El mecanismo que prepara el Principado para evaluar a sus trabajadores es una necesidad porque lo que no se mide no se mejora, lo que se mide mal se pervierte y lo que se deja sin medir acaba convertido en rutina. No resulta admisible resignarse a la lentitud como si fuera una ley natural. Eso no significa responsabilizar a los funcionarios del mal funcionamiento administrativo.
Asturias suma 70.000 trabajadores en sus distintas administraciones, 51.000 en la autonómica. El empleo público ha crecido y seguirá haciéndolo en sanidad, educación y servicios sociales. Nadie cuestiona dotar a estas áreas de personal suficiente, pero su gestión solo será defendible si funcionan. Precisamente por su tamaño, y el esfuerzo que exigen del contribuyente, queda fuera de duda la rendición de cuentas. Una estructura cara que resuelve con rapidez y empatía supone una inversión rentable. Una barata que bloquea y desespera acaba convirtiéndose en un coste inasumible.
La reforma de la administración regional para ganar agilidad y reducir burocracia es un anhelo desde hace dos legislaturas. La Ley de Medidas Administrativas Urgentes extendió declaraciones responsables y eliminó trabas. La Ley de Empleo Público, a cuyo desarrollo responde el actual decreto, abre la puerta a evaluar el desempeño. La Ley de Calidad Ambiental buscó simplificar autorizaciones para empresas. Queda pendiente todavía la reforma del sector público. Del boletín oficial a la realidad, esta delicada trama normativa avanza con más demora de lo conveniente.
Para una empresa, una licencia compromete un calendario de inversión. Para un particular, un trámite marca la diferencia entre la tranquilidad o la angustia
El alcalde socialista de Villaviciosa reavivó este verano el debate en la misma línea de otros regidores de igual color político como el de Siero. Vincular la productividad administrativa al cumplimiento de plazos, como propuso, señala una preocupación real: la parsimonia cuesta dinero y confianza. Para una empresa, una licencia compromete un calendario de inversión. Para un particular, un trámite marca la diferencia entre la tranquilidad o la angustia, aunque no quepa por razones obvias cursar los expedientes complejos con el mismo reloj que los sencillos.
Examinar no es perseguir
La mayoría de los funcionarios regionales realiza con profesionalidad una labor imprescindible y casi siempre invisible, cimiento oculto del Estado del bienestar. A menudo pagan los platos rotos de procedimientos farragosos, herramientas obsoletas, decisiones políticas erráticas y años de reformas aplazadas. Al ciudadano le cuesta distinguir entre quien tramita su petición conforme a lo establecido y los responsables de diseñar un laberinto construido para atascarse. Valorar rendimientos como ahora se propone el Gobierno asturiano no puede interpretarse como perseguir, pero obliga a emplear criterios objetivos, cuantificables y trasparentes que cierren la puerta a la arbitrariedad de premiar a los afines y agraviar a los incómodos. Buscar chivos expiatorios sería tan injusto como que la desidia y los fallos reiterados carezcan de consecuencias.
El desarrollo de la inteligencia artificial ofrece una oportunidad para evitar el peregrinaje de los administrados. No para reemplazar en su misión a los servidores públicos, sino para liberarles de tareas mecánicas que les impiden concentrar esfuerzos en lo que exige criterio y mayor complejidad.
El objetivo debe ser ambicioso: convertir el Principado en una maquinaria bien engrasada al servicio de las personas, la iniciativa, las empresas y el interés general. Lograrlo sería la mejor palanca para ser competitivos frente a otros territorios. Perpetuar la ineficiencia defrauda a quien espera una cita médica, escolariza a su hijo, solicita una licencia o necesita que una comunicación no se pierda durante meses en la maraña de ventanillas y silencios. De una buena Administración dependemos todos. También, cuando les toca colocarse del otro lado, los funcionarios. Si renquea, no fracasa el gobierno y triunfa la oposición. Pierden los asturianos.
