El debate sobre el servicio de agua potable en Castrillón ha vuelto a encenderse tras desvelar en el Pleno del miércoles la portavoz de Izquierda Unida, Yasmina Triguero, varias reclamaciones registradas por la empresa concesionaria, Aqualia. Desde el Ayuntamiento confirmaron este jueves que ya se ha aprobado una auditoría externa para fiscalizar el contrato con la empresa, que exige al Consistorio el pago de unos 450.000 euros –que podrían superar los 600.000– y una subida en la tarifa de cerca del 4 por ciento, una pretensión que se suma al incremento del 3,6 por ciento en las tasas de agua y alcantarillado aprobado esa misma sesión para ajustarse al IPC. La intención del gobierno local es «absorber» parte de esos montantes con fondos propios para evitar un «tarifazo» a los vecinos.
Según IU, las exigencias de la adjudicataria buscan un «reequilibrio económico» del contrato. En total, la cuantía solicitada rondaría los 450.000 euros en concepto de facturas pendientes de ejercicios pasados, una cifra que superaría los 600.000 al incorporar las proyecciones de los ejercicios de 2025 y 2026, tal y como detallan desde la coalición. A ello, afirman, se añade la pretensión de encarecer la tarifa a la ciudadanía para sanear este déficit de forma permanente hasta la finalización de la concesión en diciembre de 2031.
Según la formación de izquierdas, las peticiones de la empresa se basan en tres cuestiones. Por un lado, Aqualia solicita 122.361 euros por el sobrecoste de realizar analíticas de agua más complejas para adaptarse a los Reales Decretos 902/2018 y 3/2023 entre 2019 y 2024, lo que piden compensar con un incremento del 1,91 por ciento de la tarifa a los vecinos. Por otro lado, la adjudicataria reclama también 162.385 euros por la compra de caudal a Aguas de Avilés para abastecer la zona de La Cangueta entre 2022 y 2025, que sugiere contrarrestar también un recargo en el recibo del 1,89 por ciento. Por último, suma otros 163.539 euros por el mantenimiento y conservación de contadores y acometidas, lo que pretende equilibrar con un incremento de entre 0,18 y 0,46 euros al trimestre por abonado.
Desde Izquierda Unida afirman que el contrato de concesión, adjudicado en 2007, rige bajo el principio de riesgo y ventura, lo que obliga a la empresa a asumir las variaciones de costes. Asimismo, inciden en que la justicia ya respaldó al Ayuntamiento en el pasado frente a pretensiones similares relativas a la compra de agua o el cumplimiento de normativas sanitarias.
Respecto a la pretensión de cobrar más por la conservación de equipos, la formación encabezada por la exalcaldesa contesta al argumento de la adjudicataria señalando el desfase demográfico del concejo: el pliego original de la concesión preveía un crecimiento de población que iría hasta los 40.000 habitantes, mientras que Castrillón se sitúa actualmente en algo más de 21.000 empadronados, por lo que la carga real de mantenimiento no ha sobrepasado los límites contractuales.
Según detalló Triguero, el Consistorio «debe fiscalizar de inmediato» la gestión económica de la compañía antes de que finalice el contrato. «Tiene que haber una auditoría integral del contrato del agua para ver si la empresa incurrió en costes que deberíamos haber pagado o no. Hablamos de un contrato que es a riesgo y ventura y, por lo tanto, los costes que se tengan deben ser asumidos por la empresa», remarcó la exalcaldesa.
IU advirtió además del «peligro administrativo» que supone acumular escritos de la concesionaria sin respuesta formal desde mayo de 2025, una inacción que podría generar intereses de demora en caso de que las reclamaciones deriven en un procedimiento judicial.
El Gobierno defiende su gestión y anuncia una auditoría externa
Por su parte, el equipo de gobierno sostiene que ha gestionado las peticiones de Aqualia con «rigor y para proteger el interés público» desde el momento en que se presentaron y matizaron que la mayoría de estas reclamaciones se remontan a 2019, encuadrándolas dentro de los «despropósitos dejados empantanados» por el anterior gobierno municipal.
Desde el Consistorio explican que varios de los puntos alegados por la concesionaria se encuentran ya en vías de resolución ordinaria. Es el caso de las analíticas vinculadas al Real Decreto 3/2023, cuyo coste está previsto imputar directamente al presupuesto municipal, o de las inversiones iniciales, que disponen de sus propios conceptos fijados dentro del plan del contrato.
Para la compra de caudal a Avilés o el mantenimiento de acometidas y contadores, explican, los servicios técnicos y jurídicos municipales han determinado encargar una auditoría externa independiente. El objetivo de este procedimiento es evaluar con transparencia qué aspectos encajan en el marco contractual vigente y cuáles deben desestimarse formalmente.
Asimismo, el gobierno local defiende que la relación con la adjudicataria se desarrolla bajo una exigencia mutua: «El Ayuntamiento cumple puntualmente con las revisiones de precios y del IPC —como la aprobada en el último Pleno—, mientras que la concesionaria mantiene la prestación del servicio y ejecuta su plan de inversiones de más de 8 millones de euros, tras haber abonado en su día el canon inicial de 3 millones. El Ejecutivo recuerda además que la administración municipal cuenta con antecedentes sólidos en este ámbito, habiendo obtenido en el pasado resoluciones judiciales favorables frente a reclamaciones de índole similar».
