El PP y Vox han pactado varias enmiendas a la ley de Medidas Fiscales del Consell, más conocida como ley de Acompañamiento, con las que prohíben el acceso a ayudas sociales a personas «en situación administrativa irregular», endurecen el acceso de personas migrantes a la Renta Valenciana de Inclusión y prohíben el uso del niqab y el burka a los empleados públicos de la Generalitat, entre otras. Todas ellas son propuestas de los de Santiago Abascal, que de nuevo imponen su criterio al PP de Juanfran Pérez Llorca. Ambos partidos han registrado este viernes en las Corts esos acuerdos, sellados a través de varias enmiendas transaccionales y de aproximación a las que ha tenido acceso Levante-EMV.
La prioridad nacional de Vox había entrado hasta ahora en los Presupuestos, pero estos pactos ramifican ese principio a varias leyes autonómicas, convirtiéndolo en vinculante. El PP transige y además de incluirla en los Servicios Sociales, donde se plasma como eje central de la asignación de ayudas, acata la exigencia de Vox de vetar el acceso a estas ayudas a personas en situación irregular. Así, acuerdan «la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico».
Según establece, también se «contemplará el establecimiento de un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación al territorio» y «vinculará» el acceso a las ayudas a la «trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema».
Otra de las más relevantes es la que introduce cambios en la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), donde además de incluir expresamente el principio de «prioridad nacional», empiezan a aterrizar los efectos del mismo. Así, el PP acepta las peticiones de Vox y accede a modificar el tiempo mínimo de residencia que debe acumular una persona para poder solicitar la ayuda, endureciendolo de forma ostensible.
En concreto, para considerar que una persona cumple con el requisito de «residencia habitual», la ley valenciana exigirá que «conste el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana» o bien durante tres años «de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud» o bien «diez años dentro de los treinta inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpida». La diferencia es sustancial respecto a los plazos exigidos hasta el momento: 15 meses de empadronamiento continuado o cinco años en caso de que la residencia haya sido interrumpida.
El PP y Vox también acuerdan introducir una disposición final a la ley que regula la RVI en la que se fija que el Consell «aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspiradas en el principio de prioridad nacional». Con esto, será «prioritaria» la asignación de recursos «a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la C. Valenciana».
Asimismo, Vox también logra imponer otra de sus exigencias: la prohibición del niqab y del burka en la Función Pública. Ambos partidos han pactado una enmienda que obliga a los trabajadores públicos a «mantener el rostro sustancialmente descubierto durante la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro» para «garantizar el derecho de la ciudadanía a su plena identificación visual».
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