Canarias se planta. La Comunidad Autónoma prepara la vía judicial contra el Gobierno central por la figura del representante de los menores durante el procedimiento de triaje, es decir, el primer proceso de identificación y evaluación tras su llegada a las costas canarias. El Ejecutivo regional lleva meses reclamando información sobre esta figura, que hasta el momento sigue rodeada de incógnitas, y recuerda que el triaje de los menores migrantes no acompañados es competencia «exclusiva» del Estado. Ante las dudas que persisten tres meses después de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo – que incluye la figura del representante -, el Gobierno canario acudirá al Tribunal Supremo si el Estado no asume la competencia. Así lo anunció este lunes la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras reunirse en Madrid con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
«Esperaremos a dilucidarlo ante la justicia, pero mientras tanto volvemos a empezar a tener hacinamiento en Canarias, volvemos a aumentar el número de menores atendidos en las Islas y eso no lo podemos tolerar. Canarias no puede tolerar volver a las cifras que teníamos en años anteriores», criticó Delgado. El objetivo del Ejecutivo autonómico es claro: que los menores cuenten con un representante durante el triaje que garantice sus derechos y sean atendidos conforme al procedimiento establecido por la normativa europea: «Lo que queremos es que esos menores tengan ese defensor y que sean atendidos. No sabemos exactamente, de todos lo menores que han llegado en las últimas semanas, si hay solicitantes de protección internacional».
Primeros pasos
Los primeros pasos ya han comenzado a darse. La Comunidad Autónoma remitió el pasado viernes un escrito al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en el que expone su posición sobre el procedimiento. El siguiente paso, reconoció la consejera, será formular un requerimiento al Estado «como ya se hizo con la atención de los menores solicitantes de asilo» y, posteriormente, «elevarlo al Supremo».
El Gobierno central ha puesto sobre la mesa, por su parte, la posibilidad de asumir los gastos derivados de la atención de los menores durante este procedimiento. Una propuesta que Delgado rechaza al considerar que el conflicto no es económico, sino competencial. «No me vale un ofrecimiento de que me van a pagar esos gastos. Seguimos en contingencia migratoria, el Estado tiene que asumir los gastos y no me vale que Canarias tenga que asumir otra competencia más del Estado sin ninguna negociación previa», sostuvo.
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