La polémica por las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal vuelve a golpear al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un audio de una reunión interna del centro, difundido por El País, recoge cómo responsables del servicio reconocen que fueron ellos quienes acordaron modificar la prioridad de determinados pacientes y rebajar de “preferentes” a “normales” a enfermos que habían sido clasificados inicialmente por los cirujanos.
El contenido de esa reunión ha dado un nuevo giro a una controversia en la que la presidenta madrileña y su consejera de Sanidad, Fátima Matute, habían señalado al cirujano Luis Alberto Martos como responsable de una supuesta manipulación irregular de las listas de espera.
La reunión de crisis en el Ramón y Cajal desmonta la acusación de Ayuso: “Acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales” https://t.co/yqAvGkCGml pic.twitter.com/4Elrjk3rYd
— EL PAÍS (@el_pais) September 19, 2026
Según la información publicada por El País, los cambios afectaron a 57 pacientes. Los responsables del hospital defendieron durante la reunión que la decisión se tomó ante la imposibilidad de mantener a determinados pacientes con prioridad preferente durante largos periodos de tiempo y ante la falta de recursos para atender toda la demanda.
Uno de los momentos más relevantes de la conversación se produce cuando Enrique Aracil, subdirector quirúrgico, explica ante el equipo que, después de debatir sobre la situación y atendiendo al criterio médico del jefe del servicio, se decidió que las prioridades preferentes pasarían a normales.
La explicación provoca la intervención de una profesional, que cuestiona que se pueda modificar la prioridad establecida por el cirujano responsable sin contar con él. Es entonces cuando Basilio José de la Torre Escudero, jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, reconoce que sí se produjeron esos cambios.
“Se cambió porque no podíamos mantener enfermos preferentes con diagnósticos convencionales 200 días, eso es un tema legal”, responde.
Preguntado sobre si informó a los médicos que habían establecido originalmente esas prioridades, De la Torre admite que habló “con algunos” cirujanos, pero “no con todos”. Explica que habló con el jefe de la sección de miembro inferior y con otros profesionales que, según relata, le trasladaron que habían marcado a determinados pacientes como preferentes porque pensaban que podrían ser operados antes.
“Los recursos son los que son. La demanda es muy grande y los recursos que yo tengo son limitados”, afirma. Es precisamente esa conversación la que ha llevado al PSOE de Madrid a endurecer sus críticas contra el Gobierno de Ayuso.
El PSOE acusa a Ayuso de “mentir compulsivamente”
Carlos Moreno, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario de Sanidad del partido en la región, ha acusado al Ejecutivo autonómico de “mentir compulsivamente” sobre las listas de espera del Ramón y Cajal y de someter a los grandes hospitales públicos a una situación de falta de recursos.
Para Moreno, el audio publicado por El País no solo cuestiona la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre el origen de los cambios, sino que muestra, a su juicio, “el desvelo de todo un equipo médico por intentar solucionar los problemas médicos de los madrileños en un tiempo que nada tiene que ver con el que publica en sus listas de espera”.
El dirigente socialista sostiene que los hospitales públicos reciben “unos recursos absolutamente insuficientes” para hacer frente a la demanda asistencial y afirma que esa situación conduce al Gobierno regional a “maquillar como sea” las estadísticas para cumplir, según su acusación, con los objetivos políticos marcados por la presidenta.
“Es verdaderamente indignante que una vez más, como en el caso del Hospital de Torrejón, unos audios demuestren que la señora Ayuso y la consejera de Sanidad mienten compulsivamente”, ha afirmado Moreno.
La cuestión central de la polémica se encuentra ahora en quién ordenó o decidió los cambios en la prioridad de los pacientes. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, había asegurado que fue el propio denunciante quien “manipuló las listas de espera de manera irregular” en 57 casos concretos.
Sin embargo, el audio difundido por El País recoge a responsables del propio hospital explicando ante otros profesionales que fueron ellos quienes tomaron la decisión de cambiar las prioridades. La dirección defendió que lo hizo por razones asistenciales y por la imposibilidad de mantener determinados pacientes como preferentes durante periodos prolongados.
La grabación no elimina por sí sola todas las cuestiones pendientes sobre la gestión de las listas, pero sí introduce un elemento relevante en la controversia: los responsables del servicio reconocen expresamente haber participado en los cambios que la Comunidad había atribuido públicamente al médico denunciante.
El choque por los recursos
Moreno ha utilizado además el episodio para plantear un debate más amplio sobre el funcionamiento de la sanidad pública madrileña. A su juicio, el problema no se limita a quién modificó una determinada prioridad quirúrgica, sino a la presión que soportan los hospitales públicos debido a la falta de recursos frente a una demanda asistencial creciente.
En la reunión del Ramón y Cajal, precisamente, uno de los responsables del servicio reconoce que los recursos disponibles son limitados mientras la demanda es “muy grande”. La dirección justificó así la necesidad de reorganizar las prioridades de determinados pacientes.
Para el PSOE, esa frase constituye el trasfondo de toda la polémica: un sistema sanitario sometido a presión que, según los socialistas, acaba reflejándose en las listas de espera.
