El Gobierno comienza a poner dinero encima de la mesa para las comunidades autónomas que han decidido aplicar uno de los instrumentos más controvertidos de la ley de vivienda: las declaraciones de las zonas de mercado residencial tensionado. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana prepara un real decreto para repartir 90 millones de euros exclusivamente entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, las cinco autonomías que hasta ahora han recurrido a esta figura para intervenir los mercados de alquiler con mayores problemas de acceso.
El grueso del dinero terminará en Cataluña y País Vasco. La Generalitat recibirá 59,7 millones de euros, prácticamente dos de cada tres euros disponibles, mientras Euskadi obtendrá otros 15,5 millones. Entre ambas administraciones absorberán 75,2 millones, cerca del 84% de todo el fondo. Navarra recibirá 6,7 millones, Galicia 5,1 millones y Asturias algo menos de tres millones.
La nueva línea de subvenciones introduce así un incentivo económico para las administraciones que hayan declarado zonas tensionadas. Esta figura permite aplicar las medidas de contención de rentas previstas por la ley de vivienda en aquellos municipios donde el coste de la vivienda supone un esfuerzo especialmente elevado para los hogares o los precios han aumentado con fuerza.
Dinero para construir, comprar y rehabilitar
Los fondos no estarán destinados únicamente a financiar nueva promoción pública. Las comunidades podrán utilizarlos para construir vivienda pública, rehabilitar inmuebles y destinarlos al alquiler asequible, pero también comprar suelo, desarrollar y urbanizar terrenos e incluso adquirir viviendas ya construidas para incorporarlas al parque público.
El Gobierno vincula expresamente las subvenciones con los planes que deben desarrollar las comunidades para corregir los desequilibrios de sus zonas tensionadas. El dinero podrá emplearse, con carácter general, en las actuaciones contempladas por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para ampliar la oferta asequible y financiar rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural.
La iniciativa marca además una nueva diferencia entre las comunidades que han decidido aplicar la ley de vivienda y aquellas que han rechazado utilizar sus principales mecanismos de intervención del alquiler. La mayoría de gobiernos autonómicos del PP quedarán fuera de este reparto al no haber declarado zonas tensionadas. La excepción es Galicia, donde A Coruña y Santiago de Compostela sí han activado esta figura y, por ello, la Xunta podrá recibir algo más de cinco millones de euros.
Cataluña concentra dos tercios
El reparto no depende únicamente del número de habitantes afectados. Vivienda otorgará un peso del 80% a la población residente en zonas tensionadas y otro 20% al porcentaje de hogares que dedica más del 40% de sus ingresos netos al alquiler. Cataluña parte con una enorme ventaja por la extensión con la que ha utilizado esta herramienta. El Ministerio contabiliza 7,4 millones de residentes en zonas tensionadas catalanas, frente a 1,18 millones en Euskadi, 468.088 en Navarra, 352.119 en Galicia y apenas 34.657 en Asturias. De ahí que la Generalitat termine concentrando 59,7 de los 90 millones disponibles.
El reparto todavía no es definitivo. El borrador del real decreto ha salido ahora a audiencia e información pública y deberá aprobarse posteriormente en Consejo de Ministros. Una vez entre en vigor, el Ejecutivo pretende transferir las cantidades a las comunidades en un único pago y en un plazo máximo de cinco meses.
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