La cifra de migrantes en Ceuta sigue revisándose al alza por parte del Gobierno hasta reconocer que al menos hay alrededor de 10.000. Estos son los cálculos de fuentes del mando único que dirige el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, teniendo en cuenta tanto los reubicados en centros de acogida como los que permanecen en las calles y acuden a recibir recursos alimentarios. Sin embargo, se trata de una estimación y no se descarta que la cifra pueda seguir aumentando. Las mismas fuentes asumen que de estos migrantes, uno de cada diez podrán tener derecho a asilo. Se trataría principalmente de los migrantes no marroquíes de origen subsahariano, apuntan desde el Ejecutivo. No llegarían, por tanto, al millar. Dentro de este cómputo, sin embargo, se incluyen a los menores migrantes, con un marco legal más garantista.
Los menores migrantes filiados en Ceuta son un total de 2.048. De ellos, 1.612 han sido identificados posteriormente a la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. En el caso de los menores, el Gobierno si se atreve a afinar más las cifras sobre los que todavía permanecen fuera de centros de acogida. Se trataría de entre 700 y 1.000.
La prioridad del Gobierno es que sean devueltos para el reagrupamiento familiar y se acogen al compromiso trasmitido por Marruecos para ello. Cuanto menos, con los que cruzaron la frontera durante la entrada masiva, pues ninguno de los 600 expedientes enviados anteriormente a Rabat con este fin habían sido respondidos a fecha de este lunes, según reconocen desde el ministerio de Política Territorial. La prueba de la colaboración ofrecida por Rabat para la devolución de los menores se medirá cuando se vuelvan a enviar los nuevos expedientes sobre reagrupación familiar.
La competencia de la tutela es autonómica, pero el objetivo del Gobierno para descongestionar los servicios de la ciudad autónoma y contribuir a la recuperación de la normalidad es activar el artículo 35 de la ley de extranjería y reubicarlos en otras comunidades autónomas. Las comunidades gobernadas por el PP están evitando firmar su traslado y solo Navarra ha comenzado a activar plazas de acogida.
El Gobierno confía también en acelerar todo el proceso por el goteo de salidas voluntarias de migrantes. Desde el 10 de agosto han sido un total de 5.482 personas las que han cruzado la frontera para volver a Marruecos. Solo este lunes lo hicieron 90. Desde que se producen las reubicaciones y se inician los expedientes, suelen transcurrir entre 12 y 16 semanas. Unos plazos que el Gobierno quiere recortar con el incremento de recursos y del personal implicado en el proceso, desde policías a jueces, pasando por funcionarios de extranjería.
Otros factores, como la posibilidad de recurso por parte de los migrantes que vean denegado el derecho a asilo, pueden alargar los plazos para las repatriaciones. Para el Gobierno, un paso crucial ahora mismo de cara a ir retomando la normalidad es que se aloje a todos los migrantes que permanecen en la calle. Un primer paso fundamental, además, para las filiaciones y la apertura de expedientes. De ahí que se eviten poner fechas, con el plazo de finales año dado para extender la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta.
Cuotas de apoyo en países de la UE
Para los migrantes que finalmente que tengan derecho a asilo, uno de los reglamentos del Pacto Europeo de Migración y Asilo permite al Gobierno solicitar la activación del llamado mecanismo de solidaridad obligatoria o ‘cuotas de apoyo’. Se trataría de reubicar a estos migrantes en terceros países de la UE si se demuestra comprometida la estabilidad del sistema de acogida nacional.
Por el momento se han solicitado fondos de emergencia y ayuda de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), pero se ha desechado esta posibilidad, anticipando que el Estado “tiene músculo para responder”. Concretamente, el Ejecutivo solicitó en las primeras semanas tras la crisis asistencia para reforzar la protección de la frontera y las infraestructuras que garanticen su seguridad, así como para mejorar la capacidad de acogida, incluida la de menores no acompañados.
Mientras el Gobierno hace frente a la crisis migratoria, trata de contener las polémicas derivadas de su gestión en Ceuta. Entre ellas, la existencia o no de alertas previas de los servicios de inteligencia, que azuzó la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta afirmando que alertó a su superior de las alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fuentes de Moncloa sostienen que mantienen su total confianza en Miguel Ángel Pérez, ahora investigado por la Audiencia Nacional.
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