El exministro de Defensa, Federico Trillo, ha asegurado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE que en el rescate de la aerolínea Plus Ultra existe un «delito de cohecho», incluso si el procedimiento de concesión de la ayuda hubiera sido regular. Trillo ha explicado que el cohecho impropio se produce cuando hay una comisión ilegal, aunque el acto administrativo sea formalmente correcto, y ha reiterado que, en este caso, «lo que sí hay, ya se pueden poner haciendo el pino, es un delito de cohecho«.
La cadena de responsabilidad en el rescate
Trillo ha señalado directamente a la cúpula del Gobierno, apuntando a una clara cadena de responsabilidad que, a su juicio, se inicia en el Ministerio de Hacienda y la SEPI, y alcanza a la Presidencia del Gobierno. Ha destacado que el entonces ministro de Seguridad Social se saltó el requisito de que la empresa estuviera al corriente de sus cuotas, una condición indispensable para recibir cualquier ayuda pública.
Según el exministro, la propuesta de ayuda no partió del Ministerio de Transportes, a pesar de ser una aerolínea, sino que fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien la elevó al Consejo de Ministros. Sostiene que el expresidente José Luis Ábalos se desmarcó de forma deliberada y que fue el presidente Pedro Sánchez “quien la convalidó, porque obviamente el presidente sí estaba enterado de las acciones de Zapatero”.
El secreto del Consejo de Ministros, a examen
A preguntas del comunicador José Luis Pérez, Trillo ha explicado que, a diferencia de un consejo de administración, la responsabilidad penal del Consejo de Ministros no es colectiva, sino personal. Por ello, se debe depurar “1 a 1” quiénes de los miembros del Ejecutivo tenían “conocimiento y voluntad” de estar cometiendo una irregularidad.
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El exministro ha sido tajante sobre el secreto de las actas del Consejo de Ministros. Ha afirmado con rotundidad que, aunque son legalmente secretas, un juez puede y debe solicitar que se levante dicho secreto porque, en sus propias palabras, “la ley no puede amparar delitos ni delincuentes”.
Además, ha recordado que la UDEF ha dejado constancia de que las carpetas de las reuniones de la SEPI sobre Plus Ultra y Duro Felguera están vacías. Si las actas no existen, según Trillo, se habría cometido “una destrucción de documentos públicos, que es otro delito”.
Zapatero, «acorralado» ante la justicia
Sobre la instrucción del juez Calama en la Audiencia Nacional, Trillo ha calificado su trabajo de “impecable”. Considera que el magistrado avanza “paso a paso” para acumular la mayor cantidad de pruebas posible antes de que el caso, por la implicación de aforados, deba elevarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Respecto a la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, Trillo cree que está acorralado tras la confesión del comisionista, que actúa como un “pentito” de la mafia. Ha recordado la frase atribuida al expresidente, “estoy muerto”, como un reconocimiento de su incapacidad para argumentar una defensa.
Finalmente, ante la próxima entrevista de Zapatero en televisión, el exministro ha vaticinado que seguirá la “línea estratégica del gobierno” de atacar a la justicia y presentarse como víctima de ‘lawfare’. Una estrategia que ha calificado de “inconcebible” para alguien que debe convencer a un juez de su inocencia.
