La Audiencia Nacional condena a una red internacional de ‘narcoveleros’ que prendía fuego a los buques en alta mar para destruir la droga que transportaban cuando iban a ser interceptados por las fuerzas de la autoridad. La condena más alta la recibió Iman B., con 27 años de cárcel, quien, siguiendo el modus operandi para eliminar las pruebas, provocó una explosión que derivó en la muerte de uno de los dos líderes del entramado criminal, Vitali M. Los otros siete tripulantes detenidos fueron condenados a siete años de prisión, menos Andrey K., quien suma tres meses adicionales al tratarse del otro cabecilla de la organización. La sentencia, dictada por la Sala de lo Penal el 17 de julio, refuerza una jurisprudencia que, según uno de los miembros de la investigación, ayuda a romper con la impunidad que rodeaba a esta práctica, habitual en el narcotráfico marítimo, para destruir las pruebas del delito.
El grueso de la investigación fue llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concretamente, por sus Equipos contra el Crimen Organizado (ECO), entre los que se incluye el de Canarias. Andrey K. y Vitali M. eran los líderes de un grupo criminal dedicado desde hacía años (existen registros desde 2018) al transporte marítimo de la droga producida en África, Sudamérica y Europa a destinos ubicados por todo el mundo. Definidos por fuentes de la investigación como «freelance del narcotráfico», los ucranianos no eran los dueños de la mercancía, sino que cobraban por el transporte, la tripulación y los gastos logísticos de la actividad. Contaban con una importante red de contactos en organizaciones criminales productoras de estupefacientes, a las que ofrecían a través de plataformas de mensajería cifrada, como Sky ECC, sus servicios haciendo uso de tres veleros: Jessie, Magallanes y Liberta.
El ECO de Canarias se suma en el año 2021 a una investigación en curso por el actualmente desmantelado Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur) cuando el velero Jessie es localizado en un puerto de Tenerife. Unos seis meses antes, el barco había sido utilizado para trasportar casi cuatro toneladas de hachís desde Marruecos hasta Brasil, donde se averió y tuvo que ser reparado en Martinica antes de regresar a Europa. La embarcación, cuyo dueño legal era un ciudadano polaco al que habían sustraído su documentación y desconocía las actividades ilícitas, habría sido facilitado a Andrey K. por la organización criminal francesa Blanc Solidarité, en el marco de una operación de transporte de droga, según apuntan las comunicaciones interceptadas y el hecho de encontrar la documentación original del velero en un piso de París propiedad de Ameur M., líder de la agrupación gala. Esta conexión fue la que permitió identificar al Jessie cuando llegó a Tenerife procedente de Martinica.
Una segunda organización criminal en la Costa del Sol, principalmente compuesta por ciudadanos de Europa del Este y que nombran en las conversaciones interceptadas como los ‘marbellíes’, contacta a Andrey K. y Vitali M. para contratar su infraestructura marítima para el transporte de hachís. En 2022, año en el que ECO Canarias asume la investigación tras la disolución de OCON-Sur, surgen discrepancias entre los marbellíes y los encargados de los barcos, lo que paraliza sus planes.
Un agente de la Guardia Civil observa el velero Magallanes tras el incendio, en aguas próximas a Canarias. / LP/DLP
Meses después, los investigadores descubren un segundo barco en Barcelona, el Magallanes, que fue posicionado en La Línea de la Concepción (Cádiz) para partir hasta la costa de Marruecos, donde cargaría hachís para transportarlo a Brasil. A través de las comunicaciones intervenidas, los investigadores descubrieron que se cargaron unos 50 bolsos negros, lo que equivale a unos 1.500 kilos de droga, aproximadamente.
Cuando el Magallanes surcaba aguas próximas al Archipiélago, la Guardia Civil realizó un asalto al navío. La tripulación, al ver aproximarse a los efectivos de la autoridad, prendió fuego al velero antes de que los agentes pudieran acceder a la carga, hundiéndose en el Atlántico sin poder recuperar la droga. Al no haber pruebas materiales de los estupefacientes, los tripulantes detenidos fueron puestos en libertad en Las Palmas de Gran Canaria tras pasar a disposición judicial, y los jefes de la organización los trasladaron a Tenerife a espera de nuevas órdenes.
Agentes de la Guardia Civil se aproximan al velero Magallanes, en aguas próximas a Canarias. / LP/DLP
La operación clave en la que falleció Vitali M. y se detuvo a Andrey K. junto al resto de tripulantes ocurrió en aguas próximas a las Islas Baleares. Ante los problemas mecánicos del Jessie y la destrucción del Magallanes, la organización activó su tercer velero, el Liberta, situado en Valencia. Tras múltiples reuniones de los grupos criminales en Madrid y Alicante, el Libertas zarpa de Valencia con Andrey K. y Vitali M. a bordo, junto a seis tripulantes y un enviado árabe de los dueños de la droga, Iman B., encargado de vigilar la operación, rol conocido como ‘notario’ en la jerga delictiva.
Tras cargar los estupefacientes en las costas de Marruecos y Argelia, emprende rumbo al Mediterráneo central, donde es interceptado por la Guardia Civil. En el momento del asalto, Iman B. trata de prender fuego al navío lanzando una bengala, pero es insuficiente. Tras ello, lanza un bidón de gasolina que genera una explosión en la que resultaron afectados varios de los tripulantes, entre ellos Vitali M., quien recibió quemaduras en el 95% de su cuerpo y, finalmente, falleció a causa de las heridas. El resto de implicados fueron detenidos por la Guardia Civil.
