Durante los últimos nueve meses, la investigación de posibles responsabilidades penales por parte de exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia apenas ha avanzado. Una de las causas podría encontrarse en que existen casos abiertos en diferentes juzgados de toda la Comunidad de Madrid y algunos de los jueces andan pleiteando entre ellos por eludir el asunto y en favor de armar una ‘macrocausa’ que podría englobar más de medio centenar de asuntos en el juzgado que asumió el primero de los casos, la plaza de Instrucción número 3 de la capital, que se opone a ello.
La cuestión es que algunos de estos incidentes (procesales) han llegado ya ante la Audiencia Provincial, por la vía de cuestionar la competencia o simplemente como recursos contra las decisiones de unos y otros, y la respuesta, lejos de aclarar las cosas, ha sido dispar. Al menos dos de sus secciones han dictado autos denegando la acumulación de las causas en la jueza Isabel Durántez, mientras que otra de ellas sí acordó unificar, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
La jueza Isabel Durántez, a la que sus compañeros quieren enviar sus pesquisas para que las estudie en conjunto por presuntos delitos de homicidio por imprudencia o denegación de auxilio — inicialmente también se denunció por omisión del deber de socorro- ha tomado una decisión nada habitual, como es elevar consulta con fecha del pasado 27 de agosto a la presidencia de la Audiencia Provincial, actualmente ejercida por el magistrado Juan Pablo González-Herrero.
Concretamente, la jueza pide que le aclare si procede acumular a su investigación un procedimiento concreto que le ha sido remitido por una jueza de Móstoles, tal y como acordó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial o se las devuelve a dicho juzgado, como señaló otra sección diferente, la número 1 con respecto al mismo caso.
Familiares de las asociaciones ‘7291: Verdad y Justicia’, Pladigmare y Marea de Residencias se manifiestan en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid donde este lunes se ha citado como investigados a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y un exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, por los protocolos que bloquearon el traslado de ancianos desde las residencias a los hospitales en el inicio de la pandemia de la covid. EFE/Oscar Guillén / EP
La causa de que dos tribunales diferentes resolvieran un mismo asunto de forma diametralmente opuesta es de índole procesal: en el primer caso se estudiaba una cuestión de competencia entre jueces, y en el segundo una petición de la plataforma que reúne a las familias para buscar una acumulación de todas las causas en el juzgado de Durántez, que advierte que, dada la existencia de recursos similares en relación con otras muertes en otras residencias, «pueda repetirse esta situación en otros supuestos».
Responsables investigados
EL PERIÓDICO ha tenido acceso a al menos siete resoluciones que dan cuenta de estas inhibiciones y de la existencia de discrepancias en el órgano de apelación, la Audiencia Provincial. En las causas están siendo investigados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso como el que fue exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, quien en los últimos meses ha comparecido ante varios jueces en relación con su responsabilidad en la elaboración de los denominados ‘protocolos de la vergüenza». La propia juez Durántez le mantiene imputado y en esta causa están personados como acusación popular el PSOE y Podemos.
Durántez ya ha manifestado en varias de las respuestas a la las inhibiciones de sus compañeros de la capital, Leganés o Valdemoro su negativa a no de asumir todas las causas, que actualmente superan el medio centenar. Esgrime el criterio iniciado por la propia Fiscalía, que decidió desglosar sus propias diligencias de investigación para cada uno de los fallecidos dada la diferente casuística, pues no es lo mismo un caso de abandono que muertes en centros donde sí existía equipo médico o se prestó algún tipo de asistencia especializada a los ancianos.
Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio – Europa Press
Galimatías jurídico
La respuesta a este galimatías jurídico la tiene ahora el presidente de la Audiencia, aunque ese probable que el asunto acabe recalando finalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, retrasando aún más la respuesta judicial a los fallecimientos, tal y como señala a este diario la abogada y ex diputada de Unidas Podemos Alejandra Jacinto.
«Desde que se interpuso la denuncia colectiva en octubre del 2024 instamos que hubiera una macrocausa porque queremos vincular lo que ocurrió a los protocolos, y por la falta de medicalización de algunos centros, que fue una decisión también conjunta», señala a este diario, para añadir que el tener causas repartidas en diferentes juzgados puede provocar resolucionese contradictorias.
A su juicio, todos estos conflictos de competencias están dilatando muchísimo los procedimientos y «les está viviendo muy bien a los investigados», mientas a las víctimas se las maltrata. «Es todo muy tedioso, han pasado de seis años y esto sigue sin ser investigado -añade-. Y de forma inédita ni los propios jueces saben muy bien qué hay que hacer».
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