El caso Azud entra en una nueva fase: la jueza atribuye a José María Corbín y Alfonso Grau el supuesto cobro de 3,6 y 2 millones de euros, respectivamente. Tras nueve años de instrucción, el auto de procedimiento abreviado procesa a 38 personas y recoge posibles comisiones, operaciones urbanísticas y pagos de campañas electorales del PSPV y el PP.
La investigación del caso Azud llega a su cierre
Una causa iniciada tras una carta anónima
La titular de la Plaza 13 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Pepa Tarodo, considera terminada la investigación judicial del caso Azud, iniciada en 2017. El origen de las primeras averiguaciones se remonta al 12 de enero de 2016, cuando la Agencia Tributaria recibió una carta anónima sobre el elevado tren de vida del abogado José María Corbín y su familia.
Desde entonces, la causa ha recorrido un largo camino. Llegó a reunir hasta 61 personas investigadas, aunque la resolución conocida ahora sitúa en 38 el número de procesados. El auto de incoación de procedimiento abreviado fue notificado a las partes y todavía puede ser recurrido en reforma y/o apelación.
| Elemento de la causa | Dato recogido en el auto |
|---|---|
| Inicio judicial | 2017 |
| Primeras averiguaciones | Agencia Tributaria, tras una carta anónima recibida el 12 de enero de 2016 |
| Personas procesadas | 38 |
| Máximo de investigados | 61 |
| Recurso posible | Reforma y/o apelación |
Los principales nombres señalados
Entre las personas procesadas figuran José María Corbín, abogado y cuñado de Rita Barberá; Alfonso Grau, mano derecha de la alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015; los empresarios Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando; el ex portavoz del PSPV en València Rafael Rubio, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia con Pedro Sánchez; el jurista José Luis Vera; y las hijas de Corbín.
Corbín, Grau, Febrer y Montoro permanecieron en prisión provisional durante la instrucción por estos hechos. La jueza atribuye al despacho de Corbín y a distintos protagonistas de la causa una posible relación con el cobro de comisiones ilícitas vinculadas a operaciones urbanísticas y contratos públicos.
La resolución también menciona a grupos empresariales como Acciona, adjudicataria en 2006 del contrato de gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de València mediante una unión temporal de empresas. También aparece Grupo Axis, relacionado con Jaime María Febrer y con operaciones urbanísticas y la contratación de un servicio de ayuda a domicilio.
Las presuntas mordidas y la conexión política
Los pagos atribuidos a Corbín, Grau y Rubio
Según el auto, José María Corbín habría cobrado 3,6 millones de euros y Alfonso Grau, 2 millones, en concepto de presuntas mordidas. La magistrada sitúa ambos nombres entre los principales beneficiarios de unas operaciones que, siempre según la resolución, estarían relacionadas con negocios impulsados por empresarios y con decisiones dentro del ámbito municipal.
El caso también alcanza a Rafael Rubio, antiguo concejal del Partit Socialista del País Valencià en el Ayuntamiento de Valencia. La jueza le atribuye el cobro de 197.256 euros en comisiones, que presuntamente habría ingresado mediante 77 imposiciones bancarias inferiores a 3.000 euros para evitar levantar sospechas.
Esos pagos se vincularían, según la acusación recogida en el auto, a un supuesto acuerdo para que Rubio guardara silencio desde su posición de oposición sobre negocios entre Jaime Febrer y Alfonso Grau. El documento señala además que Rubio recibía regalos de Navidad del constructor desde 2002.
Su nombre aparece relacionado con el de José Luis Vera y con la identificación “PSOE”. La magistrada sostiene que, después de que Rubio denunciara públicamente ante los medios una operación urbanística en 2005, la trama habría alcanzado un pacto con él. Se trata de afirmaciones judiciales todavía sujetas al recorrido procesal correspondiente.
El papel atribuido a José Luis Vera
José Luis Vera aparece descrito como un jurista cercano al PSPV y como un supuesto facilitador o introductor de Jaime Febrer ante ayuntamientos e instituciones socialistas. Por esa labor, las empresas del promotor le habrían pagado un millón de euros, según el auto.
La conexión habría alcanzado a Acuamed. Joan Navarro Martínez, exdirector de Relaciones Institucionales de la empresa pública, habría intercedido a favor de Febrer en relación con una desaladora prevista en Jijona. El nombre de Vera queda así situado en uno de los enlaces entre el empresario y distintas administraciones.
