A partir del 1 de septiembre de 2026, la Seguridad Social dejará de enviar cartas físicas a los trabajadores que soliciten una baja médica y cobren prestación por incapacidad temporal. En cambio, estos recibirán notificaciones exclusivamente a través de dispositivos electrónicos, según la Orden ISM/541/2026, que modifica la forma de comunicación con el colectivo afectado, que supera el millón y medio de personas. Este cambio supone un paso decisivo en la digitalización administrativa y tiene efectos directos en la economía y la gestión pública.
¿Quiénes se ven afectados y por qué importa?
Grupos sujetos a la nueva normativa
La medida afecta a trabajadores que estén de baja médica y perciban prestaciones por incapacidad temporal. Además, amplía la obligación de recibir comunicaciones electrónicas a quienes perciban beneficios por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo o lactancia, incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes.
Relevancia económica del cambio
Estos colectivos suelen estar en edades comprendidas entre los 25 y 40 años, un rango que según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2025) registra una penetración de uso de dispositivos electrónicos superior al 95%. Esto facilita la transición hacia un sistema de notificaciones digitales sin afectar la accesibilidad, mientras que la eliminación de envíos postales reduce costes operativos.
Impacto económico y ahorro para la Seguridad Social
Reducción de costes administrativos
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el coste medio del envío postal de una carta ronda los 1,20 euros por unidad, incluyendo impresión, gestión y distribución. La Seguridad Social tramita anualmente cerca de 1,6 millones de bajas médicas con prestaciones, lo que supone un gasto aproximado de 1,92 millones de euros solo en notificaciones postales para este colectivo.
Ahorro estimado y eficiencia
Al sustituir el envío físico por notificaciones digitales, se prevé un ahorro directo sustancial que podría reinvertirse en mejorar otros servicios digitales del organismo. Además, la rapidez y la trazabilidad de las notificaciones electrónicas reducen errores y tiempos de gestión, impactando positivamente en la eficiencia administrativa.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Número anual de bajas con prestación | 1.600.000 |
| Coste medio por carta (euros) | 1,20 |
| Coste total estimado en notificaciones postales (euros) | 1.920.000 |
Digitalización y comunicación electrónica: marco legal y Social
Base normativa vigente
La Orden ISM/541/2026, publicada en el BOE el 1 de junio de 2026, establece la obligatoriedad de recibir notificaciones electrónicas para ciertos colectivos. Esta orden modifica la ISM/903/2020, ampliando la lista de ciudadanos sujetos a esta obligación.
Contexto Social y tecnológico
La elección de la comunicación electrónica responde a la realidad de que la mayoría de los trabajadores afectados están habituados al uso de tecnología digital en su vida laboral y personal, facilitando el acceso inmediato a notificaciones y agilizando trámites.
La medida también responde a la intención de modernizar la administración pública y reducir el impacto ambiental derivado del uso masivo de papel.
El proceso estará vigente desde el 1 de septiembre de 2026, fecha que marca un antes y un después en la relación entre la Seguridad Social y los ciudadanos, dando paso a una administración más digital y eficiente.
La realidad es que esta medida no solo optimiza recursos, sino que también redefine la experiencia del usuario con la administración, sentando las bases de una comunicación más directa y accesible para un amplio segmento de la población activa.
