El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha comparecido este martes en las Cortes para desgranar las líneas maestras de su departamento para la legislatura. El plan, que se articula sobre el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y VOX, contempla más de un centenar de medidas centradas en cinco grandes objetivos: el impulso a las empresas, la creación de empleo, la cohesión territorial, una gestión eficiente de los recursos y, como eje central, la consolidación de una política fiscal de impuestos bajos.
Carriedo ha destacado que la economía de Castilla y León ha continuado su fase expansiva, encadenando cinco años de crecimiento y alcanzando en 2025 un PIB superior a los 75.000 millones de euros, «su valor más alto de la historia». A pesar de un contexto global de incertidumbre, con elevados niveles de inflación y tensiones geopolíticas, la comunidad presenta datos positivos como un crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2026 del 2,9%, superando la media de España y la zona euro, y cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, con más de un millón de personas en junio.
Una política fiscal de impuestos bajos
El consejero ha reafirmado la apuesta del gobierno por una fiscalidad moderada como motor de crecimiento. «En los últimos años, en Castilla y León, bajando impuestos, hemos mantenido una línea de crecimiento de la actividad económica y del empleo, lo que ha generado mayor recaudación», ha afirmado. En este sentido, ha anunciado que van a «seguir demostrando que la economía puede crecer bajando impuestos».
Vamos a seguir demostrando que la economía puede crecer bajando impuestos»
Consejero de Economía y Hacienda
El plan fiscal incluye una reducción del primer tramo del IRPF de un punto porcentual al final de la legislatura. También se incrementarán las deducciones por nacimiento o adopción, alcanzando los 1.200 euros por el primer hijo, 1.700 por el segundo y 2.500 por el tercero. Además, se crea una nueva deducción del 30% por gastos en actividad deportiva y saludable, con un límite de 150 euros.
El medio rural es otro de los grandes beneficiados, con la aplicación de «impuestos cero» en la transmisión de la primera vivienda habitual, locales de negocio y explotaciones agrarias prioritarias, una medida que afectará al 97% de los municipios. Para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, se creará una cuenta ahorro vivienda joven con deducciones de hasta 1.500 euros anuales y se rebajarán los tipos en el impuesto sobre transmisiones.
Impulso a empresas y competitividad
El segundo pilar del programa se centra en dinamizar el tejido productivo. Se elaborará un nuevo Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial en diálogo con los agentes sociales. En el ámbito de la internacionalización, se lanzará un plan 2027-2031 para incrementar en un 20% el número de empresas exportadoras y reforzar la presencia en 25 mercados distintos.
Se prestará especial atención a sectores estratégicos como la automoción, con un plan hasta 2030 para reforzar la cadena de suministro y la transición digital. También se potenciará el sector de la seguridad y la defensa, y se creará el Hub de la Construcción Industrializada. Para atraer proyectos, se desarrollarán 2.600 hectáreas más de suelo industrial de calidad y se impulsará una marca de Castilla y León para la captación de inversiones.
La innovación será clave, con una nueva Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Digitalización y una estrategia de emprendimiento que contempla completar un mapa con 10 aceleradoras verticales en red, una por provincia como mínimo. Además, se pondrá en marcha la Ley de Mercado Abierto para que cualquier operador establecido en España pueda ejercer su actividad en la comunidad sin nuevos requisitos.
Defensa de una financiación justa
Carriedo ha dedicado una parte importante de su intervención a la financiación autonómica, cuyo modelo actual considera caducado desde 2014. Ha mostrado su rechazo frontal a cualquier negociación bilateral entre el Gobierno de España y alguna comunidad. «Nos opondremos a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos de 1º y de 2º categoría, porque supondría la quiebra del derecho de todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a los servicios públicos fundamentales», ha sentenciado.
El consejero ha exigido que la negociación del nuevo sistema sea multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que se parta de cero, retirando la propuesta actual. La posición de Castilla y León, ha recordado, es que el nuevo modelo debe cubrir el coste real de la prestación de servicios, atendiendo a variables como la demografía y la dispersión territorial, tal y como contempla el Estatuto de Autonomía de la comunidad.
