Un inspector de la Policía Nacional será juzgado a partir de este miércoles acusado de consultar sin permiso bases de datos policiales para enviar información a amigos, entre los que se encontraba la dueña de un prostíbulo y a abogados, unos hechos por los que la Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel.

La Audiencia Provincial de Madrid comienza este miércoles el juicio a A.P.C., que fue inspector de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en 2018 y 2019 en la Comisaría de Coslada, período en el que presuntamente hizo casi 1.500 consultas a diferentes bases de datos policiales para acceder a denuncias, fichas policiales, matrículas o antecedentes policiales «con fines particulares».

Facilitaba esos datos a terceros que pertenecían a su círculo de amistades, según el escrito de la Fiscalía, que le acusa de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos por el que pide para él cuatro años de cárcel, multa de 8.100 euros y tres años de inhabilitación para acceder a un empleo o cargo público.

Detalla la Fiscalía que muchas de las consultas no estaban justificadas por su cargo ni por su servicio y que llegó a entregar «en mano las consultas impresas e incluso fuera de la Comisaría».

Por ejemplo, a petición de una amiga suya que regentaba un prostíbulo que él mismo solía frecuentar, el acusado realizó consultas sobre las denuncias de violencia de género, la ficha y antecedentes policiales de la expareja de la dueña del local y se lo entregó en persona.

En otra ocasión se reunió en su despacho con una amiga abogada donde realizó 26 consultas en las bases de datos policiales que afectaban a la letrada y a un abogado que representó a uno de los acusados en la operación denominada El Bloque, en la que fueron juzgados agentes de Coslada.

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