Canarias se prepara para afrontar una nueva factura migratoria ante los interrogantes que plantea la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Tras la crisis de Ceuta, el Estado ya ha anunciado dos anteproyectos —una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley de Extranjería— para adaptar la normativa española a las nuevas exigencias comunitarias. Los cambios implicarán nuevas tareas para las administraciones en la atención, identificación y gestión de las personas migrantes y solicitantes de asilo, con el impacto económico que ello conlleva. En este nuevo escenario surgen varias preguntas: ¿quién asumirá el coste de estas nuevas obligaciones? ¿Y quién pagará la atención de los menores migrantes?
El Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PNI), publicado por el Ministerio del Interior en diciembre de 2024, calcula que el sistema de acogida requiere, en su conjunto, 1.300 millones de euros al año. A esta cantidad se suma la inversión necesaria para poner en marcha las nuevas herramientas que exige la normativa, especialmente en el ámbito tecnológico.
El PNI contempla 25 millones de euros durante los próximos cuatro años para los sistemas de tecnologías de la información vinculados a Eurodac y otros 5 millones de euros para el nuevo sistema informático de asilo. Pero los 1.300 millones de euros anuales no equivalen a la cantidad que el Estado transferirá a las comunidades autónomas. No se descarta que las regiones tengan que asumir parte de esta carga económica y el reparto de los costes continúa siendo una de las cuestiones pendientes de concretar.
Esta situación es especialmente relevante para Canarias. El Ejecutivo autonómico lleva años asumiendo la tutela de miles de menores migrantes no acompañados que llegan solos al Archipiélago. Corresponde a la Comunidad Autónoma garantizar su atención y protección, lo que implica mantener los recursos de acogida y cubrir necesidades como el alojamiento, la alimentación, la escolarización y la atención sanitaria mientras permanecen bajo tutela autonómica. La atención a estos menores permite conocer el alcance que puede tener la nueva situación para las comunidades. La cuestión ya no es solo cuánto costará aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino cómo se distribuirá ese esfuerzo económico.
Las nuevas obligaciones
En materia de infancia migrante, uno de los principales cambios es la presencia de un representante durante el proceso de triaje de los menores, la primera fase de identificación y evaluación tras su llegada a España. Pero todo lo relacionado con esta figura continúa rodeado de incógnitas. Todavía no está definida la formación que deberán tener quienes desempeñen esta función, aunque se ha planteado la posibilidad de recurrir a abogados de oficio, ni tampoco quién asumirá el coste de este servicio.
En el caso de las personas adultas migrantes, los principales cambios afectan a los procedimientos de asilo, control fronterizo y retorno, con el objetivo de agilizar tanto la tramitación de las solicitudes de protección internacional como la devolución de quienes no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea, bien porque no hayan solicitado protección internacional o porque su petición haya sido denegada.
Tras la crisis de Ceuta, el Gobierno central ha planteado la modificación de las leyes para adaptar el marco jurídico español a las nuevas exigencias migratorias.
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