La rehabilitación urbana y la accesibilidad se han convertido en pilares estratégicos para el futuro de Canarias ante el envejecimiento de un parque inmobiliario en el que más del 30% de los edificios supera los 50 años o pertenece a la década de los 70, y de una población marcada por el baby boom. A ello se suma un turismo europeo progresivamente más envejecido, con mayor poder adquisitivo y que demanda servicios de calidad y entornos adaptados. Los expertos reunidos en la mesa redonda Seguridad y accesibilidad: nuevos retos de la rehabilitación urbana, organizada por LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, coinciden en que la accesibilidad debe entenderse como un derecho universal y un factor de revalorización social y económica, no como una solución puntual. En el encuentro participaron María Gómez, directora Territorial Centro Canarias de TK Elevator; Elena Azparren, presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Las Palmas; Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria; Abel Herrera, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; y José Alberto Jiménez, arquitecto especialista en arquitectura accesible.
El debate puso de manifiesto que Canarias avanza en accesibilidad, pero a paso lento. Los ponentes coincidieron en que adaptar los entornos e infraestructuras no solo diferencia la oferta frente a destinos competidores, sino que aporta rentabilidad económica y un valor añadido indispensable para toda la sociedad. Además, consideraron que hace falta más sensibilidad social e institucional. Para avanzar en accesibilidad plantearon coordinar las ayudas públicas y la gestión entre las administraciones y las empresas privadas, simplificar la burocracia, profesionalizar el mantenimiento de los espacios o edificios que han incorporado la accesibilidad y, entre otras medidas, integrar desde el anteproyecto la experiencia de las personas con discapacidad.
TK Elevator
María Gómez, directora Territorial Centro Canarias de TK Elevator (empresa especializada en soluciones de movilidad urbana, con servicios de diseño, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores, escaleras mecánicas y otras soluciones de transporte vertical), destacó que las soluciones de ingeniería para resolver barreras arquitectónicas ya están totalmente desarrolladas. La compañía cuenta con tres plantas de fabricación en Móstoles, Andoain y Mieres, lo que permite diseñar proyectos a medida tanto en edificios residenciales habitados o patrimonio protegido como en grandes actuaciones de accesibilidad urbana que vertebran barrios enteros.
Puso como ejemplo la conexión en el entorno de Primero de Mayo en Las Palmas de Gran Canaria, que permitió superar los desniveles y la orografía compleja de la zona, como la del entorno de los Riscos, logrando conectar barrios y vertebrar socialmente a la comunidad.
La accesibilidad es un derecho de ciudadanía: debemos superar las barreras invisibles con concienciación y simplificar la burocracia»
María Gómez aludió al estudio elaborado por su empresa, Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España, que concluye que el 40% de las personas deja de visitar a sus amigos o familiares debido a la falta de condiciones de accesibilidad en sus viviendas o en su entorno urbano. La directora territorial de TKE afirmó que este dato fue el que más le impactó y reflexionó sobre la pérdida de riqueza personal y el grave aislamiento social que causa en las personas mayores. El estudio refleja que el 37% de los clientes decide sus visitas comerciales en función de las condiciones de accesibilidad que ofrece el espacio o establecimiento y el 50% de los turistas españoles consulta de antemano si el destino o localización es accesible antes de decidir y contratar su viaje.
A su juicio, una gran inversión inicial en obras se pierde si no se planifica un mantenimiento adecuado y, por ello, insistió en que es necesario incorporar el mantenimiento en los proyectos. La empresa aplica tecnología IoT y herramientas conectadas a la nube que permiten monitorizar equipos a distancia y anticipar averías antes de que ocurran. Asimismo, advirtió que cuando surgen nuevas exigencias normativas, las bases de las ayudas públicas deben fijar plazos de ejecución realistas para no saturar la capacidad de fabricación y evitar cuellos de botella.
