Venezuela dio este martes dos pasos firmes que las distancian cada vez más del legado bolivariano para orbitar alrededor de Estados Unidos. De un lado, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permitirá barrer con la instancia judicial que sostuvo al madurismo. El hecho que sean los diputados que hasta el 3 de enero cantaban loas a Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en EEUU, es, a estas alturas un detalle menor. Los legisladores obraron según con convenido con un sector de la oposición en la mesa de diálogo que tutela Washington. El oficialismo y una parte de sus adversarios, aprobaron a su vez el «Convenio Energético Binacional entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos» durante una sesión extraordinaria precedida por polémicas sobre los alcances del acuerdo.
Para la administración de Donald Trump se trata de una «privatización» del sector clave de la economía venezolana. El magnate ha calificado de «histórico» el entendimiento no solo porque fortalece la política de la Casa Blanca en materia de hidrocarburos. Supone también un desplazamiento de los rusos y chinos de zonas estratégicas. Tal es la importancia del paso dado que en las próximas horas es esperado en Caracas el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien ya había estado meses atrás en la capital venezolana. Pero su retorno está marcado por la envergadura geopolítica del pacto bilateral que permitirá a EEUU acceder a aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras del país sudamericano. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá el 35% de la empresa matriz de la North American Blue Energy Partners (Nabep), en tanto que el Departamento de Estado se garantizó la compra del 20% de la producción a precio de costo. Alejandro Betancourt, un empresario venezolano de 46 años que controla NAbep, tiene relaciones con sectores políticos y empresariales estadounidenses. Se lo conoce también por sus fluidos contactos con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y dirigentes de la oposición. Las investigaciones judiciales en su contra por lavado de dinero dejaron de tener relevancia para Trump. «No enfrenta ningún cargo en Estados Unidos por violación de ninguna de nuestras leyes», dijo un funcionario de la Casa Blanca.
Optimismo oficial
El diputado oficialista Miguel Pérez Abad presentó el acuerdo que involucra 17 campos petroleros y permitirá volver a la producción diaria de 3.000.000 de barriles diarios de crudo sobre la base de una millonaria inversión. «Hemos estimado alrededor de 3,6 millones de empleos directos e indirectos relacionados con la actividad petrolera». Toda la economía sentirá el efecto de estos cambios productivos. «Estamos hablando de miles de pequeñas y medianas empresas nacionales que se van a incorporar a los planes de inversión. Vamos a ver el fortalecimiento del bolívar (la moneda nacional) y mayores reservas internacionales, lo que nos va a permitir estabilizar el tipo de cambio y reducir la inflación».
«Volverá la bonanza», prometió la máxima autoridad de la AN, Jorge Rodíguez, hermano de la «presidenta encargada», al llamar a los legisladores a levantar favorablemente la mano. Antiguo portavoz de Maduro, jefe de sus campañas electorales, secreto negociador con los norteamericanos y, en la actualidad, integrante de la mesa de diálogo, Rodríguez dijo que el acuerdo con Estados Unidos no contradice la Carta Magna ni la ley de Hidrocarburos promulgada meses atrás. Sus alcances no son «esotéricos» y solo implican un nuevo vínculo de la estatal Pdvsa con empresas trasnacionales, en especial norteamericanas, aunque no las únicas. A partir del alineamiento con la administración Trump «no han parado de sonar» los teléfonos de firmas europeas interesadas en ser parte de este nuevo momento de la economía venezolana.
«Enemigos de la patria»
Según Rodríguez, las regalías establecidas en el acuerdo son de 16%. «Lo que viene es producción petrolera a niveles nunca antes vistos». Venezuela «recuperará el bienestar y al que use un solo dólar para robárselo, le vamos a quemar las manos y lo vamos a meter en la cárcel». Otro oficialista, Jesús Faría, aseguró que los diputados que rechazan el entendimiento son «enemigos de la patria». Ese sambenito recaía antes del 3 de enero, el día de la intervención militar norteamericana, sobre la oposición que tenía afinidades políticas con Trump o los Estados Unidos en general. De hecho, antiguos chavistas recurrieron por estas horas la misma acusación esgrimida por Faría, aunque dirigida a los actuales gobernantes interinos. «¿Quiénes se creen los que entregan el país? A la Patria la desaparecieron», escribió Yldefonso Finol en el portal de izquierdas Aporrea.
«Como diputados electos por el pueblo, tenemos la necesidad y la obligación de saber lo que en derecho se llama la letra chiquita», dijo el opositor Luis Emilio Rondón, de Nuevo Tiempo, y reclamó leer «el texto pleno y completo» para poder evaluarlo de manera técnica. Rondón aclaró que está a favor de la inversión internacional y no le molesta el protagonismo norteamericano. «Pero como diputados electos por el pueblo queremos saber los vericuetos del contrato. En función de la transparencia, es nuestra obligación constitucional exigir que nos entreguen el texto pleno para que sean los técnicos los que evalúen las necesidades que el contrato plantea».
El partido Acción Democrática (AD, socialdemócrata), liderado por Henry Ramos Allup, expresó, en tanto, su preocupación por la falta de transparencia y pidió a la sociedad permanecer vigilante. «No pretendemos emitir juicios definitivos sobre cláusulas y condiciones que el pais aun desconoce. Precisamente por ello, exigimos que el acuerdo, sus anexos y las condiciones económicas, juridicas, operativas y financieras que lo sustentan, sean puestos a disposición». El petróleo, subrayó Ramos Allup, «pertenece a todos los venezolanos y cualquier decisión sobre su explotación debe estar sometida al escrutinio ciudadano y a los mecanismos constitucionales correspondientes».
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