La polémica ha vuelto a estallar en torno al debate de las bajas laborales y el absentismo laboral, esta vez de la mano de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que las llegó a calificar de «cáncer», en un mensaje que luego tuvo que ser matizado por el partido. Sin embargo, el debate lleva años encima de la mesa.
La ministra de Seguridad, Elma Sainz, anunció a principios de esta legislatura una propuesta para elaborar bajas «flexibles» y anunció la apertura de una mesa de diálogo social que el Gobierno mantiene abierta desde hace dos años con los sindicatos y la patronal para abordar el fuerte crecimiento de las bajas laborales en la ultima década. Una mesa que sigue estancada, en un contexto en el que las tres partes difieren en las soluciones que hay que dar al problema.
Mucho antes de que el líder de la oposición espolease el debate sobre el coste cada vez mayor que las bajas tienen para las arcas públicas y las empresas, Gobierno y agentes sociales ya eran conscientes de la necesidad de abordar un incremento que parece no tener tope. El último informe de la Airef, del pasado febrero, alertó de que las bajas aumentaron un 60% entre 2017 y 2024.
En el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de mayo de 2023, patronal y sindicatos ya recogían su preocupación por los indicadores de incapacidad temporal por contingencias comunes (enfermedad y accidente no laboral) e instaban a reducirlos. Abogaban por aprovechar los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para mejorar los tiempos de espera en el sistema de salud público.
Este ha sido el único asunto legislado por el Gobierno, que incluyó en un desarrollo de la reforma de pensiones la gestión por parte de las mutuas de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico, que son la causa de la mitad de las bajas médicas.
Un año y medio después solo cinco comunidades autónomas (Baleares, Cataluña, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha) han firmado convenios de colaboración de sus servicios de salud con las mutuas y apenas se han girado peticiones de pruebas a estas entidades.
De la autobaja a la baja flexible o alta progresiva
A principios de 2024 la ministra de Sanidad, Mónica García, planteó la posibilidad de que los trabajadores con enfermedad leve pudieran darse de baja mediante una declaración responsable durante tres días.
La propuesta de ‘autobaja’ de la ministra de Sumar, que no tenía el respaldo ni del propio Gobierno de coalición, pretendía reducir la sobrecarga de los centros de atención primaria durante los tres días no pagados de baja, puesto que la prestación se inicia a partir del cuarto (salvo mejora por convenio).
Después fue la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, la que llevó a la mesa de diálogo social el planteamiento de una baja ‘flexible’, que luego denominó ‘alta progresiva’, para permitir un retorno gradual al trabajo tras bajas prolongadas, como es el caso de los procesos oncológicos.
El informe de la Airef
Desde entonces no ha habido avances, salvo el encargo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de un informe sobre el gasto en incapacidad temporal, publicado en febrero, en el que se concluye que una cuarta parte de las personas de baja acumulan más de la mitad de los procesos.
Ante esta situación, la AIReF propuso la actuación temprana del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para evitar la prolongación de algunos procesos, en los que el INSS no interviene hasta que cumplen un año de duración.
Tras el informe de la AIReF, la Seguridad Social anunció la activación del observatorio estatal de la incapacidad temporal que estaba pendiente desde diciembre de 2024 y del que tampoco se han conocido nuevos pasos.
Diferencias entre patronal y sindicatos
La patronal, que también demanda la contratación de más médicos y mejor pagados, ha reclamado que la Seguridad Social asuma el pago de prestaciones y cotizaciones de los trabajadores durante el día 4 y 15 las bajas, que ahora pagan las empresas, y que se exonere a los empresarios de cotizar por los contratos temporales de sustitución.
También ha abogado por limitar o ligar al nivel de absentismo el complemento que en muchos convenios mejora la prestación por incapacidad temporal (IT), a veces hasta el 100 % del salario, una idea que comparte el PP, que también ha defendido la persecución del fraude en las bajas.
Los sindicatos rechazan que la solución pase por penalizar a los trabajadores y señalan que los complementos de IT en convenio existen desde hace décadas e incluso se han restringido en algunos casos.
En un reciente informe, UGT plantea cambiar la organización del trabajo (reducción de jornada, flexibilidad horaria, eliminación de horas extra, más teletrabajo) y reorientar la prevención de riesgos.
En el ámbito sanitario, CCOO ha propuesto que las mutuas atiendan a todos los trabajadores con patologías musculoesqueléticas bajo la presunción de accidente laboral o enfermedad derivada del trabajo.
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