Sensibilización social
En cuanto a la sensibilización social, Gómez puso como ejemplo que, en ocasiones, al instalar dispositivos de accesibilidad, como sintetizadores de voz en ascensores, se reciben peticiones de vecinos o clientes hoteleros para apagarlos o bajar su volumen porque les molesta. Desde la empresa siempre se trata de orientar al cliente o concienciar y sensibilizar sobre el impacto de una medida.
«La clave absoluta es la formación: no se estudia accesibilidad y se invierte dinero público en obras que terminan siendo trampas»
Asimismo, la directora Territorial Centro Canarias de TK Elevator hizo un llamamiento urgente para impulsar la FP y captar cantera joven hacia el sector de la elevación, una profesión «invisible» pero con «paro cero», alta digitalización y un claro impacto en la calidad de vida.
Administradores de fincas
Elena Azparren, presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Las Palmas, durante sus intervenciones remarcó que no se debe actuar únicamente cuando un propietario alcanza los 70 años o sufre un problema puntual de movilidad. La accesibilidad es una inversión preventiva que incrementa la rentabilidad, el entorno social y el valor económico de todo el edificio. Aseveró que «esa planificación ordenada es fundamental» y es necesario sentarse a establecer una agenda clara y concreta desde el principio, en lugar de actuar sobre la marcha o cuando surge un problema puntual. Consideró que lo más importante es la coordinación previa entre la administración pública, la propiedad privada y los administradores de fincas y remarcó que esto debe hacerse desde la propia redacción inicial de las bases de las ayudas, creando protocolos de trabajo reales, sencillos y con plazos ejecutables.
Asimismo, reivindicó al administrador de fincas como el profesional idóneo para conectar a los propietarios con las normativas, los técnicos, las licencias municipales y las empresas ejecutoras, desarrollando además una labor pedagógica continua en las asambleas de vecinos.
«Canarias no es accesible, es meramente practicable: el usuario aún depende de un acompañante en lugar de tener autonomía real»
La experta resaltó como un avance histórico determinante la reforma legal que reconoce capacidad jurídica a las comunidades de propietarios para solicitar préstamos bancarios a su nombre. Esto permite acometer obras de accesibilidad o rehabilitación sin depender exclusivamente del pago al contado o de derramas inasumibles.
Fondos Next Generation
Azparren fue especialmente crítica con el «fracaso estrepitoso» de los Fondos Next Generation. Sostiene que la administración exigía una documentación tan engorrosa que desanimaba a los propietarios en las asambleas y provocaba la parálisis de los proyectos. Advierte con tristeza que la incapacidad para gestionar estos recursos puede provocar que Europa reduzca la financiación en futuras convocatorias. En este sentido, y con la reforma de la ley de Discapacidad recién aprobada en el Congreso, se ofreció a colaborar con la administración para redactar bases sencillas, con protocolos de trabajo reales y plazos de ejecución realistas que eviten el colapso por falta de mano de obra.
Un derecho universal
Isabel Mena, consejera de Accesibilidad del Cabildo grancanario, considera la accesibilidad como un derecho universal de ciudadanía. Por ello, defendió con firmeza que las políticas públicas deben dejar de considerar la accesibilidad como una concesión o favor asistencial hacia la discapacidad, para asumirla como un derecho de ciudadanía global que beneficia a familias con carritos de bebé, personas mayores o turistas. Repasó las actuaciones del Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Accesibilidad Universal y el Observatorio de Accesibilidad, desarrollado junto a la ONCE. Destacó infraestructuras públicas de conexión urbana orientadas a superar la compleja topografía de la isla, como el ascensor urbano de Las Rehoyas, que conecta la ciudad alta con la baja, y las intervenciones en los riscos de Primero de Mayo.
