En los tribunales, lejos de los pastos y de los montes asturianos por donde campa el lobo ibérico, se libra una de las principales batallas por la gestión de la especie, «maldita» para los ganaderos por los ataques a sus reses y defendida con uñas y dientes por las organizaciones ambientalistas. Los primeros quieren que se apliquen de forma efectiva los controles poblaciones para eliminar ejemplares y reducir los daños al ganado; los segundos no están dispuestos a permitir que se mate un solo lobo y ante el nuevo programa de la Consejería de Medio Rural ya han acudido a los tribunales para frenarlo.
Pero las organizaciones agrarias asturianas también estarán en ese frente jurídico. Unión Rural Asturiana (URA) y COAG Asturias han decidido personarse en los procedimientos judiciales abiertos contra el nuevo marco de gestión de la especie para defender los intereses de los ganaderos y tratar de impedir que los recursos promovidos por colectivos conservacionistas paralicen las eliminaciones previstas por el Principado.
El movimiento se produce precisamente cuando la Consejería de Medio Rural se dispone a reanudar este mismo mes los controles. El programa elaborado por el Gobierno asturiano incluye la muerte de un máximo de 67 lobos hasta el 31 de diciembre de 2027, sobre una población mínima estimada de 412 ejemplares. Si al finalizar ese periodo no se hubiesen alcanzado los cupos establecidos, existe la posibilidad de prolongar las actuaciones hasta marzo de 2028.
La ofensiva judicial de las organizaciones del campo llega después de que distintos colectivos conservacionistas hayan recurrido las medidas y solicitado su suspensión cautelar. El actual programa parte de la modificación aprobada el pasado verano por el Principado del II Plan de Gestión del Lobo, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulase el anterior programa de controles al considerar que se sustentaba en un marco que había perdido eficacia tras los cambios normativos introducidos en 2021. El Ejecutivo modificó posteriormente el plan para adaptarlo a la nueva situación legal.
URA se ha personado como parte afectada en uno de los procedimientos abiertos contra el plan. La organización dirigida por Borja Fernández sostiene que una eventual anulación tendría consecuencias directas para las explotaciones ganaderas y limitaría la capacidad de la Administración autonómica para intervenir sobre la población de lobos. “Los ganaderos no podemos quedarnos al margen de un procedimiento que afecta directamente a nuestra actividad y a nuestro futuro. Si alguien pretende tumbar el Plan de Gestión del Lobo, nosotros vamos a defenderlo en los tribunales”, afirma Fernández.
Gestión activa
URA defiende que los controles deben adaptarse a la situación de cada territorio y a la incidencia de los ataques. A su juicio, la conservación de la especie y el mantenimiento de una ganadería viable pueden ser compatibles, pero para ello considera imprescindible una “gestión activa” que evite que sean las explotaciones las que soporten en exclusiva las consecuencias de la presencia del lobo. Fernández recuerda que detrás del debate existen “animales muertos, explotaciones afectadas y ganaderos que llevan años soportando los daños”.
COAG Asturias ha dado un paso similar ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La organización ya ha sido admitida como parte afectada en la pieza separada de medidas cautelares relacionada con el plan y considera especialmente relevante poder intervenir antes de que el tribunal decida si accede a paralizar temporalmente las actuaciones.
Disponen de diez días para presentar alegaciones y sus servicios jurídicos preparan un informe con el que tratarán de justificar ante la Sala la necesidad de mantener los controles. Uno de los argumentos que pretende trasladar al tribunal es que las medidas preventivas utilizadas en las explotaciones, entre ellas los mastines y los vallados electrificados, no han resultado suficientes en todos los casos para evitar los ataques.
COAG, dirigida por David Pérez Naya, sostiene que la suspensión cautelar dejaría congelada la campaña antes incluso de su puesta en marcha y reclama que la posición del sector primario sea escuchada junto a la de los colectivos recurrentes y la Administración. La organización aspira a que el TSJA rechace las cautelares y permita aplicar el programa mientras se resuelve el fondo de los recursos.
El Principado justifica los 67 ejemplares previstos como máximo en el censo de 2025 y en el histórico de daños de las distintas zonas de gestión. Según los datos difundidos por Medio Rural, durante el pasado año los ataques atribuidos al lobo afectaron a 3.893 cabezas de ganado y dieron lugar a indemnizaciones por 1,9 millones de euros. El Ejecutivo defiende que los controles forman parte de un paquete más amplio que incluye también ayudas para prevención e indemnizaciones por daños.