La instructora ha rechazado las peticiones de sobreseimiento libre o provisional formuladas por varias defensas. También ha denegado nuevas diligencias de investigación al considerar que no eran necesarias para completar la instrucción.
Hay, no obstante, una excepción. La jueza sí ha admitido la petición de José Luis Vera para declarar durante este mes de septiembre, conforme al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese trámite permitirá incorporar su versión a una causa que ya ha entrado en la fase de procedimiento abreviado.
Pagos electorales y operaciones urbanísticas bajo sospecha
El dinero que habría terminado en campañas
Una de las líneas más relevantes del auto se refiere al supuesto pago de gastos electorales del PSPV en las elecciones de 2007 y 2008. La resolución también recoge gastos vinculados al PP en Jijona, lo que amplía el alcance de las operaciones descritas más allá de una única formación política.
La empresa Espacios Urbanos de Jijona, vinculada a un plan urbanístico impulsado por Febrer, habría abonado 484.480,46 euros a Gigante Edificaciones y Obras, una compañía con sede en Tomelloso. Después, esta empresa de Ciudad Real habría pagado facturas a hasta cuatro sociedades distintas encargadas de producir material publicitario para las elecciones municipales, autonómicas y estatales del PSPV de 2007 y 2008.
El auto relaciona esos movimientos con una actuación de Acuamed sobre un plan urbanístico de Jijona. La magistrada considera que el pago de actos electorales para el PSOE durante la campaña de 2007 pudo funcionar como una supuesta contraprestación por esa intervención de la empresa pública.
La resolución menciona además otros gastos de campaña vinculados a la candidatura de Rosa María Verdú, entonces alcaldesa de Jijona y del PP. El relato judicial, por tanto, reúne pagos relacionados con candidaturas de distinto signo político. El dinero de las campañas ocupa un lugar central en esta parte del expediente.
| Operación mencionada | Importe o referencia |
|---|---|
| Pago atribuido a Corbín | 3,6 millones de euros |
| Pago atribuido a Grau | 2 millones de euros |
| Comisiones atribuidas a Rafael Rubio | 197.256 euros en 77 imposiciones |
| Pago de Espacios Urbanos de Jijona | 484.480,46 euros a Gigante Edificaciones y Obras |
| Pago atribuido a las empresas de Febrer para Vera | Un millón de euros |
Más operaciones investigadas en la Comunidad Valenciana
El expediente no se limita a Jijona ni a Valencia. El auto también menciona operaciones urbanísticas en Burjassot, en Valencia; Benicàssim, en Castellón; y Villajoyosa, en Alicante. Son actuaciones que la magistrada incorpora al conjunto de tramas examinadas durante la instrucción.
En una de esas líneas aparece el plan urbanístico de Jijona, impulsado por Espacios Urbanos de Jijona. El proyecto recibió el impulso del PP cuando gobernaba y fue paralizado por el PSPV al llegar al Gobierno, según el contenido de la resolución. La referencia conecta decisiones urbanísticas, empresas privadas y pagos que habrían acabado relacionados con publicidad electoral.
La jueza también sitúa a Acciona y Grupo Axis dentro del conjunto empresarial mencionado en el caso. Acciona aparece por el contrato municipal de limpieza y conservación del sistema de saneamiento de València, adjudicado en 2006 a través de una unión temporal de empresas. Grupo Axis, por su parte, queda relacionado con operaciones urbanísticas en la ciudad desde 2007 y con la contratación de ayuda a domicilio.
El auto sostiene que en estas operaciones existen indicios de posibles delitos, entre ellos el supuesto pago de comisiones ilícitas al despacho de José María Corbín, Alfonso Grau, Rafael Rubio y José Luis Vera. La decisión judicial agrupa así distintas actuaciones y nombres, pero cada imputación deberá seguir su propio recorrido.
La realidad es que el caso Azud deja una causa con 38 personas procesadas, presuntas comisiones atribuidas a varios protagonistas y una posible financiación de gastos electorales mediante una cadena de empresas. El auto no cierra la responsabilidad penal: abre la siguiente fase para examinar los hechos, mientras las defensas conservan la posibilidad de recurrir y José Luis Vera tiene pendiente prestar declaración en septiembre.
