La ofensiva política del Partido Popular (PP) contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta, que supone también un conflicto diplomático con Marruecos, se pondrá crudamente de manifiesto esta semana, en la que Alberto Núñez Feijóo volverá plenamente a la actividad tras su visita a la ciudad autónoma, en primer lugar presidiendo este lunes la primera reunión del Comité de Dirección del partido después de las vacaciones.
En los días posteriores se producirán las primeras comparecencias en el Congreso de varios ministros para ofrecer explicaciones sobre lo que el propio Sánchez no dudó en definir como un «ataque a la integridad territorial» de España. Comparecerán Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Mónica García (Sanidad), Elma Saiz (Inclusión y Migraciones), Sira Rego (Infancia y Juventud) y Ana Redondo (Igualdad). Estas dos últimas acudirán a la Cámara Baja la siguiente semana, el lunes 31. Ahí será donde el PP acusará al Gobierno de no haber impedido adrede la crisis de Ceuta, esto es, de haber sido permisivo con la avalancha de finales de mes.
Ningún miembro del Consejo de Ministros aceptó comparecer en el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, lo que ya ha motivado un recurso del primer partido de la oposición ante el Tribunal Supremo (TS). Ese plantón institucional agrava aún más el ánimo de los populares, decididos a tratar de poner contra las cuerdas a ministros que, entre otras cosas, protagonizaron disensiones de envergadura nada más producirse la crisis, cuando Marlaska y Robles ofrecieron dos visiones totalmente opuestas sobre la previsión que de la avalancha migratoria habría tenido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según el titular de Interior, los servicios de inteligencia de un país que arrostra una tensión diplomática de al menos medio siglo con el país vecino no habrían emitido aviso alguno sobre lo que podía ocurrir en la única frontera terrestre de la Unión Europea (UE) con el continente africano, algo que naturalmente Robles, responsable última del CNI, negó tajantemente.
A esa fisura se agarrará el PP para lanzar una diatriba total contra la gestión del Gobierno, y para acusarle directamente de haber permitido adrede la avalancha migratoria de los últimos días de julio. Tanto Feijóo como sus vicesecretarios han ido dejando pistas, pero los portavoces del Grupo Popular en las distintas comisiones se pronunciarán indubitadamente a este respecto en sus interrogatorios a los ministros responsables de la crisis. La vicesecretaria de Política Social y Sanidad del PP, Carmen Fúnez, fue elocuente al respecto, en unas declaraciones remitidas en vídeo por el PP a la prensa, sin posibilidad de hacer preguntas, este mismo viernes. «La próxima semana empieza la hora de la verdad», aseveró en referencia a las comparecencias de los ministros.
«Si el Gobierno sabía…»
Fúnez, una de las dirigentes de primera línea del PP que han visitado Ceuta este agosto, advirtió que no admitirán «excusas», ya que pretenden averiguar, expresó, «si el Gobierno sabía que esta situación se podía llegar a dar, si el CNI alertó de que esta situación se podía llegar a vivir, y qué es lo que hicieron… o lo que es peor: qué es lo que no hicieron, para que el 30 y el 31 de julio cruzasen en la frontera más de ochenta mil personas».
La ofensiva política ordenada por Feijóo se completa con un plan de reconstrucción económica para la ciudad autónoma, que entre otras cosas ha vivido un importante golpe a su sector turístico. El plan estaría dotado con 650 millones de euros en el próximo lustro, y en su diseño trabaja ya el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en su día diputado por Ceuta, donde además ejerció como inspector de la Agencia Tributaria antes de su entrada en política. Bravo detalló en COPE que el plan pretende no solo el reforzamiento de las inversiones en la ciudad, entre otras cosas para la comisaría de la Policía Nacional y la comandancia de la Guardia Civil, sino también, como reclamó Feijóo junto al presidente ceutí Juan Jesús Vivas, blindar por ley las bonificaciones fiscales como las que operan en el 50% para la Seguridad Social o del 75% en algunas actividades económicas.
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