Además, subrayó que la sociedad ha aprendido a identificar las barreras físicas visibles (aceras, pasos de peatones, rampas), pero sigue existiendo poca conciencia e insolidaridad hacia las barreras invisibles (sensoriales, cognitivas o de lectura fácil). Y coincidió, ante las carencias actuales, en que se ha de realizar una autocrítica institucional y se debe avanzar en una simplificación administrativa drástica de las ayudas públicas, reconociendo que las comunidades de vecinos no poseen la estructura técnica para gestionar expedientes complejos.
«Los fondos europeos fracasan por su densa burocracia: urge coordinar a todos los agentes con trámites sencillos que hagan viable la rehabilitación»
Asimismo, advirtió que aprobar normativas o leyes autonómicas de poco sirve si no vienen acompañadas de respaldo presupuestario y agilidad tramitadora.
Abel Herrera, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, basó su postura en la máxima de la Convención de la ONU: «Nada sobre nosotros sin nosotros».
La labor de la ONCE
Abel Herrera afirma de forma rotunda que a día de hoy Canarias no es accesible, sino meramente «practicable», explicando que la practicabilidad significa que una persona con discapacidad física, sensorial u otra solo puede desenvolverse o realizar sus actividades con la ayuda, el acompañamiento o la asistencia de un tercero, sin alcanzar una autonomía real. Herrera contó detalles que muestran los problemas para las personas con discapacidad. Una vez tuvieron que rechazar tres ofertas hoteleras para un grupo de 120 personas mayores con discapacidad visual porque las habitaciones presentaban escalones en medio.
También señaló la presencia en las aceras de obras sin señalizar y arquetas de luz abiertas sin vallas de protección o que en paradas dobles de guaguas es imposible abordar el vehículo de forma autónoma. Además, denunció que los semáforos acústicos se apagan a las 22:00 horas por quejas sobre el ruido o los fines de semana.
«Uno de los retos mas importantes es planificar un mantenimiento preventivo continuo para que la inversión inicial no sea en vano»
Para Herrera, esto se debe a un desconocimiento profundo por parte de la ciudadanía y de las administraciones locales para gestionar estas cuestiones, que la ONCE intenta solucionar. En su opinión, las personas con discapacidad deben participar en los proyectos desde la fase inicial de diseño y no como una evaluación posterior o consulta ignorada.
Falta de formación
José Alberto Jiménez, arquitecto especialista en Arquitectura Accesible, remarcó que la falta de formación en accesibilidad, desde las escuelas hasta los grados superiores, es uno de los grandes problemas. Jiménez hizo autocrítica al revelar que en la carrera universitaria de Arquitectura nunca se imparte la materia de accesibilidad, lo que conduce a que los proyectistas cometan «errores inocentes» en la ejecución por puro desconocimiento de base. Entre estos fallos, citó la costumbre de ubicar las viviendas adaptadas únicamente en la planta baja sin hacer accesible el resto de los pisos, así como la inversión de dinero público en obras hechas con buena intención pero mal ejecutadas, como las rampas de acceso a las playas que terminan convirtiéndose en verdaderas «trampas» por tener pendientes inadecuadas.
Frente a este escenario, el arquitecto subrayó que la accesibilidad debe entenderse como una necesidad social y un valor que revaloriza el entorno global y la rentabilidad económica del anticuado parque inmobiliario canario. Jiménez argumentó que este diseño inclusivo no solo responde al progresivo envejecimiento poblacional, sino también a las exigencias de un turismo europeo de mayor edad y nivel adquisitivo en la edificación y el espacio público.
Por ello, reclamó que los programas generales de accesibilidad superen las meras licitaciones burocráticas e incorporen mesas de expertos y la colaboración activa de las asociaciones de afectados. Finalmente, reconoció que las administraciones no pueden hacer milagros dada la escasez de personal y los rígidos plazos administrativos, pero remarcó que las normas no pueden quedarse en el papel y deben traducirse en soluciones prácticas para la ciudad. Y, añadió, que es una profesión con gran desarrollo tecnológico e impacto social porque facilita la movilidad de las personas.
