La ley que regula la actividad de los jueces y magistrados en nuestro país incluye varios artículos sobre su posible responsabilidad disciplinaria, que en el caso de considerarse leve puede sancionarse con una simple advertencia o multa de hasta 500 euros. Este es el correctivo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid podría imponer al instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, después de que el pasado 28 de julio un Consejo General del Poder Judicial muy dividido decidiera remitir a este órgano dos de las quejas presentadas contra el juez.
La ley marca que tienen que ser las salas de Gobierno de estos órganos superiores y no el Consejo del Poder Judicial las competentes en materia de faltas disciplinarias de carácter leve, como se determinó que podrían ser las de Peinado. En todo caso, el trámite para decidir si finalmente se sanciona al polémico instructor o no cuenta con un límite temporal muy ajustado dada la fecha de jubilación forzosa del magistrado el próximo 27 de septiembre, lo que obligará a una decisión temprana o bien a archivar las actuaciones definitivamente si el acuerdo no llega antes del retiro definitivo del magistrado.
Pese a que el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, había propuesto el archivo de todas las iniciativas presentadas, se analizarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid las manifestaciones vertidas por Peinado en un auto en el que sugería que los policías que escoltan a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida.
La mujer del presidente, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra – Europa Press
Para mantener vivo este asunto fue necesario el voto de calidad de la presidenta el Consejo del Poder Judicial, Isabel Perelló, que deshizo el empate en el que había encallado la Comisión Permanente del órgano. La segunda queja que llega a los magistrados del tribunal superior es la de un particular por retraso injustificado en la resolución de un asunto, mientras que ya en el órgano de Gobierno de los jueces dio por zanjadas las presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y por el grupo municipal Más Madrid.
Tarde para Manos Limpias
Por otra parte, parece ya definitivamente tarde para la última queja presentada contra el juez por, curiosamente, uno de los letrados que ejerce la acusación popular contra la esposa de Pedro Sánchez en representación de Manos Limpias. Fue la última semana del mes de julio cuando el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, acordó incoar una diligencia informativa –una investigación preliminar– por un supuesto trato desconsiderado del juez al abogado Víctor Soriano, que ejerce la acusación popular en esta causa en representación del sindicato de funcionarios.
Los hechos denunciados tuvieron lugar el pasado 15 de junio, cuando el abogado acudió al juzgado con ocasión de la vista preliminar fijada por el juez para valorar si sometía finalmente a la mujer del presidente del Gobierno a un tribunal del jurado. Solo podía entrar un representante por cada una de las partes y Soriano cedió el puesto a su compañera, pero cuando esta pidió ausentarse y ser sustituida tras un receso Peinado impidió la presencia del letrado elevando la voz y utilizando un «tono impropio».
Es muy difícil que esta investigación concluya antes de la jubilación de Peinado, a no ser que se acuerde su archivo de plano, lo que tampoco supondría consecuencias para el juez. De proponerse una incoación de expediente — un procedimiento formal disciplinario– sería obligado escuchar al propio Peinado y realizar diversas diligencias y luego hacer una propuesta a estudiar por los vocales, para la que no parece que haya tampoco tiempo antes del 27 de septiembre.
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