Hay amenazas que tienen uniforme, bandera y cadena de mando. Son las más fáciles de reconocer. Las verdaderamente incómodas son aquellas que pueden producir una crisis sin presentarse nunca como una amenaza. Ceuta acaba de ofrecer un ejemplo de esa vulnerabilidad, la de un Estado que no solo debe proteger una frontera, sino interpretar a tiempo cuándo esa frontera empieza a utilizarse como instrumento de presión.
La cuestión de fondo no es si España debe tratar cada episodio fronterizo como una agresión militar, sino si dispone de instrumentos políticos, jurídicos, diplomáticos y de inteligencia para responder cuando la presión se ejerce sin firma visible. Esa es la frontera que el Estrecho empieza a dibujar, no solo entre territorios, sino entre amenazas demostrables y presiones negables.
La noche del 30 al 31 de julio de 2026, mientras Marruecos celebraba el 27.º aniversario de la Fiesta del Trono, entre cincuenta mil y setenta y dos mil personas cruzaron a nado o a pie la frontera de Ceuta desde Fnideq, bordeando el espigón de El Tarajal. La magnitud del flujo fue excepcional, pues una ciudad de unos ochenta y cuatro mil habitantes recibió en pocas horas una presión humana comparable a buena parte de su propia población. La Guardia Civil quedó desbordada, el Ejército se desplegó por las calles y el presidente de la ciudad pidió la declaración de emergencia nacional. Los balances de muertos oscilaron entre los cincuenta y siete recogidos por Reuters y cifras posteriores superiores al centenar. La mayoría regresó a Marruecos en menos de cuarenta y ocho horas, pero dos semanas después unos cinco mil migrantes seguían en Ceuta y nuevos mensajes en redes sociales llamaban a repetir el cruce.
La primera precisión es también la más incómoda, porque aquello no fue una invasión militar marroquí. Marruecos no envió a su Ejército a ocupar Ceuta y después colaboró con España en el retorno de la mayoría de los participantes. Precisamente por eso conviene tomárselo más en serio. Una crisis que puede poner en jaque a un Estado sin necesidad de una unidad militar cruzando una frontera es, desde el punto de vista de la seguridad, más difícil de identificar, atribuir y combatir que una provocación convencional.
Veinticuatro años antes, en julio de 2002, unos gendarmes marroquíes habían ocupado Perejil. Aquella crisis tenía una ventaja que hoy puede parecer casi un lujo, tenía forma. Había un territorio concreto, una fuerza reconocible, un objetivo definido y un responsable evidente. España recuperó el islote seis días después mediante la Operación Romeo-Sierra, también conocida como «Recuperar Soberanía». Era una amenaza que un Estado sabe reconocer y para la que dispone de procedimientos.
Ceuta ha sido otra cosa. Una sentencia del Tribunal Supremo, una campaña de mensajes en redes, una fecha de fuerte carga simbólica, una frontera física y una presión migratoria extraordinaria confluyeron en una crisis en la que resulta difícil señalar dónde termina la circunstancia espontánea y dónde comienza la instrumentalización. Algunos testimonios apuntaron a que la policía marroquí no impidió el paso en determinados momentos. El grado de intervención deliberada de Rabat, sin embargo, sigue siendo objeto de debate. Marruecos colaboró después en el retorno. Y esa ambigüedad es precisamente parte del problema.
Hemos construido buena parte de nuestra seguridad alrededor de la comodidad de creer que siempre podremos identificar al adversario. Pero hay amenazas cuya eficacia depende precisamente de que no podamos hacerlo. Cuando aparecen una orden, una unidad, una bandera y una cadena de mando, sabemos contra qué estamos actuando. Cuando desaparecen, tendemos a llamar a lo ocurrido crisis migratoria, incidente fronterizo, campaña de desinformación o problema jurídico, como si cada pieza perteneciera a un expediente distinto. Las vulnerabilidades, sin embargo, no respetan las categorías administrativas con las que intentamos describirlas.
La reflexión no es solo teórica. Meses antes de la crisis de Ceuta había publicado una novela ambientada en Perejil, escrita para explorar qué ocurre cuando una operación no puede reconocerse oficialmente, cuando quienes la ejecutan no pueden aparecer y cuando la incertidumbre sobre quién ha dado la orden forma parte de la propia operación. No la escribí pensando en 2026, pero el escenario que plantea permite iluminar una pregunta que ahora resulta menos literaria que estratégica.
En la novela NEGABLE, ocho paracaidistas de élite de la UPRP de la Brigada Paracaidista saltan desde un C-130 Hércules sobre el Estrecho en una misión que no figura en ningún registro oficial. La trama se mueve entre Moncloa, los servicios de inteligencia marroquíes y los militares desplegados sobre el terreno. Perejil funciona como una prueba de reacción. No defiendo que eso sea lo que ha ocurrido en Ceuta, sino algo más incómodo, que la realidad ha vuelto a demostrar que la atribución puede convertirse en un problema estratégico por sí misma.
La coincidencia no está en los detalles. Está en la lógica de una crisis que puede negarse mientras resulta útil. NEGABLE no predijo agosto de 2026. Pero una novela no necesita predecir un acontecimiento para plantear una pregunta que la realidad termine haciendo urgente. ¿Qué capacidad tiene un Estado para responder cuando no existe un enemigo al que pueda señalar públicamente?
