentados de 2017) o la posible ley para transferir a la Generalitat las competencias de migración, que el partido de Carles Puigdemont también está negociando con el PSOE, no tiene nada que ver con los Presupuestos y la senda de estabilidad. “Son cosas distintas”, señalan en la dirección de Junts.
Pedro Sánchez, que necesita aprobar las cuentas públicas del año que viene para asegurarse que puede culminar esta compleja legislatura, ha asumido la forma de negociar de Junts. El presidente del Gobierno anunció la semana pasada que esperaría al congreso que los posconvergentes celebrarán a finales de octubre (y también al cónclave de ERC en noviembre) para comenzar a abordar los Presupuestos. Pero el Ejecutivo tiene mucha más prisa con la senda de déficit, que quiere tener aprobada “cuanto antes”.
Aun así, la portavoz, Pilar Alegría, ha evitado este martes trazar límites temporales. “No nos marcamos un plazo concreto. Vamos a estirar al máximo el diálogo para conseguir un acuerdo. El objetivo bien merece la pena”, ha señalado la también ministra de Educación.
