Hace cuarenta y ocho años, escribiendo sobre la reivindicación marroquí de las plazas, peñones e islas del norte de África bajo soberanía española, me preguntaba si acaso con el ominoso abandono del Sahara España podía dar por cerrado el capítulo de las reclamaciones territoriales de Marruecos. Mi respuesta era desalentadora: Políticamente, la situación de Ceuta, Melilla, Vélez de la Gomera, Alhucemas y las islas Chafarinas era, de cara al futuro, «delicada como la porcelana». Ese futuro se ha hecho presente.
La pretensión de Marruecos sobre estos territorios carece de sustentación jurídica. Son contiguos a Marruecos, pero no son de Marruecos; geográficamente, son norteafricanos, jurídicamente, españoles. La contigüidad no es en sí misma un título de dominio territorial. Por otro lado, desde un punto de vista histórico la presencia española es multisecular, anterior a la constitución misma del actual reino de Marruecos. Los paladines de la causa marroquí quieren ir más atrás, pero si lo hacemos, ¿por qué no remontarnos a los romanos, que llamaban al norte africano Hispania transfretana, la España más allá del Estrecho? La historia que no se concreta en tratados suscritos por entidades reconocibles como soberanas es altamente manipulable.
Con Marruecos se han firmado tratados de límites que, partiendo del reconocimiento de la soberanía de España, permitieron ampliar el perímetro de las plazas. Ceuta fue española por decisión de su población al disolverse en 1640 la unión de las Coronas de España y Portugal, que la había ocupado en 1415. Melilla, Vélez de la Gomera y Alhucemas lo fueron entre finales del siglo XV y mediados del XVII, para combatir a los piratas -o corsarios- berberiscos que operaban desde Argel, Trípoli o Túnez. La ocupación de las Chafarinas, cerca de la actual frontera entre Marruecos y Argelia, fue más reciente, a mediados del siglo XIX, anticipándonos a Francia.
Así pues, ni la geografía, ni la historia, ni el derecho avalan la pretensión de Marruecos. Tampoco la comparación con Gibraltar donde la soberanía británica se fundó en una conquista legalizada por un tratado de cesión, el malhadado tratado de Utrecht de 1713. Durante el reinado de Hassan II Marruecos quiso acompasar su reclamación de las plazas norteafricanas a la española del Peñón, hasta que viendo que ésta iba para largo, optó por desvincularla. Lástima. Ahora podría tomar ejemplo del curso del contencioso de Gibraltar, sepultado -o incinerado- por el Acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido del pasado 14 de julio.
La pretensión marroquí tiene una base exclusivamente política animada por el delirio del Gran Marruecos que, frente a una España débil y vulnerable, puede hacerse realidad. Con el general Franco muriéndose en Puerta de Hierro, sus albaceas abandonaron el Sahara en manos de Marruecos (y Mauritania) en una de las acciones más vergonzosas de nuestra política exterior. Tras medio siglo de nadar y guardar la ropa, el actual presidente de gobierno, sin consultar a nadie, se sumó en marzo de 2022 a Estados Unidos y Francia en el reconocimiento de un Sahara marroquí. Se ha especulado y se sigue especulando sobre los motivos, acaso torticeros, de su cesarista decisión.
Ceuta, Melilla y sus etcéteras ¿son sólo un punto y seguido? Que Marruecos tenga sueños y deseos es natural dentro de su percepción expansionista; Marruecos se ve a sí mismo en luna creciente. Su alianza con Estados Unidos e Israel, y Francia en el fondo de armario, lo hacen aún más peligroso. España, ¿sigue en luna menguante? Desde el siglo XIX no ha hecho más que perder territorio. ¿Acaso eso se acabó y las plazas norteafricanas son una inconmovible línea roja? Cuando el mismo Estado está sometido a tensiones centrífugas que amenazan su implosión o la transformación de su condición constitucional de nación de nacionalidades (y regiones) en una (con)federación de naciones, las líneas rojas pierden color.
De Ceuta y Melilla podría decirse por gobiernos débiles o pusilánimes lo que se dijo de otros territorios abandonados, a saber, que son de España, pero no son España. Al fin y al cabo, no hay en nuestra Ley Fundamental ningún precepto que blinde el territorio esencialmente español ni consagre como tal a las plazas norteafricanas. Las declaraciones políticas son como hojas del otoño que, secas, caen al suelo tras un breve vuelo conducido por el viento. Quien dirija sus ojos a los archivos podrá encontrar antecedentes de negociación de la cesión que ahora Marruecos propugna.
En un artículo publicado el pasado 19 de septiembre en «El País», Tahar Ben Jelloun, siempre bienvenido en sus páginas, sostiene que Marruecos y España «están condenados a entenderse y cooperar para mantener los importantes intercambios económicos y salvaguardar los intereses mutuos» y, dentro de este contexto, «llegar a un acuerdo para devolver Ceuta y Melilla a Marruecos sería un gesto histórico y realista». En su opinión, «tal vez el drama de los días 30 y 31 de julio haya tenido como efecto colateral plantear, de manera brutal, la cuestión de una colonización que ya no tiene sentido».
Tahar Ben Jelloun, académico y persona próxima al trono, ha sido un recurrente postulante de la cesión por España de las plazas norteafricanas. Hace más de treinta años (el 30 de mayo de 1995) ya publicó en «El País» un artículo («Anacronismo Ibérico»), con lo que el ministro Marlaska llamaría una profunda percepción subjetiva; en él calificaba arbitrariamente como colonial la presencia española en el norte de África. En aquella ocasión, los responsables de las páginas de Opinión del diario me pidieron una respuesta inmediata, que se publicó al día siguiente («Al otro lado del Estrecho»).
La avalancha de decenas de miles de marroquíes y subsaharianos sobre Ceuta al finalizar julio fue un drama sí -para ellos y para los ceutíes- con centenar y medio de ahogados de los que nadie quiso hacerse cargo y más de diez mil sujetos deambulando cincuenta días después por la ciudad. Estos son los auténticos migrantes irregulares. Los demás fueron la coreografía orquestada por -o con consentimiento del- gobierno marroquí para dar una puntada más en su política de expansión territorial frente a un Estado en conflicto consigo mismo, con gobiernos cada vez más deshilvanados cuya voluntad de defender la integridad territorial en sus actuales límites cabe poner en duda.
Suscríbete para seguir leyendo
