Marruecos y España están reforzando la seguridad en la frontera con Ceuta ante la posibilidad de que se produzca una nueva entrada masiva este fin de semana. Tanto las autoridades marroquíes como españolas están tratando de contener los llamamientos que han circulado en las redes sociales en los últimos días y que invitan a miles de inmigrantes a repetir lo ocurrido el pasado 30 de julio, cuando 72.000 personas cruzaron la frontera. Algunas de estas publicaciones afirman que el paso fronterizo se abrirá el 15 de agosto, «un día festivo en España», algo que ha obligado a los dos países a activar la alerta.
No es que se dé plena credibilidad a estas convocatorias, pero tampoco se minimiza su alcance, dado el precedente. Tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa se declaran «preparados» para atender a cualquier eventualidad. Interior ha blindado la ciudad autónoma incrementando los efectivos policiales casi en un 48% en dos semanas. Antes de la avalancha, trabajaban en Ceuta 610 policías nacionales y 514 guardias civiles, pero con los refuerzos enviados desde toda la península, el dispositivo alcanzará este fin de semana los 1.659 uniformados: 880 policías, 714 guardias civiles, 45 agentes de una nueva Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que se incorpora este fin de semana y otros 20 de Extranjería y Fronteras. Defensa mantiene, además, a más de 2.000 militares en la ciudad y la ministra Margarita Robles aseguró que seguirán allí «tanto tiempo como sea necesario».
Pero, más allá de los efectivos policiales, se ha instalado una barrera neumática marítima de 500 metros en Ceuta y otra similar en Melilla, también para ajustarse a lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de finales de junio, que señalaba que no se podía proceder a la devolución inmediata en frontera de los migrantes que pasaran a nado porque no tendrían que atravesar «elementos de contención fronterizos». Como avanzó EL PERIÓDICO, el Supremo ha validado esta instalación, que sí serviría para efectuar las llamadas ‘devoluciones en caliente’.
Patrullas en Marruecos
En el lado marroquí, efectivos de las fuerzas de seguridad, incluida la Gendarmería Real, han reforzado considerablemente los controles en las carreteras y en los accesos marítimos que conducen hasta Ceuta. Se han desplegado chequeos policiales y puntos de vigilancia en enclaves estratégicos, con la atención centrada especialmente en transportes colectivos, según señala el medio marroquí Le360. El objetivo es interceptar a cualquier individuo o grupo antes de que accedan a las proximidades de la ciudad, algo que ha obligado a desplegar patrullas en zonas forestales en los alrededores de la valla, utilizadas habitualmente como escondites por los migrantes.
Decenas de personas en situación irregular ya han sido interceptados en estas operaciones, según la prensa marroquí. La mayoría de ellas, de origen subsahariano, habrían sido trasladadas a varias ciudades alejadas de la frontera con el objetivo de reducir la presión migratoria en las zonas del norte del país. Las autoridades de poblaciones como Castillejos y Tetuán han aumentado la coordinación para prevenir cualquier intento de entrada masiva y garantizar la seguridad en los próximos días.
El portavoz del Ministerio del Interior marroquí, Rachid El Khalfi, ha hecho un llamamiento a la calma y ha insistido esta semana en que no se repetirán las escenas ocurridas a finales de julio. «Se han tomado todas las medidas necesarias para impedir cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquier persona que intente participar en él», ha asegurado. Rabat ha confirmado la detención en los últimos días de «un grupo de personas» sospechosas de estar implicadas en la propagación de mensajes en las redes sociales y ha alertado de que iniciará procedimientos judiciales contra quienes difundan estos llamamientos.
Avisos desde España
En la misma línea se ha expresado el Gobierno de España, que lleva una semana lanzando un mensaje directo a los migrantes: «Ninguna de las personas que entren de forma irregular será regularizada, ni pasará a la península, ni a la Unión Europea, ni se podrá quedar en Ceuta o Melilla», advirtió primero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y lo reiteró después el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska: «Ninguna persona que entre de forma irregular se va a quedar; la inmensa mayoría serán expulsados», zanjó.
España está agilizando la tramitación de las peticiones de protección internacional e Interior avanza que serán denegadas «en su gran mayoría», como ya sugirió el ministro. Para ello, Interior está reforzando las brigadas de extranjería para proceder a su resolución cuanto antes. La intención del Gobierno es aplicar la Ley de Extranjería de forma restrictiva para proceder a la expulsión de los migrantes cuyos expedientes sean denegados. Por ello, este fin de semana se han incorporado 20 nuevos agentes de Extranjería a la ciudad. De momento, ya se han resuelto más de 500 peticiones de asilo.
Todo ello, según el Gobierno, con la compicidad de Rabat. Las autoridades marroquíes han expresado su compromiso con el control de las fronteras con España en los últimos días, a pesar de las informaciones que apuntan a que evitaron enfrentarse a la multitud hace dos semanas. En esa ocasión, la entrada masiva de personas provocó más de un centenar de muertes a ambos lados de la frontera. De las 72.000 personas que entraron en el enclave, unas 70.000 han sido entregadas de vuelta a Marruecos, según el Gobierno español. El Ejecutivo de Rabat ha instado a las autoridades españolas a «asumir sus responsabilidades» y a «agilizar los trámites de retorno» de los menores no acompañados que siguen en territorio español.
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