El pasado 2 de marzo, el Real Zaragoza y la sociedad Nueva Romareda, de la cual forma parte, suscribieron un contrato de arrendamiento de industria para la explotación del estadio. Solo dos días después, el 4 de marzo, el club emitió una factura de ocho millones de euros a la SL, en la cual el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón tienen presencia mayoritaria (al 75%). ¿El motivo? Como se ha dado a conocer en las cuentas anuales de la sociedad mixta, el contrato incluye la subrogación en favor del club de las obligaciones derivadas del naming que se adjudicó Ibercaja para los próximos diez años, que supone que la entidad bancaria se comprometía a pagar diez millones para dar su apellido tanto al estadio modular del Actur (Ibercaja Estadio) como al nuevo hogar del club (Ibercaja Romareda), cuyas obras deberán estar concluidas para la próxima temporada.
Sin embargo, esta cesión económica ha vuelto a poner en el foco del debate público la implicación del Real Zaragoza, que recientemente ha cambiado de propiedad (A.GAIN se hizo con el control mayoritario de las acciones a principios de verano), puesto que, cuando se anunció que Ibercaja pondría su sello a ambos campos de fútbol, no se especificó que ese dinero fuese a parar a las arcas del club aragonés. De hecho, el banco de capital aragonés adelantó los diez millones (mínimo que podría llegar a 19 en función de la categoría) de una sola tacada, que era la cifra que el Real Zaragoza estaba obligado a pagar a la sociedad Nueva Romareda en 2025.
Dicho pago llegó sobre la bocina, el penúltimo día del año, y en el comunicado que entonces emitió la anterior propiedad del club se recalcó su “firme compromiso” con este proyecto “estratégico” y que el Real Zaragoza cumplía con los plazos de forma “puntual y estricta”. Cuestión esta última que no es baladí, teniendo en cuenta que en 2024 el Zaragoza aplazó sus compromisos y firmó un nuevo calendario de pagos. Y ese primer abono se vio compensado apenas dos meses después con esa transferencia de ocho millones de euros, tomando como base un contrato que ninguna parte ha hecho público por el momento.
“Una vez el contrato está firmado, el (dinero proveniente del) naming hay que dárselo a quien corresponde, que es al club”, justificó la alcaldesa (y presidenta de Nueva Romareda), Natalia Chueca, esta misma semana al ser preguntada por esta cuestión, con el matiz de que este contrato, al implicar también al Gobierno de Aragón y al propio Real Zaragoza, no sigue las mismas reglas que un expediente 100% municipal, por lo cual no es público. Todo, a raíz de una información que provocó que los otros tres partidos de la corporación, PSOE, ZeC y Vox, este último socio preferente de Chueca y con presencia en el consejo de la sociedad Nueva Romareda, pidiesen explicaciones.
Un debate por las formas
Y es que esta polémica es solo la última en torno a las formas que rodean a la construcción del estadio. En la campaña de las últimas elecciones municipales, en 2023, desde el PP se sostenía que el campo no iba a costar “ni un euro a los zaragozanos”. Pero ese mismo verano, ya con Chueca en la plaza del Pilar y con su predecesor, Jorge Azcón, en el Pignatelli, un recurso de Podemos ante el TACPA paralizó el concurso público originario, en el cual se contemplaba que el adjudicatario (que iba a ser el Real Zaragoza) sufragase el 100% de las obras.
Así, pese a que a los pocos días el TSJA dio la razón al ayuntamiento de forma cautelar (meses más tarde lo haría de forma definitiva), el club se apoyó en ese hecho para alegar “inseguridad jurídica” y no presentar ninguna propuesta. Así nació, a finales de 2023, la sociedad mixta Nueva Romareda, en la que la participación se iba a repartir a partes iguales entre el consistorio, la DGA y el Real Zaragoza. El capital social que se firmó era de 120 millones, 40 aportados por cada parte, aunque del erario municipal solo saldrían 16,5, ya que el resto (24,5 millones) correspondía a la valoración de los suelos donde está La Romareda, que se cederán al Real Zaragoza a cambio de un canon para los próximos 75 años.
Ampliación del capital público
Las obras comenzaron, tras dos décadas de proyectos fallidos por una u otra razón, en julio de 2024, pero apenas unos meses después, en noviembre, la sociedad mixta sufrió una reestructuración que, a nivel económico, volvía a beneficiar al Zaragoza. En ese sentido, para no acudir a vías de financiación externa, se aprobó una ampliación de capital de 72 millones de euros que fue sufragada por completo por las dos patas públicas del proyecto.
El ayuntamiento aportaba 36 millones y el Ejecutivo autonómico otros tantos. El club quedaba, por tanto, en una posición minoritaria, al 25%, aunque con el compromiso, sin dar detalles ni plazos, de recuperar la igualdad inicial en el futuro. Pero lo cierto a día de hoy es que de las arcas zaragocistas tan solo han salido 16,5 millones de euros, aunque tres son por los estudios arquitectónicos que aportó cuando se constituyó la SL y, como ya se ha citado, ha recuperado ocho gracias al naming.
Mientras, a 31 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Zaragoza había aportado 30,7 millones de euros (24,5 millones, como ya se ha citado, en especie) y el Gobierno de Aragón otros 30,5, prácticamente el doble de lo que ha puesto sobre la mesa el Real Zaragoza, que por el camino ha descendido al fútbol no profesional por primera vez en casi ocho décadas. En su conjunto, la operación (incluyendo la mudanza al Parking Norte) está cifrada ahora en unos 170 millones.
El club debe aportar todavía 34 millones: cinco este año, 12 al que viene y siete en 2028. Además, deberá empezar a pagar el canon por el uso y disfrute de La Romareda, tanto a nivel deportivo como comercial (todo hace indicar que los usos terciarios no podrán aprovecharse hasta después del Mundial 2030), una vez regrese. Pero esta es la foto a 6 de septiembre de 2026.
Fuente: El Periódico de Aragón