La historia de las relaciones hispano-marroquíes ofrece antecedentes, aunque conviene no convertirlos en una conspiración de cien años de duración. Annual, la guerra irregular de Abd elKrim, Ifni, la Marcha Verde, Perejil y las crisis más recientes fueron episodios diferentes. Algunos coincidieron con momentos especialmente sensibles para España, como la agonía de Franco, la víspera de una boda real, periodos de debilidad política o, ahora, la Fiesta del Trono. El verdadero patrón no está en una fecha concreta, sino en el recurso, en distintos momentos, a instrumentos de presión que no obligan necesariamente a asumir el coste político de una confrontación abierta.
En 2026 ha aparecido, además, la movilización digital, un instrumento que ha cambiado la escala del problema. Ya no hace falta organizar una Marcha Verde para generar presión sobre una frontera. Una idea difundida por WhatsApp y otras redes puede alcanzar a decenas de miles de personas en poco tiempo. Esto no demuestra quién impulsó la movilización de Ceuta. Sí demuestra que una frontera puede ser sometida a una presión extraordinaria mediante una combinación de factores que, tomados por separado, pueden parecer perfectamente explicables.
El Sáhara Occidental sigue siendo el gran asunto político de fondo. Su estatuto continúa sin resolverse y la posición de las grandes potencias ha alterado el margen de maniobra español. Estados Unidos reconoció en 2020 la soberanía marroquí y la reafirmó en 2026; en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez respaldó el plan marroquí de autonomía. Francia también ha ido modificando su posición. No hace falta atribuir cada crisis a una estrategia única de Rabat para entender que España afronta estas cuestiones dentro de un equilibrio internacional que no controla por completo.
Tampoco creo que sirva de mucho jugar a adivinar el próximo aniversario. Los intervalos entre las grandes crisis son demasiado irregulares para convertirlos en un ciclo histórico. Pensar en 2050 o 2075 puede ser un ejercicio literario; convertirlo en una predicción sería irresponsable. El peligro no está en equivocarse de fecha. Está en llegar a la próxima crisis con las mismas respuestas diseñadas para la anterior.
Ese es, a mi juicio, el verdadero problema español. Perejil podía resolverse con una operación militar porque tenía forma, mando y objetivos definidos. Ceuta ha mostrado una presión distinta, construida a partir de una frontera física, una situación jurídica, una movilización digital, una fecha simbólica y una ambigüedad difícil de imputar. España, que sigue preparándose para responder a la amenaza que puede identificar, debería prepararse también para aquella cuya autoría quizá nunca pueda demostrar.
No se trata de convertir a los miles de personas que cruzaron, en soldados de un ejército invisible. Aunque se sospecha de la entrada de militares, espías y yihadistas, amparados por la turba, la mayoría eran jóvenes marroquíes y subsaharianos afectados por la desesperación, las redes criminales y una promesa falsa que a decenas de ellos les costó la vida. Precisamente por eso hay que distinguir entre las personas y el mecanismo que hizo posible la tragedia. Negarse a analizar ese proceso por temor a parecer alarmista sería tan irresponsable como convertir cualquier movimiento migratorio en una operación de Estado.
España tiene unos servicios de inteligencia capaces de detectar estas dinámicas antes de que alcancen una dimensión crítica. Necesita unas instituciones que lean esos informes y actúen en consecuencia. Necesita una política europea capaz de entender que Ceuta no es únicamente un problema español. Necesita un marco jurídico que no deje a las autoridades improvisando cuando la presión llega a la frontera. Y necesita, sobre todo, asumir que la próxima crisis puede no presentarse como una crisis. Puede llegar fragmentada en decisiones judiciales, mensajes virales, movimientos civiles, silencios administrativos y hechos cuya autoría nadie pueda probar.
Una frontera no deja de ser vulnerable porque tenga una valla, ni porque el Ejército pueda desplegarse al otro lado de ella con vehículos blindados de la Legión. La verdadera vulnerabilidad aparece cuando un Estado solo sabe reaccionar después de haber identificado al adversario, la amenaza y la orden que la desencadenó. En Ceuta hemos visto lo contrario.
Lo ocurrido no demuestra que una novela haya predicho el futuro. Señala algo bastante más inquietante, que una frontera puede convertirse en un instrumento de presión sin que aparezca una bandera detrás de ella. Perejil nos enseñó cómo responder cuando la amenaza tiene uniforme. Ceuta obliga a pensar cómo hacerlo cuando no lo tiene.
España no puede seguir esperando a que la amenaza llegue con uniforme para tomársela en serio. La pregunta ya no es qué hará el adversario, sino cuándo reaccionaremos nosotros. ¿No cuando Ceuta vuelva a quedar al límite y una parte del país decida que le pilla demasiado lejos? ¿Cuando la presión se desplace hacia Canarias? ¿Cuando el discurso deje de hablar solo de fronteras y empiece a invocar Córdoba, Al Ándalus o cualquier otro símbolo útil para medir nuestra desorientación? El Gobierno y las instituciones tienen la obligación de anticiparse, no de explicar tarde lo que no quisieron ver a tiempo. Pero la ciudadanía también debe mirarse al espejo. Un país capaz de llenar calles, plazas y pantallas por un partido de fútbol no puede permanecer en silencio cuando se pone a prueba su soberanía. La indiferencia no es prudencia, es abandono. Y si España solo despierta cuando la amenaza ya ha dejado de ser negable, la derrota no habrá empezado en la frontera, sino mucho antes: en la comodidad de quienes prefirieron no mirar.
Erik Sepúlveda Madsen es suboficial mayor (en la reserva) del Ejército de Tierra, y autor de la novela NEGABLE.
