A raíz de la crisis de Ceuta, el Gobierno de Giorgia Meloni ha difundido este sábado una carta enviada a las autoridades europeas en la que afirma que Italia y Dinamarca encabezan una iniciativa respaldada por 22 jefes de Gobierno que, en uno de sus puntos más polémicos, plantea «reforzar o reintroducir» controles temporales en las fronteras interiores de los países de la Unión Europea. Además, la misiva vincula directamente la crisis migratoria con la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, que estableció que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla.
«La reciente sentencia del Tribunal Supremo español ha sido utilizada para desencadenar este ataque y abusar de nuestro sistema de migración y asilo», sostiene el texto. «Estamos decididos a impedir que los traficantes de personas pongan en entredicho la integridad de las fronteras exteriores de la Unión», añaden los países firmantes, en su mayoría gobernados por partidos o coaliciones de derecha o centroderecha, entre ellos Alemania, Grecia, Polonia, Finlandia, Austria, Bélgica, Malta, Lituania y Suecia.
Con ello, los 22 Estados europeos solicitan la convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior para coordinar una respuesta común y adoptar medidas inmediatas para el control de la frontera exterior de la UE. La razón, añaden, es que resulta necesario estudiar un refuerzo de Frontex y una nueva cooperación de la Unión Europea con Marruecos. El argumento es que «no podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible. Que la entrada ilegal de un migrante pueda convertirse en una estancia legal«.
Agente de Trump en Europa
Tras la altisonante amenaza de cerrar el espacio Schengen el viernes —que finalmente quedó reducida a algo bastante más descafeinado, el anuncio de que Italia realizará durante un mes controles a ciudadanos no europeos en las conexiones marítimas y aéreas—, la nueva iniciativa italiana ha coincidido con una dura reacción del Ejecutivo español, especialmente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llegado a hablar de «egoísmo».
El contexto es también el de la distancia ideológica entre el Gobierno socialista de Sánchez y el Ejecutivo de derechas de Meloni, el cual además parece haber entrado ya en «modo electoral» de cara a las elecciones generales previstas para el próximo año. De hecho, en esos comicios, la coalición conservadora afrontará una creciente competencia interna por la irrupción de un nuevo partido de extrema derecha.
La crisis diplomática abierta por Italia tiene asimismo como trasfondo las recientes reuniones del grupo ultra MAGA, respaldadas por Marco Rubio, en las que llegó a plantearse la financiación de fundaciones y organizaciones para aumentar su influencia ultraconservadora en Europa, una estrategia que grupos progresistas han calificado de injerencia. «Este Gobierno ha abandonado a Italia y a los italianos, ya no se ocupa de sus problemas cotidianos sino que, rehén de la demagogia, se ha reducido a agente de Trump en Europa», ha dicho, al respecto, la jefa del opositor Partido Democrático, Elly Schlein.
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