El Consejo de Ministros aprobará este martes el plan de regeneración democrático. Medidas que se aplicarán principalmente a los medios de comunicación, al menos en un primer paquete de reformas, para el control de la financiación pública y la transparencia sobre sus propietarios y accionistas. Según argumentó Pedro Sánchez en la reunión de la interparlamentaria del PSOE, su objetivo se centra en luchar contra «la máquina del fango, poniendo como ejemplo la difusión de «bulos» o las presiones a políticos y periodistas. El marco del plan es el reglamento europeo sobre libertad de medios de comunicación, que todos los Estados miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. Sin embargo, en su comparecencia del pasado mes de julio en el Congreso para esbozar el plan fue más allá para apuntar a otros aspectos relacionados con la regeneración. En el Ejecutivo, además, avanzan que se abrirán a incorporar otras propuestas de los socios durante la tramitación parlamentaria. Este plan con el que se busca retomar la iniciativa parlamentaria no fue mencionado por Sánchez entre sus prioridades para el curso político.
Financiación pública
La financiación de los medios de comunicación y su “transparencia”, obligando a dar a conocer a sus propietarios y accionistas, son dos de los pilares que guiarán las reformas previstas. Entre los cambios sobre la mesa se prevé topar la financiación pública de los medios de comunicación. Para ello se promoverá la reforma de la ley de publicidad institucional, que afectará a todas las administraciones y obligará a hacer públicos los recursos que destinan a los medios de comunicación. Una información que en estos momentos ni siquiera hace pública el propio Gobierno de forma sistematizada y ocultando el gasto de las empresas públicas en publicidad institucional.
La norma comunitaria señala que debe hacerse público “el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países”. El jefe del Ejecutivo llegó a acusar a los gobiernos de coalición de PP y Vox de financiar a “pseudomedios” dedicados a “propagar bulos” y ha puesto el foco en el “dinero que hay detrás de la máquina del fango”.
Propietarios de los medios
Durante su comparecencia del pasado mes de julio, Sánchez hizo hincapié en varios de los artículos del reglamento europeo que obligan a que los medios den información sobre quiénes son sus propietarios y accionistas, así como «el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado». Además, ha subrayado la necesidad de que también ofrezcan «cifras de audiencia de forma honesta. Para su desarrollo, el Gobierno pretende otorgar a la CNMC más funciones de control.
“Debemos limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores” y “asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes”, defendió el jefe del Ejecutivo apelando en todo momento al respaldo de Bruselas y el “sentido común”.
Ley electoral
Más allá de la aplicación de este reglamento europeo, el Gobierno apuesta por reformar la ley electoral para regular los debates entre candidatos en campaña y la difusión de encuestas por parte de los medios de comunicación. Esto es, para establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación y que las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados.
Plan de ayudas
El plan está acompañado de un paquete de 100 millones de euros de ayudas «a la digitalización» de los medios de comunicación. El nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, será el encargado de diseñar este plan de ayudas que tiene como fin “crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad».
Sanciones a diputados y senadores
El Gobierno apuntó al impulso de otras «medidas de transparencia» a través de una nueva ley de administración abierta, para “mejorar y ampliar la cantidad y calidad de información gubernamental”. La intención pasa asimismo por endurecer los reglamentos del Congreso y el Senado. Con esto último se pretende establecer sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa o incompleta.
“Pena del telediario”
El jefe del Ejecutivo abrió la puerta a reformar la ley de protección civil del derecho al honor y de la ley reguladora del derecho de rectificación. Desde Sumar trasladó la apuesta por una “reparación pública” en el caso de instrucciones con repercusión mediática que no culminen con la apertura de un juicio oral. La conocida como “pena del telediario”.
Delito de injurias
Otra de las cuestiones que debatieron los socios de coalición tiene que ver con una nueva reforma de la ley mordaza en lo relativo a la libertad de expresión. Desde el Ejecutivo se refieren a «revisar» en el Código Penal los delitos sobre injurias y calumnias a la Corona, los símbolos nacionales o los sentimientos religiosos.
