Con la presión de la calle encima, Pedro Sánchez ha asegurado que está trabajando «a contrarreloj» para sacar adelante el decreto de vivienda, rebautizado como decreto Maricarmen por los acampados en la Puerta del Sol. Consciente de la compleja aritmética parlamentaria, el presidente del Gobierno ha reclamado a sus socios «un último esfuerzo» para acordar el texto que, previsiblemente, será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo martes. La petición no es para menos. Con menos de 48 horas para negociar el decreto, Sánchez tiene sobre la mesa dos amenazas: la de Sumar, que amenaza con plantarse si no se incluyen todas sus exigencias, y la de Junts, que ya avisa de que no votará a favor de nada que se salga de sus planteamientos.
Tras una manifestación en la tarde del sábado que acabó en acampada en la madrileña Puerta del Sol para reclamar medidas tras el desahucio de Maricarmen, Sánchez ha asegurado que llegar a un entendimiento para el decreto de vivienda «no es una cuestión de ideología», sino de «humanidad». Sin embargo, sus aliados no parecen verlo así. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no les vale «cualquier decreto» y que no están dispuestos a «contentar a la derecha», en referencia a las negociaciones que el ala socialista del Ejecutivo lleva días manteniendo con los de Carles Puigdemont.
Exigencias encontradas
«No nos vale cualquier real decreto». Nos vale una norma que dé un paso al frente para abordar la gravedad del problema de la vivienda. […] Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien», ha aseverado en la Fiesta del PCE. Ya el sábado, los partidos de Sumar advirtieron de que «plantarán» la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes si no se cumplen sus exigencias y hoy Díaz ha recalcado que debe ser «la derecha la que se retrate votando» el decreto y no los partidos de izquierdas los que se plieguen a sus condiciones.
El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha desgranado cuáles son estas peticiones de Sumar: la moratoria de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; la prórroga automática de todos los contratos de arrendamiento; la congelación de los precios de los alquileres; una regulación clara de los arrendamientos para uso turístico y de temporada; y la renovación automática de los contratos de alquiler mientras se destinen a uso residencial. «Hasta que eso no quede satisfecho va a haber un plante, una posición muy clara de nuestros ministros y ministras», ha sentenciado.
Un aviso claro a los socialistas que choca de manera abrupta con la posición esgrimida por Junts. El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha explicado que están dispuestos a incluir medidas para «parar los pies» a los fondos buitre y bonificar fiscalmente a los arrendadores «para que la gente tenga seguridad jurídica y vea en aquello facilidades para poner los pisos en alquiler». «El Gobierno lo sabe, si quieren mezclar cosas, no van a tener nuestro voto», ha sostenido el dirigente de Junts, dejando claro que no apoyarán medidas que afecten al pequeño propietario. Bajo esta premisa ya se sumaron a PP y Vox para tumbar la prohibición de los desahucios y la prórroga de los alquileres.
La cuadratura del círculo
Ante la complejidad de engarzar posiciones tan diversas, el líder del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a echar mano de sus apelaciones a buscar la «cuadratura del círculo» y ha defendido que «no se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral», por lo que ha pedido a los partidos del Gobierno que no planteen una negociación de «máximos» y busquen un «mínimo común denominador» que permita sacar adelante el decreto de vivienda el próximo martes.
No obstante, esa búsqueda del entendimiento parece del todo imposible. La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha denunciado que el Gobierno esté negociando con Junts y el PNV para «hacer un trágala a toda la gente acampada y que está en la calle defendiendo el derecho a la vivienda». «Esta vez el trágala tiene que ser para los rentistas y especuladores», ha sostenido tras hacer un llamamiento a agrandar la acampada en la Puerta del Sol.
Desde el kilómetro 0 de España le ha llegado a Sánchez la última de las amenazas, lanzada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que exige que el «decreto Maricarmen» incluya los «alquileres indefinidos». «Tenemos un plan muy concreto y seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo hasta conseguir los contratos indefinidos y los siguientes pasos que hagan falta para que no haya ninguna Maricarmen más en nuestro país», ha advertido la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ante el centenar de tiendas de campaña instaladas en el centro de la capital.
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