La Junta de Andalucía fue el único gobierno formado por PP y Vox que acudió a las reuniones sectoriales convocadas por el Ministerio de Infancia para abordar la crisis migratoria de Ceuta. Mientras Aragón, Castilla y León o Extremadura plantaron al Ejecutivo central, el Gobierno de Juanma Moreno no sólo acudió sino que además votó a favor del envío de 25 millones de euros en ayudas a la ciudad autónoma para que pueda atender a los menores que desbordan sus centros de atención. La decisión, coordinada con el resto de autonomías del PP, no gustó a Vox que advirtió públicamente que si hubiera dependido de ellos la posición hubiera sido contraria a este envío de dinero. Y supone un anticipo de lo que será el primer gran episodio de tensión interna: el inminente reparto de los niños, niñas y adolescentes entre las autonomías, obligados a acogerlos por la reforma de la ley de extranjería.
En este contexto, el Gobierno andaluz se vio obligado este sábado a salir del paso y lanzar su primer mensaje público para frenar tensiones internas entre los dos socios: «La Junta de Andalucía asegura que los 25 millones de euros de la ayuda extraordinaria aprobada para Ceuta están destinados específicamente a reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma por lo que no supone ningún incumplimiento del acuerdo para la estabilidad y el gobierno de Andalucía firmado en julio«, recoge el mensaje difundido por el Ejecutivo de Juanma Moreno.
De este forma, el Gobierno andaluz justifica que esta ayuda está destinada a que Ceuta «disponga de los recursos necesarios para atender en su territorio a los menores, en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad ante la situación de especial presión que atraviesa Ceuta». La posición contrasta con la expresada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Vox, Manuel Gavira, quien este mismo viernes afirmó que si hubiera dependido de su formación el voto hubiera sido contrario: «Todo lo que no sea devolverlos con sus familias es alimentar el efecto llamada y la próxima invasión», afirmó.
Adelanto del gran pulso interno
Pero el verdadero problema interno llegará cuando el Gobierno de España active el mecanismo establecido en la reforma de la Ley de Extranjería que obliga a las comunidades autónomas a acoger menores inmigrantes procedentes de otro territorio cuando se encuentre saturado. Esa es la situación en estos momentos de Ceuta, al igual que lo fue en 2025 de Canarias.
La Junta de Andalucía ha mantenido un perfil muy bajo en este debate y se ha limitado a dar por buenas las declaraciones de la dirección nacional principalmente a través del vicesecretario de política autonómica, Elías Bendodo, quien incidió en que los gobiernos autonómicos del PP cumplirían la ley. En esta misma línea se expresó este sábado la consejera de Educación, Carmen Castillo.
Pero esta no es la posición de Vox, que ya ha anunciado que exigirá que se cumpla el acuerdo que literalmente recoge que Andalucía se opondrá a cualquier reparto de menores: «La Junta de Andalucía rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales. No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando más plazas, así como reduciendo el gasto al mínimo imprescindible».
Para Vox esto supone seguir la línea dura de Extremaudura, Castilla y León y Aragón y bloquear cualquier aplicación del decreto o la activación de mecanismos de solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta. La parte del Gobierno andaluz del PP mantiene el perfil bajo que ha reiterado este mismo sábado: «El Gobierno de Andalucía asegura que el acuerdo de estabilidad se cumplirá en los términos pactados».
Fuente: El Correo de Andalucía
