Lleida lo ha vuelto a hacer. El pleno de la Paeria ha aprobado la modificación de la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia para prohibir que haya personas que vistan ocultando totalmente el rostro, lo que se traduce en el veto a prendas islámicas como el burka o el niqab. La polémica propuesta, que ya fue tumbada por los tribunales cuando el mismo ayuntamiento la impulsó en 2010, ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno del PSC y de los grupos municipales de Junts y Vox.
«Convivir significa respetarnos y cumplir las normas y, desde 2020, ha habido un incremento de incumplimientos de las ordenanzas», ha defendido el alcalde socialista de la ciudad, Fèlix Larrosa. «Defendemos un espacio de todos que necesita unas normas para todos con una ordenanza que combina la prevención, la mediación, la reparación y cuando es necesario, la sanción», ha añadido la tercera teniente de alcaldía y concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón.
Según la nueva normativa, queda prohibido llevar cualquier prenda de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en espacios públicos, y hacerlo se considerará a partir de ahora una infracción leve y se podrá sancionar con entre 400 y 750 euros.
Los socialistas llevan meses defendiendo que este nuevo reglamento «no solo limita conductas, sino que protege las libertades». El propio president de la Generalitat, Salvador Illa, se pronunció sobre este asunto y aseguró en abril que «no hay una actitud racista ni en contra de determinados símbolos» en el planteamiento de la Paeria de Lleida. «Hace referencia específica a salvaguardar los derechos fundamentales en el ámbito religioso», añadió sobre el debate que abrió este proyecto por posibles afectaciones a la libertad religiosa.
La polémica no es baladí porque Lleida fue pionera en el Estado al intentar prohibir el burka y el niqab en espacios municipales en 2010, cuando el alcalde era Àngel Ros, pero los tribunales echaron al tratse las expectativas. La medida fue recurrida por la asociación islámica Watani y fue posteriormente anulada por una sentencia del Tribunal Supremo argumentando que los ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental.
Ahora, el consistorio está convencido de que la norma sí superará el filtro de la justicia porque el veto no se sustenta en argumentos de seguridad, sino en la defensa de la igualdad.
Pero, pese a esto, el ayuntamiento seguirá pendiente de si alguna entidad la vuelve a llevar a los tribunales. Vox y Junts han celebrado el resultado, mientras que el PP ha votado en contra porque considera que esta normativa no prohíbe estos elementos, «sino que los permite y los regula». ERC y Comú de Lleida, en cambio, han cargado contra el fondo y la forma del texto.
La ordenanza también prevé a partir de ahora sanciones para las actitudes incívicas que oscilan entre los 400 y los 3.000 euros y penaliza la reincidencia.
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