El fundador del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, Xu Jiayin, fue condenado este jueves en primera instancia a cadena perpetua y a entregar todos sus bienes al ser declarado culpable de diversos delitos como falsear información financiera, emisión fraudulenta de acciones, sobornos o desfalco.
El mismo tribunal de la megalópolis suroriental de Shenzhen que condenó a Xu, conocido internacionalmente como Hui Ka Yan, también decretó multas de 8.820 millones de yuanes (1.311 millones de dólares, 1.122 millones de euros) contra Evergrande Group y de 7.000 millones de yuanes (1.040 millones de dólares, 891 millones de euros) contra su principal filial, Evergrande Real Estate.
Asimismo, el tribunal anunció condenas que van desde seis a dieciocho años de cárcel para otros cinco altos cargos, entre ellos Zhen Litao, expresidente de Evergrande Real Estate, y Ke Peng, expresidente ejecutivo de Evergrande Group; según la televisión estatal CCTV, el total de sentencias dictadas hoy en el marco del caso es de 56, con una pena mínima de un año y diez meses.
Xu, que llegó a ser el hombre más rico de China y que se encontraba bajo arresto domiciliario desde finales de 2023, se había declarado culpable en abril de los numerosos delitos de los que se le acusaba, expresando asimismo su «arrepentimiento».
«Entre 2016 y 2021, Evergrande Group, Evergrande Real Estate y Xu Jiayin violaron las leyes nacionales y, mediante prácticas de falsificación financiera continuada y a gran escala, inflaron artificialmente los activos y ocultaron pasivos, cometiendo delitos de captación ilegal de depósitos públicos, captación fraudulenta de fondos, emisión fraudulenta de valores y divulgación irregular de información (financiera)», indicó el tribunal en un comunicado.
Delitos «especialmente graves»
Tanto Evergrande Group como Xu «obtuvieron el control de entidades financieras mediante sobornos y otros medios«, «desviaron ilegalmente fondos crediticios y de seguros para su uso por parte de Evergrande» y «cometieron delitos como soborno corporativo, concesión ilegal de préstamos y utilización ilegal de fondos».
Asimismo, la Justicia china determinó que el máximo directivo de la que fuera mayor promotora inmobiliaria del país «abusó de su posición como presidente de Evergrande Real Estate para organizar fraudes financieros y apropiarse indebidamente de los bienes de la empresa bajo el pretexto de repartos de dividendos».
El tribunal ordenó asimismo «recuperar las ganancias ilícitas» y, en caso de que estas no sean suficientes para compensar los daños ocasionados, los acusados deberán indemnizar por la diferencia.
«Las conductas delictivas (…) han perturbado gravemente el orden de la economía de mercado socialista, han vulnerado los derechos de propiedad pública y privada, han atentado contra la integridad de los funcionarios públicos, suponen cuantías delictivas especialmente elevadas y circunstancias especialmente graves, han causado pérdidas económicas especialmente importantes y suponen un perjuicio social muy grave, por lo que deben ser severamente castigadas», agregó.
El comunicado especifica que diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) y miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh, máximo órgano asesor del país) asistieron a la lectura de la sentencia, algo que demuestra la dimensión del caso y su repercusión a nivel nacional.
Cara visible de la crisis
Evergrande, con un pasivo total de unos 330.000 millones de dólares, entró en impago en 2021, tras sufrir una crisis de liquidez por las restricciones impuestas por Pekín a la financiación de promotoras con un alto nivel de apalancamiento, tras lo que fue intervenida por las autoridades chinas.
Así, el grupo se convirtió en la cara más visible de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el gigante asiático desde principios de esta década.
En enero de 2024, la Justicia hongkonesa ordenó la liquidación de la promotora en favor de sus acreedores extraterritoriales (‘offshore’), un dictamen que abrió un largo e incierto proceso ante la duda de si sería reconocido en la China continental, donde están la mayoría de sus activos, ya que el sistema judicial de la antigua colonia británica está separado del chino en virtud de su estatuto de semiautonomía.
Las autoridades chinas también multaron con unos 578 millones de dólares a la principal filial del grupo por falsificar más de 78.000 millones de dólares en ingresos y 12.700 millones en beneficios, un escándalo 20 veces mayor al de Enron en 2001 y que también se tradujo en otra sanción y suspensión temporal para la conocida consultora PwC por su labor de auditoría.
Fuente: El Periódico
