Una multa de 27.000 euros, la prohibición de aproximarse y comunicarse con su hija e hijo menores de edad por tiempo de un año y el pago de una indemnización de 200.640 euros por las pensiones de alimentos adeudadas entre abril de 2023 y junio de este 2026. Es la condena impuesta por la titular de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vigo al empresario mexicano con raíces familiares en Avión (Ourense) que fue a juicio en junio acusado de un delito de abandono de familia por el impago de esta mensualidad a los adolescentes, que inicialmente, en el marco del pleito civil del divorcio, se fijó en 6.000 euros mensuales (3.000 a cada uno), pero que después la Audiencia rebajó a 3.000 cada mes (1.500 por vástago).
La magistrada concluye que el empresario, J.G.P., que vivió con la denunciante y los hijos en Vigo, es autor del delito que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular que actuó en representación de la madre de los menores. «No resulta discutible la obligación de pago de la pensión tal y como se desprende del testimonio de las resoluciones judiciales […] y el impago de las pensiones determinadas en los hechos probados se acredita por la prueba documental y la declaración de la denunciante«, arranca en el apartado de fundamentos de derecho de la sentencia, que todavía no es firme al caber recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Negocios, propiedades, cuentas bancarias y la compra de un Porsche
«La prueba practicada en el plenario acredita, sin duda alguna, su capacidad económica. Así, se trata de un empresario mejicano que ha venido desarrollando diferentes negocios en su país de origen […], es titular de varias propiedades en España […], es titular de diferentes cuentas, con saldos y movimientos […]», desgrana la jueza, añadiendo que durante el año 2023, además, adquirió un Porsche y vendio una vivienda.
«Así pues, en el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la pensión, en el año 2023, habiendo recaído ya condena contra el acusado por un delito de violencia de género e iniciado el procedimiento de medidas coetáneas a la demanda de divorcio, el acusado vende una vivienda por 700.000 euros a su actual pareja y se compra un vehículo por 90.000. Su conducta parece buscar la insolvencia para no atender sus obligaciones para con sus hijos menores», señala la resolución judicial.
El acusado no compareció en el juicio celebrado en Vigo. Aunque este hecho «no es prueba en su contra», razona la jueza, sí debe ser tenido en cuenta ya que «con su inasistencia dio lugar a que las únicas pruebas practicadas en el juicio oral fueran de cargo en su contra, lo que constituye una cierta corroboración de dichas pruebas de cargo».
La magistrada valora a la hora de fijar la extensión de la pena y la cuota (18 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros) que este empresario «no es delincuente primario» al tener antecedentes penales, la «gravedad de la conducta que se manifiesta por el largo período de tiempo en que hizo dejación de la obligación de pago», así como la voluntariedad del impago durante todo ese tiempo, «teniendo signos tan evidentes de una elevada capacidad económica».
Subsanación de la sentencia
La sentencia, que también impone las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, tiene fecha del pasado 20 de julio, si bien, tras un escrito elevado por el abogado de la madre de los menores, se acaba de dictar un auto aclaratorio porque dicha sentencia original contenía un error tipográfico que alteraba la cuantía de la indemnización y se había incurrido además en «incongruencia omisiva» con respecto a más períodos adeudados que se reclamaban y no se contemplaban.
Así, esta última resolución emitida el 23 de septiembre subsana la sentencia en lo relativo a la responsabilidad civil, que se fija en 200.640 euros: 53.640 euros en concepto de pensiones adeudadas en 2023 (descontados 360 euros que sí fueron abonados), 72.000 euros de 2024, otros 42.000 de pensiones impagadas desde enero a julio de 2025 y 33.000 más desde agosto de ese año hasta la fecha del juicio, que se celebró el 23 de junio.
La defensa pidió la absolución en el juicio
Faro de Vigo contactó este lunes con el abogado del empresario, que declinó hacer manifestaciones y aclarar si recurrirá la sentencia. En el juicio, la abogada que ejerció la defensa en dicha vista pidió la libre absolución y alegó que desde la separación su cliente había sufrido un «deterioro económico», señalando que la averiguación patrimonial refleja que carecía de saldo en sus cuentas bancarias y que dispone de pocas propiedades. «No consta que mantenga los negocios en México ni ninguna otra fuente de ingresos. Solo 3.000 euros anuales por el alquiler de un bien en ese país», sostuvo entonces la letrada.
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